''En la Isla está adecuadamente legislado'', opinó la presidenta Daisy Calcaño López.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico reiteró la política de la institución de respaldar el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar las decisiones relacionadas con la terminación de un embarazo, a tenor con la disposición de la Constitución de Puerto Rico que garantiza de forma expresa el derecho a la privacidad.

“El más alto foro judicial de Estado Unidos ha decidido en contra del derecho reconocido a las mujeres durante cinco décadas de tomar una decisión que es fundamental para sus vidas, para su salud física, mental y emocional, la de terminar un embarazo no deseado, dijo la lcda. Daisy Calcaño López, presidenta de la entidad, en declaraciones escritas.

Según indicó, al revocar los casos de Roe vs Wade y Planned Parenthood vs Casey, el Tribunal compuesto mayoritariamente por jueces ultraconservadores, nombrados los últimos por el expresidente Donald Trump, ha devuelto a los estados la autoridad para reglamentar el aborto al concluir, ''de forma equivocada y por razones ideológicas en nuestra opinión'', que no es un derecho protegido constitucionalmente.

''Conociendo la polarización política existente en Estados Unidos entre republicanos y demócratas podemos esperar que los conservadores se inmiscuyan en las terminaciones de embarazo, inclusive con una prohibición total de llevarlos a cabo'', agregó en su comunicado.

La presidenta del CAAPR aclaró que en Puerto Rico no debe ocurrir esa situación. Se refirió a que, contrario a lo que ocurre en la jurisdicción federal, la sección 8 de la Carta de Derechos de la Constitución protege expresamente contra ataques a la vida privada o familiar ''y nada puede ser más privado que tomar la decisión de llevar un embarazo a término o interrumpirlo''.

Dijo que la decisión del Tribunal Supremo no es un mandato para que los gobiernos de estados y territorios cambien sus legislaciones sobre tan importante asunto y que, por lo tanto, en esta ocasión la condición colonial de Puerto Rico no obliga a actuar de determinada manera.

“El aborto en la Isla está adecuadamente legislado y no existe ninguna crisis de salud, médica o social sobre el particular que justifique restringirlo, como se intenta con el P. del S. 693, aprobado recientemente en el Senado. Por tal razón, exhortamos al gobierno a no promover legislación que atente contra el derecho a la privacidad de las mujeres y personas gestantes”, recalcó Calcaño López. .

De otra parte, sostuvo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso Pueblo v. Duarte, se ha expresado a favor del derecho al aborto, en consideración al derecho a la intimidad consagrado en nuestra Constitución.

Sentenció que, a través de la Comisión de la Mujer María Dolores (Tati) Fernós López -Cepero, quien fue defensora por excelencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se mantendrán pendientes al tema y apoyando todos los esfuerzos organizativos ''para garantizar que las mujeres tengan un vida digna y sean la dueñas de sus cuerpos y de sus decisiones''.