La CEE no pudo proveer un documento original, sino una fotocopia.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández y los fiscales Rufino Jiménez Cardona y Gretchen Camacho Rossy defendieron el viernes la determinación de solicitar el archivo del caso contra Ricardo Rosselló Nevares y su esposa Beatriz Rosselló, porque no tenían evidencia documental para probar el caso por voto ausente, en la elección para escoger los cabilderos/delegados por la estadidad.

“El informe de los fiscales dice que el domicilio electoral no existe. Pero yo no estoy juzgando si existe el domicilio electoral. Yo estoy juzgando si se cometió el delito electoral de llenar una solicitud con información falsa debidamente juramentada y que se pueda probar ese delito”, dijo el Secretario de Justicia en entrevista radial (WKAQ).

Según la investigación por los fiscales, los documentos para solicitar el voto ausente de Rosselló Nevares y su esposa, que fueron enviados mediante correo electrónico, no están juramentados ni firmados. Tampoco la CEE pudo proveer un documento original, sino una fotocopia. Los referidos de los comisionados electorales de Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y Partido Popular Democrático le imputaban al matrimonio mentir bajo juramento en los documentos sometidos a la CEE.

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“Nosotros entendemos que la investigación fue rigurosa. Aquí se entrevistaron a 33 testigos y a todas las personas en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que intervinieron. Fuimos al Tribunal a solicitar órdenes de registro y allanamiento. Se pidió evidencia en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico a varias agencias. Nosotros nos sentimos tranquilos con la investigación que realizamos, que fue completa y fue acorde a derecho”, sostuvo la fiscal Camacho Rossy.

“(Nosotros concluimos que el matrimonio Rosselló) no son domiciliados para efectos del Código Electoral”, añadió.

La fiscal responsabilizó a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) por el manejo de los documentos.

“Los procesos en la JAVA tienen que ser estudiados, fiscalizados y el personal tiene que ser adiestrado y tienen que haber unos mecanismos de seguridad”, expresó Camacho Rossy.

A preguntas de si no estaba autorizado para votar, el secretario de Justicia contestó “lo que ellos (la CEE) hicieron, nosotros no lo evaluamos. Allá Marta con sus pollos. Lo de nosotros era concluir si se dio el delito o no. Si le permitieron votar o no, eso es una determinación administrativa”.

Posteriormente, el voto de ambos fue anulado por la entidad electoral.