Varios integrantes del ente federal señalaron que es necesario atender esa situación como un asunto de emergencia.

Varios integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) aceptaron el viernes que es necesario atender como un asunto de emergencia la falta de educación pública y privada en Puerto Rico, como consecuencia del impacto de los eventos atmosféricos y la pandemia del COVID-19.

Durante su vigésimo cuarta reunión pública, el nuevo integrante de la entidad creada bajo la Ley federal PROMESA, Antonio Medina, sostuvo que es una situación de emergencia la falta de educación en Puerto Rico. Un grupo significativo de los estudiantes han perdido el equivalente a un año de enseñanza.

Se expresa Pierluisi

“Yo he estado diciendo que tenemos que planificar para tener reaperturas graduales y parciales con educación presencial. Porque no puede ser que simplemente dejemos a los niños en la casa en las condiciones actuales.

Yo he dicho eso y he recibido críticas de los que creen que todavía estamos en medio de una pandemia y no deberíamos estar hablando de reabrir las escuelas. El presidente (de Estados Unidos Joseph) Biden, ha dicho que él quiere ver en sus primeros 100 días de mandato que reabran las escuelas públicas y yo pienso igual. Ahora mismo el Departamento de Salud, Educación y las organizaciones de escuelas privadas y públicas están trabajando en unos protocolos que vamos a anunciar en los próximos días.

Mi objetivo es permitir que las escuelas públicas y privadas reabran en algún momento del mes de marzo. Sepan que tengo mucho interés en atender este asunto, porque soy el primero que he dicho que esto es una tragedia”, dijo el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia quien participó en la reunión pública.

Pierluisi Urrutia mencionó los problemas que ha enfrentado la llamada educación remota. Desde la falta de computadoras con los estudiantes y los maestros hasta el acceso al internet.

“Darle computadoras e internet a un estudiante no le va a dar educación de calidad. Si nos vamos al año 2016, antes del huracán María, antes de que se declarara la quiebra, en aquel entonces, en las pruebas internacionales de Educación, los estudiantes de Puerto Rico estaban por debajo de México. Aquí se asignaban fondos para comprar libros, pero los libros no se compraban. Se separaba dinero para darle el mantenimiento a las escuelas, pero había escuelas que no le funcionaban los inodoros. Esto tiene que ir de arriba abajo, sobre como manejamos el sistema educativo para que trabaje para el pueblo de Puerto Rico”, expuso por su parte, Andrew Biggs.

Entretanto, la profesora Betty Rosa, quien trabaja en el Departamento de Educación de Nueva York, expresó que ella tiene responsabilidad de sobre 3 millones de estudiantes en 700 distritos. Al igual que en Puerto Rico hay lugares rurales en Nueva York donde no hay acceso adecuado al internet. Mencionó que Nueva York está buscando soluciones a esa situación y puso a la disposición del gobernador cualquier ayuda sobre el particular.

“Pero hay dos asuntos medulares: uno es la planificación para lograr esa reapertura de las escuelas y el segundo es sobre la rendición de cuentas (accountability) sobre ese tiempo lectivo que sea de calidad”, declaró.

En otro asunto, la Junta aprobó un ‘clawback’ (quitar fondos) de 30 millones de dólares contra el Departamento de Educación hasta tanto se implante el sistema de ponche requerido por la entidad fiscal.