Las etapas normales del procesamiento quedaron suspendidas hasta que se designe representación legal versada en casos de pena de muerte.

El boxeador Félix Giomar Verdejo Sánchez quedó detenido en la cárcel federal de Guaynabo hasta que se le pueda asignar representación legal versada en casos de pena de muerte, decidió hoy la magistrada Camille Vélez Rivé.

Verdejo Sánchez enfrenta un cargo de secuestro con muerte, uno de carjacking con muerte y uno por la muerte de su hijo no nacido. Los primeros dos lo exponen a la pena de muerte y el tercero a prisión de por vida. Los cargos están relacionados con el asesinato el jueves pasado de su pareja, Keishla Rodríguez Ortiz. A nivel federal no se procesa directamente por asesinato, excepto en circunstancias particulares, sino por otros delitos que pueden estar relacionados al acto de asesinar a una persona. Se espera que próximamente se le presente cargo de asesinato a nivel local.

La versión oficial del agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Lorenzo E. Vilanova Pérez, es que el boxeador entrampó a Rodríguez Ortiz citándola para discutir la prueba de embarazo positiva que arrojó la mujer, le propinó un puñetazo en la cara y, con la ayuda de un cómplice que ahora es testigo del gobierno, la drogó, le amarró los pies y manos a un bloque y lanzó el cuerpo a la Laguna San José desde el Puente Teodoro Moscoso disparándole también al cuerpo.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico no ha decidido si va a pedir la pena de muerte en este caso, pero la mera confirmación de que se expone a la pena de muerte activa varias disposiciones legales. La principal hoy es que el tribunal puede designar a dos abogados, uno de lo cuales debe tener “experiencia distinguida” (learned counsel) en el manejo de casos de pena de muerte.

Esto debe ocurrir lo más temprano posible en el proceso debido a las complejidades que pueden surgir desde el principio. De hecho, en estos casos se radican de dos a cuatro veces más mociones antes de llegar a juicio de lo que ocurre en el procesamiento de un delito grave regular.

Por eso, el tribunal designó a la licenciada Laura Maldonado Rodríguez como la abogada local pero esta, a su vez, pidió a la magistrada detener todos los demás señalamientos hasta que se designe al segundo abogado, que sería el que tiene la experiencia en pena de muerte.

Vélez Rivé inicialmente había señalado vista para el jueves y había dado hasta el viernes para que la Oficina del Defensor Público le notifique cuáles son los candidatos para ser designados como representante legal con experiencia en pena de muerte. A solicitud de Maldonado, acortó el plazo para que los candidatos se le presenten esta misma tarde y dejó suspendidos los señalamientos de vista preliminar y vista de detención hasta que se designe a ese segundo representante.

Cuando ocurra la vista de detención, se discutirá la concesión de fianza, la cual no es un derecho en la esfera federal por lo que los abogados solo lograrán fianza si convencen a la corte de que Verdejo Sánchez no es un peligro para la comunidad y no es un riesgo de fuga. La fiscalía federal puede presentar evidencia adicional para fortalecer su pedido de que permanezca detenido sin fianza.

Por otro lado, la vista preliminar ocurre a menos que antes de la misma la fiscalía federal consiga una acusación formal de un gran jurado. En la esfera federal la determinación de un gran jurado de acusar sustituye lo que sería la vista preliminar.

No hay un plazo para que la fiscalía federal decida notificar su intención de buscar la pena de muerte, excepto que dicha notificación debe ocurrir “un tiempo razonable antes del juicio”. La razón para darle tiempo a la fiscalía es que se supone que la notificación incluya un desglose de las circunstancias agravantes que se proponen presentarle al jurado para pedirle un veredicto de pena de muerte.

En la vista de hoy, el fiscal Jonathan Gottfried adelantó que se reserva el derecho de disputar que la representación de Verdejo Sánchez sea pagada con fondos públicos, ya que eso se reserva para acusados que son indigentes y ellos podrían presentar prueba al tribunal sobre la condición financiera actual del boxeador. Maldonado Rodríguez ripostó que la determinación de elegibilidad para la representación pública es una determinación del tribunal y no para que “el gobierno interfiera”, pero la magistrada Vélez Rivé dejó el asunto sobre la mesa como algo que podría decidir el juez de distrito al que se le asigne el caso.

Además de Maldonado Rodríguez, a Verdejo Sánchez lo está representando el licenciado José F. Irizarry Pérez, quien dijo en su moción de comparecencia que ha sido “contratado por el acusado, la madre del acusado (Madeline Sánchez Bonilla) y la familia para servir como abogado de récord del acusado en este caso”.

Vea:

Fiscalía federal acusa a Verdejo y confirma que califica para pena de muerte