Tras la aprobación del Proyecto de la Cámara 3, para enmendar la llamada “Reforma Laboral” (Ley 4-2017), portavoces de la empresa privada del país reaccionaron sorprendidos el miércoles, y remitieron una carta al gobernador Pedro Pierluisi para que vete la medida.

“Durante los pasados meses hemos estado haciendo un reclamo ante la Legislatura de Puerto Rico para que se detuviera el proceso legislativo sobre el Proyecto de la Cámara 3, que buscaba enmendar la llamada Reforma Laboral, hasta que no se llevara a cabo un análisis holístico, responsable, y basado en estudios de impacto económico”, dijo Mateo Cidre, presidente de ASORE en comunicación escrita.

Los presidentes de 9 asociaciones, representantes de Restaurantes, Comercio al Detal, Hoteles y Turismo, Centro Unido de Detallistas, Cámara de Comercio, MIDA, Hecho en Puerto Rico, Agricultores y Farmacias de la Comunidad, presentaron serias preocupaciones sobre la difícil situación que atraviesa la empresa privada en Puerto Rico. Además, indican que la ley que entraría en vigor de forma inmediata, sin periodo de transición para la mayoría de los patronos, tendría un alto impacto en industrias sensitivas como farmacéuticas, hospitales, turismo, restaurantes, entre otras.

“Nuestro único interés es que cualquier proyecto que se apruebe, que intente modificar asuntos estructurales como lo es lo laboral, que cambie las reglas del juego al patrono y que represente más aumentos a los costos de hacer negocios, sea analizado responsablemente y no a la carrera. Los aumentos en costos para las empresas redundan en mayor inflación para el ciudadano y menos empleos. Además, hay que recalcar que en Puerto Rico no existe un problema de falta de legislación laboral ya que, aún después de la reforma de 2017, tenemos más beneficios legislados que cualquier estado. A eso hay que añadir que hace un mes tenemos un salario mínimo superior al de 20 estados que tienen un ingreso per cápita que triplica el nuestro y sus gobiernos no están en quiebra. Nuestro verdadero problema es la falta de crecimiento económico y es ahí donde la legislatura debe concentrarse. Es importante que en este momento no abonemos al problema inflacionario ni pongamos en riesgo los negocios en la Isla. Necesitamos estabilizar la economía y brindar certeza a las empresas para que puedan seguir invirtiendo en la isla”, añadió Manuel Reyes de MIDA.

Los empresarios establecen en su misiva al Gobernador, que el proyecto aprobado no tomó en consideración la difícil situación económica de la Isla, agravada por los fenómenos naturales de los pasados años y la emergencia provocada por el COVID-19, sumada a la actual escasez de mano de obra, lo cual ha movido a que los patronos incrementen la oferta salarial, añadan bonos e incentivos y beneficios marginales para poder reclutar personal y que no se afecte el servicio rendido a los ciudadanos puertorriqueños; y tampoco consideró el aumento salarial que entró en vigor el pasado mes de enero de 2022.

“Las enmiendas propuestas a la Ley 4-2017 tienen un impacto considerable sobre los patronos puertorriqueños, desde las microempresas hasta compañías grandes. Toda propuesta de legislación debe tramitarse de manera responsable y estar sostenida por base empírica, la cual sabemos no existe sobre el proyecto que acaban de aprobar. Además, nos preocupa grandemente que continúen aprobando medidas aisladas que más allá de promover la inversión y el desarrollo económico, perpetúan la crisis económica que vivimos” expresó Ivis González de Farmacias de la Comunidad.

Según el más reciente informe de “Empleo y Desempleo en Puerto Rico”, publicado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el sector privado representa sobre el ochenta por ciento (80%) de todas las personas empleadas en la Isla. De acuerdo a los líderes del sector productivo, medidas como ésta atentan contra la estabilidad y permanencia de esos empleos y sostienen su pedido al Gobernador de vetar la medida aprobada.

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