Además vetó ocho medidas.

Además de vetar hoy ocho medidas, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi Urrutia, firmó un paquete de 21 medidas de la Cámara de Representantes.

Entre las piezas legislativas firmadas está la Resolución Conjunta de la Cámara 60 que ordena al Programa de Empresas de Adiestramiento, Trabajo y Cooperativas (PEAT), adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a desarrollar con la materia prima de neumáticos desechados, productos de uso residencial, institucional e industrial.

Por otra parte, gobernador también convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1251 que realiza enmiendas técnicas a la Regla 611 de las Reglas de Evidencia sobre la no admisión de pruebas intrínsecas sobre una declaración de un testigo que resulte incongruente con cualquier parte de su testimonio durante un proceso judicial o vista. Esta pieza legislativa fue endosada por todos los legisladores, el Departamento de Justicia, la Sociedad para la Asistencia Legal y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

En torno a la nueva Ley del Colegio Notarial de Puerto Rico, consignada en el Proyecto de la Cámara 1050, la misma fue promovida y endosada por el actual Colegio de Notarios, así como por el Departamento de Justicia. Esta ley, que entra en vigor inmediatamente, constituye al Colegio Notarial de Puerto Rico, como una corporación cuasi-pública con capacidad jurídica que agrupará de manera voluntaria a los profesionales del Derecho admitidos a ejercer como notarios por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Otra medida que fue endosada de manera unánime y firmada por el gobernador es el Proyecto de la Cámara 741 que enmienda la Ley del DSP para autorizar a los integrantes del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD) de la Academia de Búsqueda y Rescate a utilizar una placa para identificarse.

También, se convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 582 que enmienda la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica a los fines de incluir la amenaza de maltrato o maltrato de mascotas dentro de las conductas que se definen como intimidación y violencia psicológica.

Pierluisi también avaló el Proyecto de la Cámara 842 que crea la nueva Ley de la Junta Examinadora de Maestros y Oficiales Plomeros de Puerto Rico y dio paso a dos proyectos camerales que enmiendan la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. El primero es el Proyecto de la Cámara 344 que elimina el requisito para que la solicitud de renovación de rótulos removibles para estacionar en áreas restringidas sea expedida por un médico especialista. Mientras, que con el Proyecto de la Cámara 411 se incluye un renglón que especifique el Seguro de Responsabilidad Obligatorio seleccionado por los asegurados al momento de inscribir o renovar el permiso de vehículos de motor o arrastres.

De igual forma, con la Resolución Conjunta de la Cámara 116 se ordena y autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a que en un máximo de 30 días enmiende el Reglamento de Inspección de Vehículos de Motor, la Certificación de Estaciones Oficiales y Personal para que las inspecciones puedan ser realizadas por técnicos autorizados certificados.

Otra medida firmada por Pierluisi es el Proyecto de la Cámara 410 que decreta la última semana del mes de enero como la “Semana de la Prevención del Consumo de Sustancias controladas en los Menores de Edad”. Por otra parte, al firmar el Proyecto de la Cámara 991, el primer mandatario avaló que se incluya y reconozca al expelotero de Grandes Ligas, Roberto Clemente Walker, en el Día de las Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico.

Asimismo, el gobernador firmó varias medidas relacionadas a los municipios, entre estas la Resolución Conjunta de la Cámara 285 que reasigna al municipio de Utuado $291,027.77 para realizar diversas obras y mejoras permanentes en el Barrio Viví Arriba y para transferir a la Corporación de Servicios de Salud primaria y Desarrollo Socioeconómico El OTOAO $50 mil para la construcción de una Sala de Urgencias en la Clínica de Salud Primaria Comunitaria del barrio Mameyes. Los fondos reasignados podrán ser pareados con otras aportaciones locales, federales y municipales.

Al darle paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 150, el gobernador autorizó que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evalúe la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico de las facilidades de la antigua Escuela Elemental Secundino Díaz al municipio de Toa Alta con el fin de que se instituyan diversos programas de servicios comunitarios y actividades recreativas. Esta pieza legislativa, que fue respaldada por CEDBI y el Departamento de Educación (DE), es el resultado de una visita reciente de Pierluisi a Toa Alta en la que estuvo acompañado del autor de esta, el representante Er Yazzer Morales Díaz.

Asimismo, la Resolución Conjunta de la Cámara 203 ordena al CEDBI que se evalúe la transferencia al municipio de Coamo las instalaciones de la Escuela Segunda Unidad Enrique Colón ubicada en el Barrio Hayales con el objetivo de que en los predios de esta se establezca un cuartel de la Policía.

