Según la acusación, el individuo cobró hasta $12,562 de forma fraudulenta

El juez Héctor López, en la Sala Superior de Mayagüez del Tribunal de Primera Instancia, encontró el miércoles, causa para juicio contra un empleado municipal por los delitos de fraude y apropiación ilegal agravada, informó el Departamento de Justicia.

“La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia está activa investigando y presentando ante los tribunales estos casos de fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico. Aprovecharse de las ayudas económicas que deben destinarse a personas vulnerables o en necesidad es abusivo, sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19 que ha afectado a tantas familias”, manifestó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en comunicación escrita.

Explicó que Omar Marrero Santiago, quien labora en el Municipio de Mayagüez, supuestamente se apropió ilegalmente de 12,562 dólares en pagos del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés), durante el periodo de marzo hasta agosto del 2020, según surge de la investigación realizada por la fiscal Estelle Vilar Santos, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, junto al Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública.

Marrero Santiago solicitó los beneficios del PUA al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) alegó que trabajaba en conjunto con otra persona en lo que llamaron “potato farming”. En la solicitud, el hombre informó que la única ocupación que tenía era la anteriormente mencionada. No obstante, era empleado municipal a tiempo completo. Se pudo corroborar que en ningún momento su empleo fue interrumpido o recibió alguna merma de salario.

La vista para la lectura de acusación fue señalada para el 14 de septiembre de 2021 y el juicio para el 12 de octubre de 2021.

Mientras, en la Sala Superior de Bayamón del Tribunal de Primera Instancia, la jueza María Trigo encontró culpable a Luis Franceschini Sierra por utilizar una licencia de conducir falsa para intentar cambiar un cheque de Asistencia de Desempleo Pandémico.

Conforme a la prueba presentada por los fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Kristia Díaz Pérez y Obdulio Meléndez Torra, el hoy convicto acudió a la sucursal de Dorado del Banco Popular y proveyó a la cajera una licencia de conducir falsa para cambiar el cheque de PUA expedido por el DTRH, lo que constituye una violación al Artículo 215 del Código Penal de Puerto Rico. Según surge de la investigación el señor Franceschini Sierra compró dicha licencia por 500 dólares.

Por estos hechos, el convicto se expone a una pena de tres años de cárcel. La vista de lectura de sentencia fue señalada para el 27 de octubre de 2021.