La auditoría evidenció que el archivo de pagos de nómina enviados a Hacienda, contenía registros de empleados que habían cesado hasta 10 meses antes.

La Contraloría de Puerto Rico informó el martes, que el Informe de Auditoría TI-18-15, del 25 de junio de 2018, había señalado que la falta de controles administrativos automatizados en el sistema de Recursos Humanos -STAFF- del Departamento de Educación, causó que se realizaran pagos indebidos en nómina de 558,069 dólares a 105 exempleados que habían cesado funciones entre el 2015 y 2016.

La auditoría evidenció que el archivo de pagos de nómina enviados al Departamento de Hacienda, contenía registros de empleados que habían cesado hasta 10 meses antes.

“Al cabo de más de tres años vemos, que el Departamento de Educación va a tomar las medidas correctivas que la Oficina del Contralor había recomendado al respecto en el 2018”, señaló la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso en comunicación escrita.

“En este sentido las diligencias que el Departamento de Educación estará realizando en las próximas semanas, se ajusta a las recomendaciones del Informe de Auditoría, y a las leyes y reglamentación aplicable”, indicó la contralora.

De hecho, dicho Informe recomendaba al titular del Departamento de Educación en el 2018, que se asegurara que el secretario auxiliar de Recursos Humanos estableciera los controles automatizados en el sistema de Recursos Humanos -STAFF- para reducir la posibilidad de realizar desembolsos de nómina indebidos, y al secretario auxiliar de Finanzas que realizara las gestiones correspondientes para que recuperara los pagos de nómina realizados de forma incorrecta. La auditoría sugería también, que el Departamento se asegurara recuperar los pagos que no correspondieran a los empleados.

“En muchas ocasiones vemos poca atención de algunas entidades a las recomendaciones de la Oficina del Contralor. Los informes de auditoría son un instrumento valioso para corregir las situaciones que se detectan y mejorar la administración de los fondos y la propiedad públicos. El no actuar de forma inmediata y responsable, provoca que los hechos señalados se agraven con el tiempo y el remedio tenga un costo mayor al erario”, concluyó.