La Escuela Elemental Nueva del municipio de Hormigueros llevará el nombre de Efrén Rodríguez Toro tal y como se dispone en la Resolución Conjunta de la Cámara 264, mientras que el edificio JLM Curry en Cabo Rojo llevará el nombre de la artesana María Cívico según establecido en la Resolución Conjunta de la Cámara 293. Con referencia a la Resolución Conjunta de la Cámara 296, la cancha de baloncesto de la Escuela Carmen Benítez de Las Piedras, la misma llevará el nombre de Ángel Rodríguez Reinosa.

El gobernador también firmó los Proyectos de la Cámara 1027 y 1126. El primero es para demarcar la extensión de la Avenida Boulevard de Levittown en Toa Baja como “Zona de Turismo Gastronómico” y ordena a la Compañía de Turismo a desarrollar planes de mercadeo y promoción a esos fines. Mientras, que con el Proyecto de la Cámara 1126, se declara patrimonio cultural-nacional la celebración de la Tradicional Fiesta de Reyes Juanadina.

Precisamente en temas de cultura, Pierluisi firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 216 que ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y al Archivo General de Puerto Rico, en coordinación con el municipio de San Germán, identificar los sistemas y recursos necesarios para la digitalización del Archivo Histórico municipal.

También, fue firmado el Proyecto de la Cámara 848 que determina que, en cualquier situación, en la que se requiera la presentación en el Registro de la Propiedad de la copia de la sentencia o documento emitido por los tribunales, será suficiente el que se obtiene a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos del Poder Judicial (SUMAC).

En comunicaciones dirigidas a los presidentes legislativos el gobernador expresó las razones para vetar el Proyecto de la Cámara 985, la Resolución Conjunta de la Cámara 39, la Resolución Conjunta de la Cámara 323, el Proyecto de la Cámara 6, el Proyecto de la Cámara 774, el Proyecto de la Cámara 775, el Proyecto de la Cámara 1383 yel Proyecto de la Cámara 1133.

En la primera medida, cuyo fin era incluir al Dr. Gilberto Concepción de Gracia en la lista próceres de Puerto Rico, el gobernador explicó que el trámite legislativo no observó el debido rigor porque equivaldría a cancelar otro proyecto de ley firmado para incluir a Roberto Clemente Walker en la misma lista de las Mujeres y Hombres Próceres de Puerto Rico. En torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 39, Pierluisi explicó que la intención de la medida fue atendida por el DCR mediante Protocolos de respuesta y de atención al coronavirus, el Reglamento de Emergencia para Establecer el Traslado de Miembros de la Población Correccional a Procesos Judiciales durante la Emergencia de la Pandemia del COVID-19, así como otros planes de contingencia relacionados a empleados, funcionarios, contratistas y visitantes del DCR.

Con relación a la Resolución Conjunta de la Cámara 323 a través de la cual se pretendía que el Departamento de Educación (DE) comprara sistemas de ventilación y de desinfección contra el COVID-19, el gobernador explicó que la compra de estos materiales es un asunto administrativo de la agencia y no de la Asamblea Legislativa.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 6, el gobernador señaló que la medida es inconstitucional y parte de premisas incorrectas. Igualmente, sostiene que adolece de defectos porque la mayoría de los documentos ya están publicados en las páginas de Internet de AAFAF, OGP y del Departamento de Hacienda.

En torno al Proyecto de la Cámara 774, la comunicación a los presidentes legislativos sostiene que la medida es contraria a la política pública vigente, plasmada en la Ley 17-2019 de Política Pública Energética de Puerto Rico y en la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Por lo tanto, es incompatible con la transformación del sistema eléctrico que el Gobierno realiza actualmente.

Mientras el Proyecto de la Cámara 775 resultaría contrario a varias leyes que procuran la transición a un sistema energético moderno, robusto y resiliente. Además, la eliminación de la inaplicabilidad de la disposición que provee para la preparación de un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia como antesala a un proyecto de alianza público- privada conllevaría la dilación de los procesos llevados a cabo para otorgar los contratos de alianza y transformar la AEE.

Sobre el Proyecto de la Cámara 1383 que establecería la Ley para la Reestructuración de la Deuda de la AEE y enmendaría otras, el gobernador recordó que la AEE atraviesa por un proceso de reestructuración bajo el Título III de la Ley PROMESA desde el 2017 y se encuentra en mediación bajo una orden del Tribunal con el fin de obtener un acuerdo que atienda todas las reclamaciones existentes en la agencia. Además, atrasaría el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE y aumentaría el riesgo de que se nombre un síndico judicial cuya función sería garantizar el pago de la totalidad de la deuda.

Por último, el Proyecto de la Cámara 1133 que definía el concepto de trabajadores sujetos a ingresos por propina, el gobernador alertó que la medida contiene errores que podría poner en desventajas a los empleados por propinas al asegurar un 50 por ciento del salario mínimo, pero no mantiene el estado de derecho actual que garantiza que los patronos paguen a estos empleados el salario mínimo estatal completo.