Ramón Julbe Rosa se declaró culpable de 12 cargos, incluido fraude al seguro social, FEMA y la introducción de nuevos medicamentos no aprobados por la FDA.

El el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow informó el miércoles que la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Aida Delgado Colón sentenció a Ramón Julbe Rosa a 18 meses de prisión y se le ordenó restituir $270,941.98, luego de declararse culpable de 12 cargos, incluido el robo de propiedad del gobierno y la introducción de nuevos medicamentos no aprobados en los Estados Unidos.

Ramón Julbe Rosa defraudó a la Administración del Seguro Social y a Medicare al recibir pagos de Beneficios del Seguro de Discapacidad del Seguro Social mientras trabajaba.

También cometió fraude contra el Departamento de Asuntos de Veteranos por recibir de manera fraudulenta beneficios por desempleo y fraude en relación con los Beneficios por Desastre Mayor o Emergencia relacionados con el Huracán María. Además, solicitó un Préstamo por Desastre de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) al declarar falsamente que el 20 de septiembre de 2017 su residencia principal, dañada por el huracán María, estaba ubicada en Morovis, cuando no era su residencia principal. Como resultado, el demandado recibió de manera fraudulenta $50,000 dólares de la SBA.

Además, Julbe Rosa se declaró culpable de introducir nuevos medicamentos no aprobados en el comercio interestatal. El acusado estableció y operó el sitio web www.aceitedeguanabana.com a través del cual promovía y vendía varios productos destinados a tratamientos para condiciones médicas graves sin la aprobación de la FDA. Vendió al menos $341,242.26 en medicamentos nuevos no aprobados.

Según se indicó en el comunicado de prensa, se le ordenó a Julbe Rosa que hiciera la restitución de la siguiente manera: $57,552 para la Administración del Seguro Social; $118,943.94 para el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos; $47,002.10 para el Programa de Medicare y $47,443.94 para la Administración de Pequeñas Empresas; para un monto total de restitución de $270,941.98.

Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Seguro Social (SSA-OIG) con la colaboración de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Oficina de Investigaciones Criminales (FDA); Departamento de Seguridad Nacional, Oficina del Inspector General (DHS-OIG); Salud y Servicios Humanos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG); Departamento de Asuntos de Veteranos, Oficina del Inspector General (VA-OIG); y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

La fiscal federal auxiliar especial Vanessa Bonano de la Administración del Seguro Social estuvo a cargo de la acusación en el caso.