La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes evaluó este martes un bloque de medidas que buscan, generalmente, proteger a las personas que no están vacunadas contra el COVID-19 de alegado discrimen y garantizar que estos ciudadanos continúen recibiendo servicios esenciales en Puerto Rico.

El Colegio de Médicos Cirujanos rechazó en vistas públicas las cuatro medidas por entender que “atentan” contra la salud pública y el bienestar de Puerto Rico. El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio, tildó que las exposiciones de motivos de los proyectos legislativos parten de “premisas equivocadas” al pretender fundamentar las propuestas en una alegada negación de servicios médicos de manera discriminatoria, pues aseguró que las instituciones hospitalarias ofrecen alternativas para todos los pacientes. Entre ellas, evidencia de vacunación, presentación de prueba negativa, uso de telemedicina o referido a otro centro de salud.

“La negación de la ciencia, el conocimiento y la evidencia se convierte en una amenaza que provoca dejar sin acceso a la población de medidas preventivas ante el COVID-19. En Puerto Rico, la Ley del Departamento de Seguridad Pública y la ley orgánica del Departamento de Salud expresamente confieren al gobierno la facultad para emitir distintas medidas y órdenes para atender un estado de emergencia y una situación de salud pública como es una pandemia”, afirmó Ramos.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), entretanto, rechazó la aprobación del P.C. 910 al sostener que la clasificación de no vacunados no está reconocida como una sospechosa en la Ley de Derechos Civiles. Además, la organización reconoció que es una característica opcional y no de nacimiento, incomparable con lo que llevó a la doctrina de “separados pero iguales”.

“Tener el atrevimiento de comparar lo que le llaman categoría de no vacunados a lo que ocurrió en ‘separados por iguales’, que ha llevado a siglos de segregación, que ha llevado a todavía (realizarse) manifestaciones solicitando igual trato, es una falta de respeto al racismo que ocurre y las batallas que se han dado para propósitos de consagrar esos derechos”, declaró la licenciada Mayte Bayolo, abogada de asuntos legislativos y política pública.

“La ACLU no está de acuerdo con que se trate de tergiversar una situación que, a nuestro entender, no ha llevado a un trato desigual injustificable”, agregó la portavoz.

Por su parte, el Departamento de la Familia (DF) emitió comentarios en contra, únicamente, del P.C. 1097. La titular de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena, indicó que la agencia reconoce el derecho de patria potestad, pero el deber ministerial del gobierno es implementar las medidas necesarias y constitucionalmente permisivas para proteger a la población durante la pandemia.

“La responsabilidad por el bienestar de un menor conlleva el desarrollo de destrezas de crianza, conocimiento en aspectos relacionados con su salud y educación, por lo que en el caso del COVID-19 fomentamos la salud y favorecemos la vacunación’’, sostuvo la funcionaria. “Debemos hacer un balance entre la salud del pueblo versus el fin legislativo de dejar sin efecto acciones del Ejecutivo que la protegen”.

La representante de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, radicó durante la pasada sesión legislativa cuatro piezas a estos fines: En primer lugar, el Proyecto de la Cámara (P.C. 910), para enmendar la Ley de Derechos Civiles con el fin de prohibir el “discrimen” en lugares públicos a personas no vacunadas contra el virus y establecer una multa de 5,000 dólares a violadores de esta disposición.

De igual forma, la legisladora presentó el Proyecto de la Cámara 1110 (P.C. 1110) para prohibir que se le nieguen servicios gubernamentales a toda persona que no esté vacunada contra el COVID-19 o que se niegue a presentar una prueba negativa; el Proyecto de la Cámara 1097 (P.C. 1097) para disponer que el Ejecutivo no podrá imponer la vacunación obligatoria en menores de edad y establecer una indemnización mínima de 15,000 dólares a las personas que sufran daños como consecuencia de la inmunización compulsoria en niños y niñas.

También, radicó el Proyecto de la Cámara 1092 (P.C. 1092), que persigue evitar que las personas previamente infectadas con el COVID-10 tengan que inocularse contra el virus. “Nos preguntamos cuál es la razonabilidad del gobernador (Pedro Pierluisi) y del secretario de Salud (Carlos Mellado) de establecer esta categoría de vacunados y no vacunados para que accedan a servicios. Se les está negando servicios de salud, se les está negando servicios gubernamentales… se les está, ahora mismo, negando a los padres que lleven a sus hijos a las escuelas”, manifestó Burgos Muñiz.

La legisladora dijo que presentó este bloque de medidas con el propósito de visibilizar los reclamos del sector de la población no vacunada ante las directrices del gobierno emitidas en las múltiples órdenes administrativas para atender la pandemia. Asimismo, señaló al Ejecutivo de llevar a cabo actuaciones “arbitrarias” y “caprichosas” que han provocado la continuación del estado de emergencia declarado desde el 12 de marzo de 2020.

“Con las estadísticas que tenemos, no hay un balance que diga que la vacunación debe ser lo único que se debe implementar. Aquí el gobierno no ha hablado de tratamiento preventivo… y lo peor de esta situación es cómo la salud mental del pueblo de Puerto Rico está afectada”, expresó la representante.

Objetan la vacunación compulsoria

Grupos en contra de la vacunación compulsoria defendieron la aprobación de los cuatro proyectos como parte de sus reclamos de protección de “derechos básicos” de las personas que no están inmunizadas. Entre ellos, participó el Movimiento Mundial por la Libertad, Resistencia Puerto Rico, Alerta Puerto Rico, Republican National Hispanic Assembly, Coalición Pro-Consentimiento Informado, Coalición Mundial Salud y Vida, Familias por la Verdad y World Wide Rally Freedom.

Los portavoces de estas entidades aprovecharon sus turnos como deponentes para contar experiencias en las que personas no vacunadas han sido “discriminadas”. Particularmente, el Movimiento Mundial por la Libertad desglosó que, desde el inicio de la emergencia, se han afectado cinco libertades básicas: de expresión, de circulación, de reunión, de elección y sanitaria.

“Resulta altamente peligroso para la libertad de una sociedad democrática que continúen permitiendo que los hechos se desenvuelven de la manera en que lo han hecho durante los últimos dos años”, argumentó William López Mora, portavoz en Puerto Rico de la organización.

Al concluir, Aponte Rosario adelantó que realizará una segunda vista pública en la que comparecerá el Departamento de Justicia (DJ) luego de que la agencia pidió excusarse de la audiencia celebrada hoy.

‘’Me siento satisfecho en el día de hoy de haberle dado el espacio a diferentes grupos, unos a favor y otros en contra. Cumplimos con nuestra responsabilidad de darle trámite legislativo en vistas públicas con personas interesadas en participar y colaborar con estos proyectos. Vislumbro que realizaremos vistas ejecutivas y públicas para darle oportunidad a quienes no pudieron asistir hoy para finalmente concretar un informe donde se diga si se recomienda o no la aprobación de las medidas’’, puntualizó el representante popular.