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Senado aprueba resolución para investigar destino, uso, administración y estado de escuelas públicas cerradas

La medida propuesta por la senadora María de Lourdes Santiago incluye los planteles en desuso desde enero de 2011.

La senadora del PIP María de Lourdes Santiago.
Foto: Archivo/Nahira Montcourt

El Senado de Puerto Rico aprobó hoy en su sesión ordinaria la Resolución del Senado Número 9, de la autoría de senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, en la que se ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el destino, uso, administración y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011 y enero de 2021.

“El cierre de escuelas en Puerto Rico no tiene paralelo conocido. En total, desde el 2007 al 2018, se ha clausurado el 44% de los espacios públicos educativos, y los senadores y senadoras habrán visto el informe que en estos días nos envió la organización Centro para la Reconstrucción del Hábitat. La clausura de planteles se aceleró a partir del 2013. Algunas de las que estamos aquí lo vivimos entonces: historias realmente trágicas, como el cierre de la Lola Rodríguez de Tió en Carolina, una escuela vocacional para estudiantes de educación especial, que fueron relocalizados en ubicaciones que no cumplían con su PEI, y que al día de hoy, los tiene condenados a situaciones pedagógicamente insensatas”, expresó Santiago durante su turno en el hemiciclo senatorial.

La Portavoz del PIP aludió al informe “Aprovechamiento Académico y el Cierre de Escuelas en Puerto Rico”, del Dr. José Caraballo Cueto, en el que documenta que tan solo en la segunda ola de cierres, entre el 2017-2019, se cerró el 34% de las escuelas. El resultado de los cierres fue 58,606 estudiantes desplazados , de los cuales 2,616 sufrieron más de un cierre.

“Aunque la justificación que dio la Junta de Control Fiscal para el cierre de escuelas fue la de generar economías, desde el 2017 -2019, el ahorro en funcionamiento de escuelas fue de solo $34.5 millones, mientras que la partida de mantenimiento aumentó en $311.7 millones para ese mismo periodo. El estudio documenta cómo el cierre afectó a las estudiantes más pobres, en particular las de las zonas rurales” subrayó la legisladora independentista.