En una carta dirigida al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, el presidente del gremio, Emilio Nieves Torres, pidió la cancelación del contrato con el consorcio.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves Torres, solicitó al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, la cancelación del contrato de LUMA al afirmar que “el pueblo ha llegado a la conclusión de que LUMA es peor que lo que teníamos”.

Según expresó en el comunicado, el consorcio no ha cumplido con las expectativas que anunció y los efectos de este contrato se reflejan en los aumentos en tarifas, apagones, explosiones, enseres eléctricos dañados por los bajones de energía, pérdida de alimentos refrigerados, agravar la salud de los enfermos que dependen de equipo eléctrico para sus tratamientos, falta de celadores y otro personal de experiencia, entre otras situaciones.

La misiva añade que las “comunidades, comerciantes, empresarios, alcaldes y otros sectores del pueblo continúan denunciando las deficiencias de LUMA en la transmisión y distribución de energía eléctrica. La conclusión del pueblo, que se reafirma todos los días, es que LUMA es peor que lo que teníamos''.

''Es urgente que el gobierno retome la transmisión y distribución de energía eléctrica con una gobernanza despolitizada en la AEE y dar paso a una agenda de transformación en la cual los fondos públicos (estatales y federales) se utilicen para implantar con urgencia la política pública de uso de fuentes de energía renovable para reducir la tarifa de energía eléctrica”, sostuvo.

Nieves Torres exhortó al pueblo a “manifestarse contra LUMA, exigiendo la cancelación del contrato y la reducción de la tarifa de energía eléctrica. El 20 de julio se abre el espacio para que todo Puerto Rico reclame que la reestructuración de la deuda de la AEE incluya un recorte significativo de la deuda que evite más aumentos en las tarifas de energía eléctrica en los próximos 30 años y descarte el recorte a las pensiones presentes y futuras de los trabajadores. Son reclamos de justicia social que requieren atención urgente.”

Las organizaciones de la CPT incluyeron en la carta otros temas relacionados con la implantación de la Ley 80 que concede un retiro incentivado a más de 10,000 trabajadores, dado que el compromiso programático del gobernador es una pensión justa de al menos 50% del salario del empleado público retirado. Además, reclaman que se investigue la administración de fondos de los empleados públicos acogidos al Plan de Retiro 106 y la alegada pérdida de miles de dólares en sus cuentas individuales de retiro causado por las inversiones que realiza la compañía Alight Solutions.

“Estos reclamos son urgentes y requieren de respuesta inmediata por parte del Gobernador,” concluyó el líder sindical en la comunicación dirigida al primer mandatario.