No han recibido dinero del CARES Act, ni pruebas del COVID-19 o compromiso por parte del gobierno de Wanda Vázquez Garced, quien fue procuradora de las mujeres.

A siete meses de la pandemia del COVID-19, los albergues que atienden a víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico no han recibido ni un solo centavo de los más de $2,000 millones en fondos federales que el Gobierno de Puerto Rico obtuvo y debía repartir para atender esta emergencia de salud pública.

A la misma vez, los albergues han tenido que conseguir pruebas para detectar el COVID-19 por su cuenta y a precio regular, ya que el Departamento de Salud incumplió con su compromiso de proveerlas cada dos semanas.

Estos albergues tampoco fueron incluidos en marzo dentro de la primera Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced como servicios esenciales, por lo que los servicios a las víctimas se rindieron con miedo a un arresto.

Dicho de otra forma, el gobierno dejó a su suerte a estos albergues y entidades sin fines de lucro, que son quienes único rinden este servicio en Puerto Rico.

“Fue un reto aún mayor para nosotras, porque teníamos que preparar un espacio lejos de la población, porque la recomendación de CDC [los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades] y HUD [Departamento de Vivienda federal] es que no se recomiendan los espacios congregados, ¿pero si no tienes albergue, cómo puedes atender a las víctimas. Creamos un espacio que limitaba a su vez los espacios que teníamos para recibir más participantes”, explicó Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth.

Flores abundó que hay un fondo de alrededor de cinco millones de dólares de la Ley federal CARES del que podrían recibir el dinero para estas mejoras, pero no han tenido respuesta por parte del gobierno estatal.

Tanto Flores como Vilmarie Rivera, presidenta de la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico Inc., explicaron que presentaron una propuesta por tres meses, que atendía el componente médico y el componente psicosocial.

Estos fondos ayudarían a extender la administración de pruebas para detectar el COVID-19 a las participantes, que por espacio de tres semanas fueron subvencionadas con los recursos limitados de los albergues. No obstante, luego de ese periodo no han podido retomarlas por falta de dinero.

Este abandono —que se alertó hace meses— resurgió hoy durante una conferencia de prensa de la red, en la cual presentaron una investigación que visibiliza los retos, las necesidades y las fortalezas de los albergues en el contexto de la pandemia del COVID-19.

El estudio fue realizado por jóvenes integrantes de Mentes Puertorriqueñas en Acción y SIEMPRE VIVAS Metro, quienes entrevistaron a las directoras de estos albergues y otros funcionarios.

De acuerdo Alejandro Rodríguez Putnam, albergar a una familia por tres meses en estos espacios puede costar entre $6,500 a $9,000 y, mientras el gobierno federal asigna dinero y recursos, es el gobierno estala el que lo recorta.

“El gobierno no está funcionando como un facilitador, sino que está revictimizando en el proceso. Estos recortes representan problemas estructurales”, declaró Rodríguez Putnam, uno de los investigadores.

Por su parte, Noemí Rivera Acevedo recomendó que se debía declarar un estado de emergencia para atender la violencia de género, porque de esa forma se le otorgaría la importancia y los recursos requeridos al problema.

Como parte de las recomendaciones del análisis, se sugirió al gobierno que permita la participación de las entidades sin fines de lucro en la toma de decisiones y que se capacite al personal gubernamental para lidiar con incidentes de violencia de género.

“Requiere deconstruir el problema desde el inicio y eso empieza con la educación, un énfasis en la educación con perspectiva de género”, afirmó Rivera Acevedo.

Las jóvenes Nicole Mendoza y Yulianna Otero completaron el grupo de investigadores. Para leer la investigación, presione aquí.

Según Rodríguez Putnam, la investigación iba a ser publicada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), pero “desde arriba pararon la publicación. La leyeron y vieron que no les era favorable publicar la información”.

La conferencia de prensa surge en momentos en que tanto la Gobernadora —quien fue procuradora de las mujeres— como la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo han intercambiado críticas porque a fin de cuentas ninguna de las dos ha atendido el problema de violencia de género con agilidad y eficiencia.

En los pasados días, se reveló que 21 mujeres han estado desaparecidas en Puerto Rico, de las cuales 15 son menores de edad. Usuarias de la red social Twitter también han denunciado patrones de acoso a través de otras plataformas, como Instagram, así como la continua muerte de mujeres a manos de sus parejas, exparejas o conocidos.

Hace un año, Vázquez Garced declaró una “Alerta Nacional” por violencia de género, pero Boria Vizcarrondo destacó que fue un anuncio sin consecuencia porque no se le instruyó a las agencias que tomaran acción. Aunque la Primera Ejecutiva dijo que esperaba más del desempeño de la Procuradora, esta última alegó que el trabajo en su oficina a continuado sin interrupciones, pese a que se le siguen recortando fondos de operación.