Catalogan como ''lamentable y aislada'' convicción de dentista por fraude al Medicaid
El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico dijo no apoyar las prácticas que llevaron al Dr. Dennis Cabán del Pilar a declarase culpable.
La presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR), doctora Arminda Rivera Mora catalogó como una situación ''lamentable y aislada'' el alegato de culpabilidad del doctor Dennis Cabán del Pilar en un caso relacionado a fraude con el programa Medicaid.
En un comunidad de prensa, la líder del CCDPR lamentó que dicha situación opaque los esfuerzos que realiza la agrupación para mejorar el acceso a la salud oral de las personas.
“Esta situación es una lamentable y aislada, un asunto de carácter personal que ya fue adjudicado por las agencias concernidas. La Junta Dental Examinadora (JDE) es la entidad en ley que emite y revoca licencias, por lo que le toca a esta entidad tomar las medidas que correspondan. Según declaraciones públicas del doctor Miguel Alvarado, presidente de la JDE, se le estará revocando la licencia al dentista”, expuso la doctora Rivera Mora en declaraciones escritas.
“De ninguna manera apoyamos o promovemos estas prácticas, ya que nuestro norte es brindar servicios de salud oral de calidad en el marco de la ley, como ha sido la norma durante los pasados 81 años de existencia de nuestro Colegio. Es desafortunado que, durante la celebración del Mes de la Salud Oral” tengamos que dirigir nuestra atención a esta situación cuando todas nuestras energías están dedicadas a mejorar las condiciones de acceso a la salud oral de los pacientes. En el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, continuamos trabajando para que el acceso a la salud oral no esté limitado por terceros ni se bajen los estándares con los que se brindan los servicios dentales a nuestra gente”, finalizó.
El dentista, Dennis Cabán del Pilar y su asistente administrativa, Nayca Vargas Mondesi, se declararon culpables este martes y fueron sentenciados por la jueza Ana Paulina Cruz Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por un esquema de fraude al Programa de Medicaid, mediante el cual incurrieron en violaciones al Código Penal y a la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico.
La investigación, liderada por el Departamento de Justicia a través de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico (MFCU), apuntó a que el doctor Cabán del Pilar y Vargas Mondesi sometieron reclamaciones fraudulentas para obtener pagos bajo el Programa de Medicaid. Ambos convictos certificaron servicios brindados a personas de edad avanzada en hogares de cuidado de larga duración, menores de edad, pacientes y personas ya fallecidas, con conocimiento de que estos no fueron brindados o fueron brindados por asistentes dentales no autorizados. De igual modo, facturaron por servicios brindados mientras el doctor Cabán no se encontraba en Puerto Rico.
Como parte de un acuerdo con el Ministerio Público, “ambos fueron sentenciados a tres años, a ser cumplidos en probatoria, y tuvieron que restituir la cantidad de 58,998.96 dólares, incluyendo multas y penalidades”, explicó el director de MCFU, Luis Freire Borges. “De igual modo, el doctor Cabán se expone a una exclusión de participación en Programas Federales por un término mínimo de 5 años”, añadió.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Janice Maymí Camacho y el agente Héctor López Sánchez de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia. De igual modo, el proceso contó con la colaboración de agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de los Estados Unidos. La misma surgió de un referido realizado por Delta Dental de Puerto Rico/Molina Health Care, al MFCU.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención que totaliza 1,246,103 dólares para el año fiscal 2021-2022; el restante 25 por ciento es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.