Una de las arrestadas era propietaria de un hogar de envejecientes y utilizó varios adultos mayores fallecidos para seguir recibiendo dinero.

El pasado 29 de septiembre de 2022, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió siete acusaciones separadas contra siete personas por cargos de fraude al Seguro Social, trascendió el miércoles.

La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el FBI y el Negociado de la Policía de Puerto Rico están investigando los casos.

“Los siete acusados ​​arrestados ayer robaron miles de dólares en beneficios del Seguro Social que no les pertenecían, le robaron al gobierno, a las víctimas e incluso a las víctimas que habían fallecido. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de llevar ante la justicia a personas sin escrúpulos que ilegalmente buscan ganancias financieras personales”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico en declaraciones escritas.

“Estos arrestos representan nuestro compromiso de responsabilizar a las personas por defraudar a los programas del Seguro Social. Como lo demuestra la pérdida por fraude de más de un millón de dólares en estos casos colectivos, nuestros esfuerzos de colaboración ayudan a proteger los fondos de los contribuyentes y preservar programas muy necesarios”, dijo Gail Ennis, Inspectora General de la Administración del Seguro Social.

“Agradezco al FBI, a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y al Departamento de Policía de Puerto Rico por su ayuda. También aprecio el alto nivel de apoyo que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos nos ha mostrado en la búsqueda del enjuiciamiento de aquellos que cometen fraude al Seguro Social y agradezco a la Fiscal Federal Auxiliar Especial Vanessa Bonano por su destacada labor”, añadió.

Los acusados ​​y los cargos son:

Sonia Vargas Rodríguez

Era propietaria y representante de Hogar Sendero de Amor, Inc. (HSA), un centro de atención para personas mayores ubicado en Mayagüez. Ella tenía S. R. y R.F bajo su cuidado. Ambos fallecieron en 2013 y 2014 respectivamente, y el acusado no informó de su muerte a la SSA y siguió cobrando sus cheques del Seguro Social. Además, el Departamento de la Familia de Puerto Rico cerró HSA en junio de 2014 debido a reclamos de negligencia y abuso.

Cargos uno y dos: fraude electrónico. El demandado envió transmisiones electrónicas de Informes de Representante del Beneficiario fraudulentos a la SSA para S.R. y RF

Cargo tres: Robo de propiedad del gobierno. El acusado recibió 114,590.40 dólares ilegalmente de la SSA.

Yahaita Cruz Cintrón

Cargo uno: Robo de propiedad del gobierno. El acusado recibió $196,772.75 de la SSA ilegalmente.

Cargo dos: declaración falsa. El demandado proporcionó declaraciones falsas a la SSA en un Informe de actividad laboral; dijo que trabajó en los Estados Unidos continentales durante ocho años cuando la realidad era que no trabajaba.

Cargo tres: fraude en la atención médica. El demandado recibió ilegalmente 164,694.03 dólares en pagos de Medicare.

Norberto Berríos Rodríguez

Cargo uno: Robo de propiedad del gobierno. El acusado recibió 129,346.30 dólares de la SSA ilegalmente.

Cargo dos: declaración falsa. El acusado proporcionó declaraciones falsas a la SSA en un Informe de actividad laboral. Indicó que comenzó a trabajar en agosto de 2021 pero, en realidad, trabajaba desde antes de esa fecha.

Cargo tres: Ocultamiento o falta de divulgación del evento a la SSA. El acusado no reveló que estaba trabajando y continuó recibiendo los beneficios de la SSA.

Cargo cuatro: fraude en la atención médica. El demandado recibió ilegalmente $33,608.00 en pagos de Medicare.

Pedro Medina Medina

Cargo uno: Robo de propiedad del gobierno. El acusado recibió 159,254.40 dólares de la SSA ilegalmente.

Cargo dos: declaración falsa. El acusado proporcionó declaraciones falsas a la SSA en un Informe de actividad laboral. Afirmó que solo trabajó a tiempo parcial durante los años 2015 a 2017 sabiendo que trabajaba a tiempo completo desde 2009.

Cargo tres: Ocultamiento o falta de divulgación del evento a la SSA. El acusado no reveló que estaba trabajando y continuó recibiendo los beneficios de la SSA.

Cargo cuatro: fraude en la atención médica. El demandado recibió ilegalmente 22,673.14 dólares en pagos de Medicare.

Luis Soto Torres

Cargo uno: Robo de propiedad del gobierno. El acusado a sabiendas y deliberadamente malversó, robó, hurtó y convirtió para su propio uso 122,483.90 dólares de la SSA, cuyos pagos se hicieron pagaderos a M.S.C. y el acusado sabía que no tenía derecho a recibir.

Marialices Cora Martínez

Cargo uno: Robo de propiedad del gobierno. La acusada desfalcó, robó, hurtó y convirtió para su propio uso, a sabiendas y deliberadamente, $59,079.30 de la SSA, cuyos pagos se hicieron pagaderos a L.L.M. y la acusada sabía que no tenía derecho a recibir.

Janice Rodríguez Méndez

Cargo uno: Robo de propiedad del gobierno. La acusada, a sabiendas y deliberadamente, malversó, robó, sustrajo y convirtió para su propio uso 18,784 dólares de la SSA, cuyos pagos se hicieron pagaderos a A.R.L. y la acusada sabía que no tenía derecho.

Si es condenado, los acusados enfrentan las siguientes penas máximas: 10 años de prisión por Robo de Propiedad del Gobierno y Fraude en la Atención Médica; 5 años de prisión por declaraciones falsas y encubrimiento o falta de divulgación del evento a la SSA; y 20 años de prisión por fraude electrónico. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Durante el año fiscal 2022, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos procesó por fraude al Seguro Social un total de ocho casos adicionales a través de Información, seis de los cuales han sido sentenciados, por una pérdida total de 529,334.80 dólares.

La fiscal federal auxiliar especial Vanessa Bonano Rodríguez está procesando estos casos.

Una acusación es simplemente una acusación, y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.