Presidió la corte federal en Puerto Rico desde 1984 hasta 1991.

El juez Juan Manuel Pérez Giménez, un exfiscal federal hijo de inmigrantes españoles que presidió el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y se convirtió en uno de sus integrantes más conocidos, falleció hoy por complicaciones de salud luego de haber sido operado para reemplazarle una cadera hace un par de años. Tenía 79 años de edad.

Pérez Giménez se acogió a status de juez ‘senior’ cuando cumplió 65 años, pero se mantenía atendiendo casos con la carga más liviana que caracteriza esa designación. De hecho, tenía asignado el caso reciente de corrupción contra la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier Laureano.

Comenzó su carrera legal en 1968 y su servicio como fiscal federal en 1971, inicialmente en la División Civil pero luego en la Criminal cuando, por casualidad, tuvo que sustituir a un compañero fiscal y logró que el acusado fuera condenado. Según su biografía oficial, en ese momento no hubo vuelta atrás a lo civil y se volvió un devoto del área criminal. En 1975 fue nombrado magistrado, en 1979 se convirtió en juez de distrito por designación del presidente Jimmy Carter y de 1984 a 1991 presidió el tribunal federal en la isla.

Su trayectoria judicial de 45 años tuvo múltiples episodios que lo lanzaron a la opinión pública, particularmente por actuaciones en casos con implicaciones políticas o religiosas.

El pico de las controversias alrededor de Pérez Giménez ocurrió como parte de los sucesos del Cerro Maravilla, nombre dado al episodio de la historia de Puerto Rico en el que el 25 de julio de 1978 agentes de la Policía asesinaron a sangre fría a dos independentistas a los que otro policía, en calidad de encubierto, había instigado para que se involucraran en el supuesto bombazo a torres de comunicaciones ubicadas en el mencionado sector entre Jayuya y Ponce. El Senado, dominado por el Partido Popular Democrático (PPD) realizó una investigación sobre esos asesinatos y citó a 10 policías a vistas públicas, pero Pérez Giménez emitió una orden dejando sin efecto las citaciones por los argumentos que le hicieron los policías de que ese testimonio público les perjudicaría en las demandas civiles que tenían de parte de los familiares de las víctimas. El Primer Circuito de Apelaciones de Boston revocó a Pérez Giménez y, famosamente, los testimonios ocurrieron en vista pública y ayudaron a romper la pared de silencio que los agentes habían levantado alrededor de los hechos. Esa fue una de tres ocasiones en las que Pérez Giménez emitió órdenes que interferían con la investigación senatorial y en todas fue revocado.

Pérez Giménez también desestimó una demanda federal civil que los familiares de las víctimas, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, sometieron contra el entonces gobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Romero Barceló. En esa demanda, Pérez Giménez también había detenido la toma de deposición a Romero Barceló por parte de los demandantes.

En 1982, una comunicación que Pérez Giménez cursó al Procurador General dio paso a un caso disciplinario contra dos jueces superiores de Puerto Rico que habían comparecido como testigos de reputación de un acusado criminal en el tribunal federal. El evento todavía es base hoy de uno de los Cánones de Ética Judicial vigentes para los jueces en la isla.

En 1987, el Senado, controlado por el PPD, aprobó una resolución condenando varios discursos de Pérez Giménez que interpretaron eran a favor de la estadidad. El entonces gobernador del PPD, Rafael Hernández Colón, llegó a ripostarle al juez que debía abandonar el estrado y postularse en la papeleta del PNP.

Luego, en la racha de casos federales de corrupción relacionados a los dos cuatrienios del exgobernador Pedro Rosselló González, el juez volvió a ser objeto de críticas y de revocaciones. En uno de los casos, el de la exayudante del Gobernador, María de los Ángeles “Angie” Rivera, Pérez Giménez dejó sin efecto el veredicto de culpabilidad del jurado y absolvió a la acusada en 2004, pero fue revocado.

En 2006, el Primer Circuito le ordenó recusarse del caso de corrupción en el “Superacueducto” contra Rene Vázquez Botet, exdirector de campaña de Rosselló, y Marcos Morell Corrada, exsecretario general del PNP. Los jueces apelativos tomaron la determinación a solicitud de la fiscalía federal, que alegó que el juez tenía el caso detenido de manera indefinida por una supuesta investigación de conducta indebida de parte de la fiscalía que él mismo estaba conduciendo, lo cual, para los fiscales, significó que “ya no estaba actuando como un oficial judicial imparcial, pero, en vez, había tomado el rol de inquisidor”. El Circuito dijo estar “impactado por la insistencia del juez de distrito… no solo de continuar con una investigación que ya había arrojado resultados de que no hubo mala conducta de la fiscalía, pero también de resucitar alegaciones de filtraciones que estaban inactivas por más de un año”. El propósito de Pérez Giménez era desestimar la acusación contra Vázquez Botet y Morell Corrada si hubiera encontrado evidencia de conducta indebida. Ambos acusados resultaron culpables en el proceso celebrado por otro juez.

