Catalogaron el acuerdo como una ''sentencia de muerte'' para el futuro de los residentes de la Isla.

Portavoces de grupos magisteriales, trabajadores, pensionados, universitarios, estudiantiles, profesionales y de ciudadanos a favor de la auditoría de la deuda que se unieron en la Jornada contra el Tumbe y el Plan de Ajuste de la Deuda expresaron hoy su repudio a la confirmación final por parte del Tribunal Federal del plan de ajuste de la deuda del gobierno central.

“Hoy se inicia un capítulo nefasto para el pueblo de Puerto Rico. Aunque se había adelantado su posible confirmación, el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central hoy aprobado por la Jueza Swain no es bueno para Puerto Rico sino una sentencia de muerte para un futuro digno a los que residimos en este País. Nos mantenemos en que este plan de pago no es viable ni sostenible. La reducción que se hace a la deuda en bonos nos deja en un lugar muy similar a donde estábamos antes de la quiebra, teniendo que seguir tolerando más pobreza para nuestra gente, implantando más medias de austeridad y aumentos en el costo de vida para garantizar el pago a los bonistas buitres. Se perdió una importante oportunidad para darle un nuevo comienzo a nuestra isla", expresó la Lcda. Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

Por su parte, Mercedes Martínez, portavoz del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, dijo que el acuerdo afecta directamente a los maestros y maestras de Puerto Rico y responsabilizó a los legisladores y al gobernador por apoyar el plan de la Junta.

“Repudiamos la decisión de la Jueza Swain que no le hizo justicia a las maestras y maestros de este país avalando este terrible tumbe a nuestro retiro. Este plan de ajuste de la deuda es injusto y deshumanizante poniendo el peso del pago de una deuda sin auditar y la mayoría emitida ilegalmente en el magisterio que pierde su derecho a un retiro digno para pagarle millones de dólares a bonistas inescrupulosos. Pero los verdaderos responsables de esta pésima decisión es la Asamblea Legislativa y el Gobernador Pedro Pierluisi quienes brindaron su apoyo a la Junta de Control Fiscal en lugar de promover la cancelación de la deuda y defender las pensiones y los servicios esenciales como era su deber con el pueblo.” expresó Martínez.

“Aunque la confirmación del PAD protege las pensiones presentes, descarta el ajuste a las pensiones conforme al aumento en el costo de vida. Esto impone una reducción gradual a nuestras pensiones. Además, no se extendió el principio de "cero recortes" a las pensiones futuras de maestros y otros servidores públicos. Los responsables de esto son el Gobernador y  los legisladores que traicionaron la Ley de Retiro Digno y no hicieron nada para defenderla. Vamos a fiscalizar y a reclamar justicia. No nos vamos a quitar", expreso, por su parte, Sonia Palacios, portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo

Mientras, Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) auguró ''nefastas consecuencias'' para todo el país.

''Sin un plan real de desarrollo económico, este acuerdo de la Junta con los bonistas nos llevará a una 2nda quiebra o nos dejará sin dinero y tendrá el efecto de provocar el cierre de municipios y de recintos de la Universidad de Puerto Rico, más privatizaciones, más deterioro de los servicios públicos esenciales y el inminente aumento en impuestos que ya estamos viendo como el IVU, CRIM, Crudita, peajes, gasolina, agua y luz para garantizar el pago a los bonistas", sostuvo.

Por su parte, Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores expresó: “La confirmación del PAD es la confirmación de que la pobreza y la emigración es la agenda de país para el presente y el futuro de los trabajadores de Puerto Rico''.

''El Gobernador y los Legisladores que aprobaron la Ley 53 del 2021, impusieron el pago de una deuda sin auditar antes que el bienestar del Pueblo. Esto significa que los trabajadores del sector público y privado de forma organizada tenemos que tomar acción para combatir la privatización de servicios públicos, rescatar a nuestro país y sacar del camino a los que impiden nuestro desarrollo social y económico", sentenció.