Alegan que mientras estiman las facturas durante meses, luego le agregan un cargo a los consumidores que en algunos casos es de miles de dólares.

La directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC), licenciada Hannia Rivera Díaz informó hoy que presentó una solicitud de investigación ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para que investigue la práctica de corrección de factura a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Según indicó la funcionaria en declaraciones escritas, la petición para investigar ocurre luego de que identificara, desde hace más de un año, un incremento considerable de los consumidores que buscaban en su oficina un remedio para esa práctica. Es decir, los consumidores notaban que sus facturas de la AEE eran estimadas, a veces durante meses o años, pero luego, les llegaba una factura con un cargo de "ajuste", que respondía específicamente a esa estimación.

Rivera Díaz sostuvo también aunque estimar las facturas de los abonados de la AEE no es ilegal, el proceso del cargo adicional falta a ley porque en todos los casos evaluados se pasan los 120 días permitidos para comunicar errores de cálculo.

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"En las facturas de algunos de estos consumidores, los cargos superan los miles de dólares y no es hasta que el ciudadano realiza las gestiones ante la Autoridad, que entra en conocimiento de que la razón principal para dicho cobro es la práctica de estimar las facturas. Si bien es cierto que, la estimación de facturas de por sí no es una práctica prohibida por ley, las correcciones de factura que la Autoridad realiza como consecuencia de dicha acción son ilegales, al exceder los 120 días permitidos por la Ley 272-2002 para notificar errores de cálculo. Cabe resaltar que, en el cien por ciento de los casos atendidos en la OIPC, las correcciones de facturas realizadas exceden el término antes indicado”, sostuvo la funcionaria gubernamental.

La licenciada agregó que intentó resolver el asunto principalmente con funcionarios de la corporación pública, pero dijo que sus esfuerzos no rindieron frutos, por lo que pide la pesquisa.

"Estas acciones inciden en que se le brinde un servicio confiable, viola la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico y tienen el efecto de coartarles el derecho de los consumidores de agotar los remedios administrativos y su debido proceso de ley. También los obliga a efectuar pagos imprecisos, injustos, e irrazonables mediante un proceso plagado de falta de transparencia y corrección. Es por esto que pedimos que se investigue y se emitan las medidas correctivas necesarias", concluyó diciendo Rivera Díaz.