Por el lado religioso, Pérez Giménez, un católico devoto, decidió en 2014 mantener la prohibición en Puerto Rico del matrimonio homosexual aún después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo avalara, lo cual provocó que el Primer Circuito de Apelaciones de Boston lo revocara recordándole que esa prohibición había sido levantada e informándole que los jueces de ese tribunal apelativo coincidían en que la prohibición era inconstitucional.

En 2016, Pérez Giménez mantuvo la prohibición por segunda vez alegando que las decisiones del Tribunal Supremo no aplicaban a Puerto Rico por ser un territorio. El Primer Circuito de nuevo levantó la decisión del puertorriqueño y el caso fue asignado a otro juez de la corte de Puerto Rico.

Pérez Giménez también tuvo lo que probablemente sea el caso activo más largo en la esfera federal, el llamado “caso Morales Feliciano” que se inició cuando un preso, Carlos Morales Feliciano, envió una carta al juez denunciando las condiciones infrahumanas en las cárceles del país, que en ese momento gobernaba Romero Barceló. En 1980 se abrió el caso mediante el cual el juez mantuvo bajo su mallete a los gobiernos de la isla en materia de corrección y población penal. Cuando se cerró en 2016, el caso había abarcado casi 30 años de litigio activo y acumulado cerca de $400 millones en multas al gobierno.

El actual juez presidente del tribunal federal, Gustavo A. Gelpí, quien fue oficial jurídico de Pérez Giménez de 1991 a 1993, ha sido de alguna forma el heredero de ese tipo de caso, manteniendo monitoreo de largo plazo sobre la Reforma de la Policía, los pagos del gobierno a centros de salud y el manejo del gobierno a pacientes psiquiátricos y a personas con discapacidad.

En una nota de duelo, los jueces del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico recordaron su vocación de servicio y apego a su familia. “Su despacho se caracterizó por largas horas de trabajo, pensamiento crítico, respeto por el reino de la ley y los estándares éticos y morales más altos. Presidió su sala de manera firme, eficiente y respetuosa, acercándose a casos difíciles y particularmente complejos o controversiales con corazón de león e intelecto fiero”, dijeron.

Pérez Giménez, a quien le distinguía físicamente una cicatriz en su cachete derecho, se graduó de bachillerato en 1963 de la Universidad de Puerto Rico y obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad George Washington en 1965. A su regreso a Puerto Rico fue aceptado en la Escuela de Derecho de la UPR de donde se graduó en 1968.

Se especializó en derecho laboral con el bufete Goldman, Antonetti y Subirá hasta que en 1971 recibió una oferta para unirse a la división civil de la Fiscalía federal. Jugó baloncesto a nivel superior y luego se dedicó al golf.

Le sobreviven su esposa, Carmen Ramírez Vivoni, dos hijas, Alelí y Malena, tres hijos, Juan Carlos, Jorge y José, y 13 nietos.

Reacciona el Tribunal Supremo de Puerto Rico

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, lamentó el fallecimiento Pérez Giménez.

“Tras conocer del fallecimiento del juez Juan Pérez Jiménez, a nombre de la Rama Judicial de Puerto Rico extiendo mis condolencias a su esposa Carmen y a sus hijos y nietos. Desde que asumió el cargo, el Juez Pérez Giménez presidió cientos de casos sobre derechos civiles y criminales de gran impacto para Puerto Rico. A lo largo de su extensa carrera se destacó en la judicatura y fue mentor y un modelo a seguir dentro y fuera del estrado, tanto para sus oficiales jurídicos, como para sus compañeros jueces y abogados. El poder judicial federal y la comunidad legal que se benefició de su experiencia y servicio durante muchos años, hoy lamenta su partida”, expresó Oronoz Rodríguez en declaraciones escritas.

“Todas las juezas asociadas y los jueces asociados del Tribunal Supremo expresamos nuestro pesar por su partida y extendemos nuestro abrazo solidario a su familia y amigos”, añadió la jueza presidenta.

También expresó sus condolencias el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

"Honramos la vida y el legado del honorable Juan Pérez Giménez por tantos años dedicados al servicio público. Fue un defensor antes de ser juez, un interrogador incisivo, un escritor cuidadoso y modelo de dignidad y civismo", indicó Muldrow.