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Vecinos de Vega Baja y Dorado se unen a demanda por destrucción ambiental

Los residentes de las Urbanizaciones San Demetrio y Villa Real, también repudiaron el corte de árboles en el área de Cerro Gordo.

La demanda original fue presentada por una usuaria de las instalaciones del balneario de Cerro Gordo, a la que también se unió el municipio de Toa Alta.
Foto: CyberNews

Un grupo de vecinos de Vega Baja y Dorado anunció este domingo que formarán parte de la demanda presentada por residentes de Vega Alta y su alcalde Oscar “Can” Santiago contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) por la llamada “Masacre Ambiental” de Cerro Gordo.

Aracelis Mercado Pagán, Renaldo Córdova Ramírez y Luz Crespo Otero, acompañados por el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz y el representante Rafael “Tatito” Hernández, todos vecinos de las Urbanizaciones de San Demetrio y Villa Real, repudiaron la realización de actos de poda y corte de árboles en el área de Cerro Gordo en el Municipio de Vega Alta, bajo el pretexto de remover escombros.

“Como pueden ver las sierras de la infamia llegaron a Vega Baja, la masacre ambiental por parte del Gobierno arropa a toda la isla. No se trata solo de los pueblos de Aguadilla, Humacao y Vega Alta. Ahora estamos atravesando esta situación en Cerro Gordo, y ante estas circunstancias estamos haciendo sentir nuestra voz de manera oficial, uniéndonos a esta demanda para defender nuestros recursos naturales”, manifestaron los vecinos en una declaración escrita.

“Como residentes de Vega Baja y Dorado nos unimos en los tribunales a la demanda incoada por los vecinos de Vega Alta en su reclamo de transparencia y rendición de cuentas. Exigimos que se nos entreguen los documentos y pruebas científicas certificadas por profesionales en la Isla que validen y justifiquen la poda de los árboles en nuestras facilidades. No solamente nos unimos de forma solidaria como usuarios de todas las facilidades en Vega Alta, Vega Baja y Dorado, sino que también reclamamos nuestro derecho como ciudadanos que residen en esta área”, sostuvieron los compueblanos, al tiempo que añadieron que el mecanismo legal utilizado para unirse a la demanda es la intervención.

Por su parte, el representante Rafael “Tatito” Hernández explicó que el recurso legal incluye una demanda a la secretaria de Recreación y Deportes, Andriana Sánchez Parés, y al Secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, ambos en su capacidad oficial por ser los funcionarios que han autorizado –presuntivamente por vía contractual– la realización de dicha poda.

“Mientras esto ocurría en Vega Alta, estas agencias, en convenio y a través del mismo contratista de Mississippi, talaron árboles indiscriminadamente en los parques ubicados en la urbanizaciones San Demetrio en Vega Baja y Villa Real en Vega Baja,”, añadió por su parte el Alcalde de Vega Baja.

Los líderes comunitarios y residentes explicaron que mediante una oportuna solicitud, se podrá permitir a cualquier persona intervenir en un pleito cuando la reclamación o defensa de la persona solicitante y el pleito principal tengan en común una cuestión de hecho o de derecho.

“El espíritu y la aplicación de esta figura procesal procura conciliar, por un lado, la economía procesal al atender diversos asuntos de manera conjunta y, por otro lado, la necesidad de que los casos culminen en un tiempo razonable. De esta forma, ya nuestro Tribunal Supremo ha dicho que ‘el criterio que se utilizará para determinar si se permite o no la intervención de una parte depende del interés en la economía procesal representada por la solución en un solo pleito de varias cuestiones relacionadas entre sí y el interés en evitar que los pleitos se compliquen y eternicen innecesariamente’. Se trata de un concepto práctico, más que conceptual para facilitar los reclamos en los tribunales”, dijo el representante Hernández.

“Puerto Rico es un país de ley y orden, este crimen tiene que tener consecuencias administrativas como penales, esperamos que estos actos no se queden impunes”, concluyó Hernández.