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Coalición Pro Vida y Familia pide cesen decretos de obligatoriedad sobre vacunas

Se unen a manifestación de hoy frente al Capitolio.

Una manifestación está convocada para hoy, lunes, frente al Capitolio.
Foto: Archivo/Luis López

La Coalición Provida y Familia anunció hoy su apoyo a la manifestación de pueblo “Pandemia de Amor” que se lleva a cabo hoy lunes, 21 de febrero en las escalinatas sur del Capitolio en contra de los decretos de obligatoriedad del gobierno en torno a la vacunación para atender el covid-19.

En comunicado de prensa, el grupo dijo que se han violado los derechos básicos de los ciudadanos y pidieron que el gobierno desista de esta práctica.

“Seguimos firmes en la solicitud hecha desde el pasado 31 de enero de 2022 ante el gobierno del señor Pedro Pierluisi Urrutia. Dichos decretos de obligatoriedad están fuera de toda base racional. Solicitamos que cesen y desistan los decretos de obligatoriedad por razón del covid”, expresó la Junta de Directores de la Coalición en comunicado de prensa.

Según indicaron, los decretos basados en la obligatoriedad de la vacunación y la exigencia en frecuencia de pruebas de covid-19 para estudiar, trabajar, acceder servicios básicos y esenciales han llevado a la gente a una calle sin salida.

“La Coalición Provida y Familia persiste firme en ese clamor del pueblo. Lo hacemos con un alto sentido de humanidad, racionalidad, respeto, responsabilidad y verdad. La Coalición es un cuerpo diverso que mediante el diálogo ha sabido poner de lado cualquier otra diferencia para enfocarnos en lo que es justo por amor a todos los seres humanos y al pilar social que es La Familia. Estamos para sumar y multiplicar”, sostuvieron.

Aseguran que las tres ramas de gobierno insisten en ‘’seguir restando y dividiendo al pueblo a través del mal manejo de la llamada emergencia’’.

“Hemos sido testigos de las consecuencias reprochables de la obligatoriedad, al punto de ver el claro menosprecio gubernamental echando de lado los más básicos derechos. Quiebra el espíritu ver a hermanos contra hermanos, cuando se ha usado a nuestros servidores públicos para ejecutar la negación de los servicios y los derechos”, sostuvieron en su comunicado.

“Es desgarrador seguir recibiendo el clamor del Pueblo desde todas las regiones de la isla. Continúa la negación de los servicios básicos exigiendo irracionalmente un estado de vacunación (VacuId), ya no suficiente con dos dosis, ahora con la obligatoriedad de una tercera dosis hasta para tomarse una botella de agua. El menosprecio a los derechos ha llegado al punto de amenazar el modo del sustento para el hogar. Eso es definitivamente insoportable e inadmisible”, agregaron.

Al mismo tiempo, describieron como “insostenible e inexcusable” que la rama legislativa a casi dos meses de haber comenzado la sesión, continúe “con pies de plomo sin oído en tierra” ante los reclamos de los ciudadanos. Reclamaron que pudieron haberse ido por encima del veto del gobernador para convertir en ley el Proyecto de la Cámara 515 y tampoco lo han hecho.

“Dicha ley ayudaría a fiscalizar y pedir cuentas al gobernante en el manejo de los llamados estados de emergencia. Tampoco se han atendido a cabalidad una serie de proyectos que atienden los demás ángulos del discrimen en todos los ámbitos por razón de la obligatoriedad de la vacunación.

Por otro lado, también describieron como ‘’una tragedia’’ que el Tribunal Supremo no se haya expresado ante esta situación y aseguraron que el ejecutivo, el legislativo y el judicial no han respondido como el pueblo merece.

‘’Tal parece que a nuestra democracia sí le ha dado un virus de gravedad y no da respiro al pueblo. Las tres ramas de gobierno han cooperado entre sí ―voluntaria e involuntariamente― para enfermar a los ciudadanos con desesperanza. Irónicamente también poniendo en mayor riesgo el estado de salud del país por la clara desatención al resto de condiciones existentes. Entre ellas una pandemia de salud mental”, expone el comunicado.

“La obligatoriedad ha resultado en un claro abuso. Hay un patrón de maltrato por parte del sector público como del privado escudándose en ser regidos por los decretos del gobernador”, añadieron, al tiempo que acusaron al sector provado de convertirse “en un brazo del estado, porque hasta ellos tienen temor a represalias económicas y legales”.