Ante el repunte de casos de COVID-19 en otros países, la Gobernadora implementará normas en el aeropuerto, que obligará una cuarentena de 14 días a viajeros que no tengan una prueba negativa del virus.

Una cuarentena obligatoria, pero con una implementación relegada a los ciudadanos, y un programa de rastreo complementario forman parte de las nuevas medidas impuestas por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19, aplicables a toda persona que llegue a Puerto Rico a través de un aeropuerto.

Los decretos suponen atender la preocupación de salubristas, expertos e integrantes del “Task Force” Médico que apuntan al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, como un foco de contagio de este mortal virus que ha cobrado la vida de más de 500,000 personas a nivel mundial, por la ausencia de control sobre sobre las personas que ingresan al país.

Sin embargo, la manera en que se implementarán estos protocolos dejará en manos de los viajeros y sus anfitriones —sean familiares, hoteles o alquileres a corto plazo— el cumplimiento a cabalidad de estas determinaciones, ya que el Departamento de Salud confesó carecer de la capacidad para llevarlo a cabo por su cuenta.

Las medidas, que entrarán en vigor el 15 de julio en una Orden Ejecutiva (OE), son encabezadas por la obligación a todo pasajero —residente o visitante— a presentar una declaración de viaje y una prueba negativa molecular de COVID-19 realizada dentro de las 72 horas previo a su llegada, al igual que el uso obligatorio de una mascarilla.

Quienes carezcan de una prueba molecular de COVID-19, deberán pasar por el proceso de cernimiento en el aeropuerto establecido por la Guardia Nacional, para que se le administre la prueba serológica. Ese procedimiento continuará como una opción voluntaria para los pasajeros, aunque, será mandatorio para quienes no muestren la prueba de antemano.

De resultar positiva la prueba serológica, al visitante se le realizará la prueba molecular. Mientras la persona espera por los resultados, deberá permanecer en cuarentena por 14 días, momento en que la responsabilidad del Estado es cedida al ciudadano y a su custodio.

“Hay un ‘host responsibility’ [responsabilidad del anfitrión]. Esos anfitriones, hoteleros y dueños de alquileres a corto plazo también tienen una responsabilidad con esas personas que se van a estar alojando. Tienen que ingresar la información de cada persona en su hospedería y el estatus de viaje de esos viajeros”, declaró la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos Vidal.

Vázquez Garced, por su parte, subrayó en la responsabilidad del viajero, en la medida en que a ellos se les exige una molecular para llegar a Puerto Rico, pero el Estado recurre a una serológica en primera instancia para atender a quienes arriben sin haberse administrado pruebas.

“La responsabilidad es del que llega, del que viene aquí. La responsabilidad es del viajero. Eso es lo que Puerto Rico está imponiendo para venir a Puerto Rico. Queremos que todas las personas que quieran venir, vengan. La responsabilidad es de la persona que viene. Tiene que hacerse la prueba, tiene que ser negativa. Si llega sin ella, va a cuarentena de 14 de días”, recalcó la Primera Ejecutiva.

De acuerdo a Vázquez Garced, si un viajero llega a Puerto Rico con una prueba molecular positiva, “no puede venir. Tiene que hacer los arreglos para cambiar el pasaje. Con una prueba positiva no puede venir a Puerto Rico”, pero no explicó implementarán dicha directriz.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, insistió en la responsabilidad ciudadana, a toda vez que resumió que los viajeros con síntomas tienen que someterse a la cuarentena de 14 días.

“En esos 14 días, a tu responsabilidad y a tu costo, en los laboratorios de la periferia, incluyendo el Departamento de Salud, usted se hace la prueba. Si usted quiere salir de la cuarentena, demuestre la prueba negativa a través del portal SARA Alert o una llamada al Departamento de Salud, que le daremos el mecanismo para comunicarlo”, expresó González Feliciano.

Una aplicación digital

La iniciativa se sustentará con un componente digital. Por un lado, la CTPR enviará el documento que establece la declaración de viaje a las aerolíneas y agencias de viaje para entregarlo a los viajeros.

Campos Vidal señaló que idealmente los viajeros completarán y enviarán el formulario por internet, ya que esa información se integrará a la aplicación “SARA Alert”, una colaboración entre Salud y la empresa que administra el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, Aerostar Airport Holdings (Aerostar), que servirá como base de datos y para el seguimiento de los posibles contagios.

Salud seleccionará los casos a los que se les dará seguimiento de forma aleatoria, por lo que no cubriría a la totalidad de los visitantes.

