Las compañías aseguradoras impugnaron las cuatro leyes.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez le exigió el martes al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que resuelvan el estancamiento en que se encuentran varias leyes relacionadas al sistema de Salud.

“Estas leyes están paradas, no derogadas, esperando a que el gobierno y los organismos necesarios presenten la documentación para que entonces se puedan negociar nuevamente estas leyes para su implementación”, dijo Díaz Vélez en conferencia de prensa.

Díaz Vélez se refiere a las leyes 82 de 2019 para crear una estructura reguladora de los Administradores, Beneficios y Servicios de Farmacia en Puerto Rico. La Ley 138 de 2019 para enmendar el “Código de Seguros de Puerto Rico”, con el fin de establecer que las organizaciones de servicios de salud no podrán denegar la solicitud de un médico para convertirse en proveedor. La Ley 47 para la concesión de los decretos contributivos a los médicos de Puerto Rico para que tributen a una tasa fija de 4 por ciento. Ley 142 de 2020 para enmendar el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico y la Ley de Farmacias de Puerto Rico, a los fines de prohibir que el criterio del médico sea alterado por las aseguradoras, requerirle a las aseguradoras una cubierta inmediata temporera, para que el paciente no se quede desprovisto de sus medicamentos hasta que se resuelva su reclamación.

“Aquí se han hecho leyes sin presentarle la justificación a la Junta y es por eso que se ha parado todo esto. El Circuito de Apelaciones de Boston le da como un regaño a ambas partes (gobierno y a la Junta Fiscal), tú por un lado no hiciste lo que debiste hacer como gobierno y tú como Junta de Control Fiscal tampoco estás haciendo lo correcto porque van en deterioro de la salud. Lo que está pidiendo es que volvamos a la mesa a negociar esto”, dijo Díaz Vélez.

Según el doctor Díaz Vélez, las compañías aseguradoras impugnaron las cuatro leyes y presentaron su versión del impacto fiscal de las mismas, pero el gobierno de Puerto Rico, hasta el momento, no lo ha hecho. El requisito del tribunal es que se presente el impacto fiscal de las cuatro leyes detenidas.