La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público presentó un análisis sobre la legalidad de la deuda del Gobierno

En antesala al inicio del juicio en la corte federal para la posible confirmación del plan de ajuste de la deuda, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público ofreció el domingo, un recuento y análisis sobre la legalidad de la deuda del gobierno central que forma parte de la reestructuración de la deuda a evaluar por la jueza Laura Taylor Swain.

“El legado del octavo Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) que propone la Junta de Control Fiscal (JCF) ante la jueza Swain es el aval de sobre veintiuna (21) emisiones de bonos impugnadas por ser emitidas ilegalmente y en violación de nuestra Constitución, que totalizan 13,500 millones de dólares o el 40 por ciento de la deuda a pagar, además del cierre de más de 120 reclamaciones para la devolución de comisiones ilegales contra 20 bancos por participar del esquema ilegal y la pérdida de más de 30,000 millones de dólares en ahorros, si se suma al principal el pago de intereses, por la no cancelación de deuda nula”, expresó José González Taboada, CPA y presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, en conferencia de prensa.

Por su parte Roberto Pagán, expresidente de la extinta Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por la Ley 97 del 2015, señaló que “desde el 2016, advertimos que la mitad de la deuda acumulada de Puerto Rico era deuda emitida ilegalmente en violación de la Constitución, que no había autorización legal para hacerlas y que, por tanto, debía ser cancelada por ser deuda nula. Luego, la misma Junta en el 2019 y otros acreedores, incluyendo fondos buitres reconocieron esta realidad en el Tribunal Federal. Sin embargo, con este plan de ajuste de la deuda se desiste y renuncia a ese reclamo con terribles repercusiones para el pueblo”.

En una moción radicada ante la jueza Swain en el 2019, la Junta indicó que “[T]odas las reclamaciones basadas en bonos de Obligaciones Generales no válidos deben rechazarse porque los bonos se emitieron en violación del Límite del Servicio de la Deuda y, […], a la Cláusula de Presupuestos Balanceados y, por lo tanto, los bonos son nulos y los tenedores de dichos bonos no tienen ningún remedio contra el Estado Libre Asociado.”

“Sin embargo, en esta octava versión del plan de ajuste de la deuda, y a diferencia de otras versiones anteriores, en este plan no se hace distinción entre deuda ilegal o legal y se le paga, en promedio, 70 centavos de cada dólar de deuda ilegal, obligando a nuestra isla a grandes sacrificios. Por eso, no es de extrañar que el plan cuente con el apoyo total de los principales fondos buitres, porque este acuerdo no es otra cosa que el resultado de las prácticas y estrategias antiéticas de estos especuladores que terminaron comprando la deuda impugnada en medio del litigio y lograron que la Junta desistiera y les hiciera una mejor oferta”, dijo, por su parte, la abogada Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.

“Por otro lado, y como advertimos durante las vistas públicas en la Asamblea Legislativa, la confirmación de este Plan de Ajuste de la Deuda implica la renuncia también al derecho de nuestro pueblo de reclamar la devolución de miles de millones en comisiones ilegales contra 20 bancos y firmas de inversión que patrocinaron e incitaron un esquema fraudulento de emisiones de deuda”, añadió González Taboada.

“La historia nos sigue dando la razón a los que nos opusimos a la creación de PROMESA y a la Junta de Control Fiscal. La Junta miente cuando dice que este plan reduce el pago de la deuda. Este plan de ajuste de la deuda no es un nuevo comienzo para la isla, mucho menos una restructuración justa, sigue imponiendo a la isla pagos insostenibles de la deuda, como han expresado estudios independientes de Espacios Abiertos y economistas internacionales como Joseph Stiglitz. Dichos expertos han advertido que este acuerdo con los bonistas sigue siendo un compromiso insostenible y que nos deja sin dinero para atender las necesidades básicas y servicios esenciales del pueblo y nos expone a otra quiebra en el futuro”, expresó Tato Rivera Santana, planificador e integrante de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión exhortaron al pueblo a oponerse a la confirmación del plan de ajuste de la deuda por los medios que tengan disponibles, enviando cartas a la jueza y participando de la “Jornada se nos Acabó la Paciencia: No al Plan del Tumbe”, que comienza hoy a las 5pm con un campamento y vigilia de pensionados frente al Tribunal Federal y continuará mañana desde las 8:00 a.m con actividades todo el día.