“Toda esa data sube a la plataforma SARA Alert, que es la plataforma que usa el Departamento de Salud y todos los pasajeros, el 100 por ciento de ellos, va a formar parte de un programa de monitoreo o vigilancia, que van a estar recibiendo de manera automatizada mensajes de texto con unas preguntas diariamente para monitorear su condición de salud y si presentan algún tipo de síntomas. Eso le permite al Departamento de Salud reconocer si hay algún caso. Si uno no reportó sus síntomas ese día, ya es una bandera roja y esa persona entonces puede ser elegible para este programa de vigilancia”, explicó Campos Vidal.

Los funcionarios esperan tener la aplicación lista para el 15 de julio, el día en que entraría en vigor, por lo que no tuvieron un modelo disponible para mostrar a la prensa.

El Secretario de Salud reconoció que se requeriría una logística mayor si la agencia tuviera que dar seguimiento a todas las personas que lleguen al aeropuerto, pues a diario se estiman entre seis mil a nueve mil pasajeros. Por esa razón, escogerían de forma aleatoria una “muestra representativa”.

En síntesis, los residentes o visitantes que lleguen a la Isla por el aeropuerto en Carolina tendrán la obligación de presentar una comprobación de que no portan el COVID-19 o tendrán que comprometerse a realizarse la prueba en la Isla. Sin embargo, no todos tendrán un trámite posterior con la máxima autoridad de salud de la Isla.

Más personal

Para la encomienda, Salud contratará a 350 personas que ayuden con el seguimiento y rastreo de casos de forma telefónica y presencial, pese a que desde hace unos tres meses cuentan con un banco de talento de 500 estudiantes de medicina y salud con interés en llevarlo a cabo de forma voluntaria.

NotiCel recibió confirmación por parte de una persona que intentó ser voluntaria que, el 24 de marzo, Salud abrió una convocatoria para estudiantes de medicina, con el propósito de que colaboraran en la entrevista de personas contagiadas con el virus en la Isla y su debido seguimiento.

Sin embargo, la única respuesta que recibieron en ese entonces fue de la profesora a cargo de la iniciativa, quien les indicó que era ella quien revisaba las más de 500 solicitudes entre sus demás tareas, por lo que tardaría en responder. Algunos recibieron ese mensaje de confirmación un mes después, en abril. Desde ese entonces, hasta el presente, o sea, tres meses después, no han recibido una llamada.

Estos estudiantes habían tomado cursos en línea de rastreo de contactos de la Universidad John Hopkins como requisito de esta convocatoria, pero no recibieron llamada alguna.

La inversión incluye 200 computadoras y 300 celulares, así como la compra de 100,000 pruebas moleculares a la empresa Quest Diagnostics por un total de $7.5 millones. Esto equivale a $75 por cada prueba. Los fondos provienen de la Ley federal CARES, aprobada en el Congreso de los Estados Unidos para atender la pandemia.

La Directora Ejecutiva de la CTPR añadió que los viajeros recibirán mensajes de texto diarios con preguntas sobre su condición de salud y de sus síntomas, los cuales están obligados a contestar. De no contestar, se le enviarán recordatorios para que lo haga. De persistir su incumplimiento, la persona se expone a una multa ascendente a $5,000 por violar la Orden Ejecutiva.

“Aquél que no conteste la pregunta, se expone a una violación a la Orden Ejecutiva. Es decir, que tiene una responsabilidad la persona y cuando se le notifique que va a ser parte de ese monitoreo, la persona tiene que saber que si incumple y no contesta las preguntas, se arriesga a una violación a la Orden Ejecutiva con las responsabilidades civiles y criminales que pueda contar la misma”, intervino la Gobernadora.

Las medidas aplican al aeropuerto internacional en Carolina, al aeropuerto internacional Rafael Hernández, en Aguadilla, y al aeropuerto internacional Mercedita, en Ponce. Empero, la instalación en Carolina continuará como la principal a la hora de recibir pasajeros, ya que la apertura de los demás aeropuertos fue aplazada por la Autoridad de Puertos.

Vázquez Garced ofreció la conferencia de prensa en el Terminal A de Jetblue, en Carolina, a modo de continuar su práctica de celebrar conferencias de prensa en lugares privados que estuvieron cerrados por la pandemia y que luego de su anuncio reabrirán sus puertas.

Previamente, la Gobernadora realizó conferencias de prensa sobre reaperturas y modificaciones en medio de la pandemia en el Centro de Bellas Artes, de Santurce, y en Caribbean Cinemas, en Montehiedra.