No encontraron pruebas tras querellas.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concurrió con la recomendación del Departamento de Justicia (DJ) de no designar un fiscal contra Miguel A. Romero Lugo, tras alegaciones de que mientras ocupaba el cargo de senador por San Juan, mantenía en nómina a empleados fantasma.

Mediante declaraciones escritas, esa dependencia pública expuso que la investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia no encontró causa suficiente para creer que el ahora alcalde de San Juan, hubiese incurrido en conducta delictiva en los procesos de reclutamiento y pago del personal de su oficina, entre otros asuntos.

La querella que activó el proceso investigativo fue presentada por Ia Sra. Raquel Evin Vélez Molina, quien fuera empleada del entonces senador en la Comisión de Gobierno y Asuntos Electorales. Según la pesquisa preliminar de Justicia, Romero Lugo prescindió de los servicios de Vélez Molina cuando por decisión del Presidente Senatorial, dejó de presidir la referida comisión.

Entonces, la funcionaria radicó la querella. Sin embargo, el FEI indica que "luego de entrevistar a múltiples testigos y recopilar evidencia documental, no surgió prueba que sustentara Ia alegada acción delictiva".

“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEl. Más bien, la querella se centró en conjeturas y opiniones no confirmadas", finalizó el FEI en declaraciones escritas.