El anuncio fue realizado por el fiscal W. Stephen Muldrow

Liz Ann Banchs, propietaria y presidenta de la Farmacia Gabriela, Inc. se declaró culpable el 24 de septiembre de 2021 de participar en un delito grave de conspiración para convertir propiedad del gobierno y cometer fraude a la atención médica en relación con la vacunación ilegal de menores de 7 a 11 años con la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.

El anuncio fue realizado por W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y Scott Lampert, Agente Especial a Cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG), Nueva York Oficina Regional.

“Los farmacéuticos se encuentran entre los profesionales más confiables”, dijo el Fiscal Federal Muldrow en comunicación escrita.

“Esta persona usó su acceso especial para vacunar ilegalmente a niños menores de 12 años poniendo en riesgo su salud. El Departamento de Justicia seguirá trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que el público reciba vacunas seguras y eficaces”, añadió.

En mayo de 2021 hasta el 22 de junio de 2021, Liz Ann Banchs y los empleados de la Farmacia Gabriela, Inc. en Juana Díaz, conspiraron para administrar consciente y deliberadamente la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a niños 11 años o menos y presentar los reclamos correspondientes de Medicaid al MC-21. A un total de veinticuatro niños de entre 7 y 11 años se les administró la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, en dosis completa, sin autoridad legal para hacerlo.

El programa de vacunación COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (“CDC”) exigía que las farmacias elegibles, como Farmacia Gabriela, Inc., cumplieran con todos los requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (“FDA”), incluida la Autorización de uso de emergencia “EUA” que permitió la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a niños de 12 años o más. Es importante destacar que la EUA no ha aprobado la administración de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a niños menores de 11 años.

Como resultado, la administración de la vacuna a niños de 7 a 11 años representa una administración no autorizada e ilegal de la vacuna. Los lotes de vacunas Pfizer-BioNTech COVID-19 en cuestión eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos y se convirtieron ilegalmente sin la autorización de los Estados Unidos, según se explicó.

Asimismo, Farmacia Gabriela, Inc. no pudo presentar reclamos ante MC-21, el Gerente de Beneficios de Farmacia de Medicaid en Puerto Rico, por la administración ilegal y no autorizada de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 a niños de 7 a 11 años.

La actividad ilícita de Banchs fue rápidamente identificada por el Departamento de Salud de Puerto Rico y posteriormente se suspendió el programa de vacunación COVID-19 en Farmacia Gabriela, Inc. Hasta la fecha, no se han identificado afecciones médicas graves como resultado del programa de vacunación ilegal y todos los fondos recibidos para las correspondientes facturas de Medicaid se han devuelto voluntariamente a los Estados Unidos.

Junto con la declaración de culpabilidad, Banchs ha aceptado voluntariamente ser excluido como proveedor de Medicare, Medicaid y todos los programas federales de atención médica por un período de cinco años.

El agente especial a cargo Scott Lampert dijo: “El HHS-OIG y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a ayudar al país a superar la crisis de salud pública del COVID-19, pero la seguridad de nuestros ciudadanos es lo primero, especialmente cuando estamos lidiando con mantener a los niños a salvo. Existen pautas claras establecidas por las agencias de salud pública de nuestra nación con respecto a quién es elegible para recibir la vacuna COVID-19 en este momento. No nos desviaremos de nuestra misión de proteger al público y los programas federales de atención médica que los atienden”.

Banchs enfrenta una pena máxima de 5 años de prisión, una multa de hasta 250,000 dólares y tres años de libertad supervisada.

El caso fue investigado por el HHS-OIG con la colaboración de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico, la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de Puerto Rico, la Unidad de Delitos Económicos del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, Pfizer. División de Seguridad y Cumplimiento Global y la Unidad de Integridad de Beneficios MC-21. El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe, jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública de la Fiscalía de los Estados Unidos.