La pandemia vuelve a colocar sobre el tapete la necesidad de que la Isla revise sus políticas agrícolas y dependencia de las importaciones, según expertos.

Después de zarandear la economía mundial y crear un caos salubrista, el COVID-19 ahora parece acercar a la humanidad a la inseguridad alimentaria, que resurge -en parte- por en el desempleo y por las interrupciones en las líneas de suministros.

El impacto socioeconómico de la pandemia en América Latina y el Caribe podría dejar alrededor de 14 millones de personas vulnerables al hambre este año, advirtió el mes pasado el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

La organización reconoció que el hambre podría amenazar al doble de personas vulnerables debido a las repercusiones económicas de la crisis de salud mundial. Específicamente, detalló que el número de personas que sufren de hambre en el mundo podría duplicarse, "llegando a más de 250 millones para fines de 2020".

El World Institute for Development Economics Research también señaló que una caída del cinco por ciento del producto bruto interno colocaría a otros 85 millones de personas en la pobreza extrema.

En la Isla, la crisis de salud pública llegó en un momento de precariedad económica. El país atraviesa por una quiebra gubernamental y la economía isleña se encuentra en recesión desde hace más de una década. La pobreza y el hambre también quedaron destapadas en medio del manejo del huracán María, cuya furia devastó el país causando daños que excedieron los $90,000 millones.

Entonces a inicios de año empezó a estremecer el país una secuencia sísmica, que causó el terremoto del 7 de enero, y que todavía mantiene en vilo a los residentes de la región sur de la Isla.

Previo a la pandemia, la tasa de pobreza infantil en Puerto Rico rozaba el 58 por ciento y un estudio del Instituto del Desarrollo de la Juventud, (IDJ, por sus siglas) presentado en mayo reflejó que la crisis de la pandemia podría aumentar esa tasa hasta 8 puntos porcentuales, llevándola a un 65 por ciento de no materializarse las ayudas estatales y federales prometidas. Esto, según el estudio, significaría que 244,000 personas estarían sumergidas en la pobreza, entre ellas, 43,000 niños y niñas.

“El desempleo ha agudizado todo. Luego tenemos la escasez de alimentos, eleva los precios de lo que compras en el supermercado. A esto se suma, la interrupción en la cadena de alimentos. Si el 85 por ciento, más o menos, de los alimentos que consumimos vienen de los Estados Unidos, si hay problemas allá, vamos a tener problemas acá y lo poco que llegue subirá el costo”, indicó a NotiCel la demógrafa Judith Rodríguez.

La crisis de salud pública global provocó un desequilibrio entre la oferta y demanda, que impulsó un aumento en la canasta de los comestibles básicos. En Puerto Rico, por ejemplo, los consumidores notaron rápidamente como el precio de las carnes y los huevos se encareció en la Isla en medio de la pandemia.

Rodríguez planteó otro problema: la baja tasa de natalidad que existe actualmente en Puerto Rico y que pudiera agravarse en medio de la crisis de salud y la inseguridad alimentaria. Destacó que para el año 2000 hubo 60,000 nacimientos, mientras que el año pasado solo hubo 20,000.

“Eso lo que va a asegurar es que Puerto Rico sea un país sin gente y todo eso va a tener repercusiones, porque tener un hijo va ser una carga, por la cuestión alimentaria y las escuelas, los trabajos de los padres. Todos estos escenarios van complicando la cosa”, acentuó.

El economista Heriberto Martínez reconoció que una caída en el producto interno bruto incidirá en el nivel de pobreza, pero el segundo factor que le causa mayor preocupación es la manera como se afectará la cadena de alimentos.

Subrayó que cuando el buque mercante 'El Faro' se hundió, hubo escasez en grandes centros de ventas de alimentos locales sencillamente porque un barco no llegó a su destino.

“El punto real es el de cómo llega el alimento a Puerto Rico y si una pandemia o catástrofe provoca que los barcos no entren, podríamos enfrentar una situación muy difícil. Ya estamos viendo que hay problemas para los suplidores, los productores y cadenas de distribución, para poder ofrecer lo que ese estaba ofreciendo antes”, apuntó.

Ante esta situación, Martínez y Rodríguez propusieron destinar mayores recursos a la producción agrícola local y repensar las políticas económicas para evitar la dependencia en las importaciones.

“En el hogar va a haber una restricción presupuestaria. En Puerto Rico hay gente pasando hambre, lo he hablado con alcaldes y hay hambre, y han habido asignaciones y programas especiales de dinero para compra de alimentos durante la pandemia, pero eso fue en un momento. Aquí hay gente que está pasando situaciones difíciles en sus casas”, aseveró Martínez.

Por esa razón, un grupo de madres y organizaciones sin fines de lucro que demandó al Departamento de Educación para que abriera todos los comedores escolares del sistema de educación público.

En la demanda, el colectivo argumentó que al inicio del semestre escolar el Departamento de Educación tenía una matrícula de 259,369 estudiantes. De esta cifra, cerca de 180,000 estudiantes vivía bajo los niveles de pobreza antes de la pandemia.

Al ordenar al secretario de Educación, Eligio Hernández, que reabriera los comedores escolares, el juez Anthony Cuevas Ramos concluyó que "existe un deber ministerial del Estado de alimentar a las personas que lo necesiten mientras dure el estado de emergencia en el cual se mantiene sumido el país".