Presentaron una lista de reclamos al gobernador Pedro Pierluisi y a la Junta de Supervisión Fiscal.

La Central Puertorriqueña de Trabajadores (PT) junto a empleados públicos de diversas agencias y corporaciones públicas reclamaron al gobernador, Pedro Pierluisi, y a la Junta de Control Fiscal que "implanten de inmediato el retiro incentivado ofrecido a más de 10,000 empleados."

Según indicó Emilio Nieves Torres, presidente de la PT, desde agosto de 2020 se aprobó otorgar un retiro incentivado de 50% de su salario a miles de trabajadores y se ha dilatado su implantación debido a unos acuerdos que están discutiendo el gobierno y la Junta desde diciembre de 2021. Esto ha generado incertidumbre, angustia y desesperación en los trabajadores que contaban con ese retiro incentivado de la Ley 80, sostuvo.

"Aunque la Ley 80 fue impugnada por la Junta de Control Fiscal, se evitó el litigio en el Tribunal dando paso a un acuerdo ante la jueza Laura Taylor Swain de un plan alterno para implantar la Ley 80 y producir ahorros para el fisco. Los jefes de agencias y corporaciones públicas identificaron a los trabajadores elegibles, los cuales tenían que haber ingresado al sistema de retiro antes del 1ro de abril de 1990. Se trata de trabajadores que, en la mayoría de los casos, llevan más de 30 años en el servicio público y con un derecho a pensión conforme a la Ley 447 de 1951 (cuya pensión se redujo de 75% a 40% o menos) y a la Ley 1 de 1990 (con una pensión que se redujo de 75% a 29%)”, dijo Nieves Torres.

El líder de los trabajadores indicó que el próximo 14 de julio de 2022 es la fecha límite para el acuerdo entre la Junta y el Gobierno.

“Esto significa que ya cada agencia, corporación pública o municipio identificaron a los trabajadores que se les va a aplicar la Ley 80. Sin embargo, los jefes de agencia no han notificado cuántos trabajadores y quiénes son elegibles para acogerse al retiro incentivado. La única información que ha fluido, que pretenden utilizar como único criterio, es la clasificación de empleados esenciales y no esenciales”, destacó.

“En este caso la Ley 80 establece que las agencias se reservan el derecho de retener en su pesto a un empleado. Esta significa que, si un jefe de agencia determina que todos sus empleados son esenciales, ninguno se acogerá al retiro incentivado convirtiendo la Ley 80 en un engaño o en una herramienta subjetiva, en la cual podría colarse el criterio político partidista. El Gobierno no puede decir que la culpa de no incluir a todos los elegibles es de la Junta, porque el Gobierno es parte del engaño”, acotó.

Los reclamos de los trabajadores consisten en:

-Cada jefe de agencia o corporación pública informe ya cuántos empleados de los elegibles identificaron ya como no esenciales.

-Que cada jefe de agencia, la oficina de Gerencia y Presupuesto y el Gobernador expliquen con precisión los criterios para establecer qué es un empleado esencial y qué es un empleado no esencial.

-Que el gobernador Pedro Pierluisi, cumpla con su compromiso programático de otorgar a los empleados públicos una pensión de un mínimo de 50%.

-La Junta de Control Fiscal desista de su intención de anular la Ley 80 y de sabotear la justicia social que reclaman los trabajadores de un retiro digno.

“Advertimos al Gobierno y a la Junta que los trabajadores no vamos a tolerar engaños e incumplimientos Tengan la certeza de que llevaremos a cabo las acciones necesarias para evitar más atropellos a la clase trabajadora”, concluyó el líder sindical.