Hoy, el FBI arrestó dos funcionarios públicos.

El Departamento de Justicia no ha acusado a ninguno de los funcionarios públicos arrestados recientemente por las autoridades federales, pero hoy, jueves, tras nuevos arrestos, la agencia apuntó a que solicitará evidencia a los federales para evaluar someter cargos locales.

Mediante un comunicado de prensa, el secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli Hernández, dijo que envió una solicitud a la Fiscalía federal del Distrito de Puerto Rico, para que le remitan evidencia que permita "procesar los delitos que pudieron haber cometido en la jurisdicción estatal los alcaldes y otros funcionarios arrestados".

Hoy, jueves, el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI, en inglés) arrestó al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y al ayudante especial del municipio de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, por aceptar sobornos para beneficiar ciertas empresas en contratos municipales.

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Anteriormente, el FBI también arrestó a Mario Villegas, socio de J.R. Asphalt, compañía que fue subcontratada por Waste Collection.

Waste Collection es la empresa que presidía el licenciado Oscar Santamaría Torres, quien sobornaba al exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado Montalvo con dinero en efectivo y relojes, a cambio de contratos en el municipio.

Tanto Santamaría Torres como Delgado Montalvo se declararon culpables y colaboran con las autoridades.

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"El Departamento de Justicia de Puerto Rico examina si procede la radicación de cargos criminales a nivel local con relación a las investigaciones por corrupción que iniciaron las autoridades federales hace varios años", indicó Emanuelli en declaraciones escritas Hernández.

"Exhortamos a denunciar ante del Departamento de Justicia de Puerto Rico cualquier actuación de esta índole por parte de aquellos que se enriquecen traicionando la confianza depositada por el pueblo puertorriqueño. Realizar estas investigaciones requiere información específica y evidencia de actos ilegales, pues nuestro sistema de derecho exige garantizar el debido proceso de ley a todo sospechoso, imputado o acusado de delito; lo contrario sería una intervención ilegal", finalizó diciendo.

Pérez Otero y Benítez Cardona se declararon no culpables y pagaron una fianza de $10,000. Posteriormente, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) suspendió de sus funciones como alcalde a Pérez Otero.