Un informe alega que se proporcionaron ventajas injustas a una empresa con experiencia limitada en la isla

Un informe publicado por Tom Sanzillo, del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, por sus siglas en inglés) e Ingrid Vila Biaggi, de CAMBIO, alega que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adjudicó un contrato lucrativo para conversión y entrega de gas natural a una planta de generación eléctrica de Puerto Rico mediante un proceso plagado de irregularidades.

Según alegaron, el reporte muestra que se proporcionaron ventajas injustas a una empresa con experiencia limitada en la isla.

La adjudicación del contrato para sustituir el diésel por gas natural en las unidades 5 y 6 de la central San Juan fue otorgado a New Fortress Energy (NFE). Esto luego de un extenso tracto de comunicación y contacto entre la empresa y la AEE fuera del proceso regular de licitación. Según los autores, el contrato proporciona otro ejemplo de la mala administración y la falta de rendición de cuentas que han llevado a la agencia y al territorio a su actual estado de insolvencia.

“Este es el primer proyecto de envergadura de la AEE relacionado a generación desde los huracanes. Después de los serios escándalos contractuales anteriores, resultaba importante que la AEE reestableciera la confianza pública en que la agencia había aprendido de las experiencias previas de mala administración y escándalos. En este caso, vemos que la AEE ha fracasado”, dijo en declaraciones escritas, Tom Sanzillo, director de Finanzas de IEEFA.

Agregó que según los hechos recopilados, la AEE debe rendir cuentas por el acceso injusto que le otorgó a NFE previo a la adjudicación del contrato. “Encontramos un patrón de reuniones que NFE tuvo con la AEE y sus consultores que no se le concedió a ningún otro licitador. Los hechos plantean serias dudas sobre la información proporcionada a otros licitadores y la forma en que se llevó a cabo la evaluación. Hay demasiadas banderas rojas para permitir que este contrato proceda sin más escrutinio”, expresó Sanzillo.

Indicó que el proyecto, completado el 22 de mayo, luego de meses de demoras, apunta a que la AEE probablemente incumpla con los objetivos de energía renovable y sostenibilidad a medida que prolonga la dependencia de su red eléctrica en generación a base de combustibles fósiles.

Por su parte, Vila Biaggi enfatizó que “nuestra evaluación de documentos públicos muestra que la Autoridad implementa un enfoque fragmentado, proyecto por proyecto, que abre la puerta a que intereses externos impulsen sus propios proyectos y hace más probable que la AEE sobre-construya su sistema de generación y no cumpla con los objetivos de energía renovable”.

Señaló además, que el análisis de documentos públicos obtenidos a través de litigio por IEEFA y CAMBIO, muestra que la AEE no solo ignoró sus propias reglas, sino que tampoco llevó a cabo evaluaciones rigurosas sobre los impactos ambientales, de seguridad y salud del proyecto.

Asimismo, alegaron que la AEE no realizó un análisis económico o fiscal para mostrar cómo la conversión de gas ahorraría dinero a los consumidores. Tampoco exigió esos ahorros como parte del contrato. NFE afirmó que el proyecto ahorraría 285 millones de dólares anualmente, cantidad por encima del estimado de la AEE de 150 millones de dólares por año y muy por encima del estimado de la Junta de Control Fiscal (JCF) en su carta de aprobación.

“La AEE continuó con las conversiones a gas natural de las unidades San Juan 5,6 sin un estudio de deseabilidad y conveniencia, a pesar de que era requerido por su propia reglamentación. También procedió sin una declaración de impacto ambiental que hubiera activado un proceso de participación pública. Las comunidades vecinas se enteraron del proyecto a través de los de los medios, luego de que se adjudicó el contrato. Los riesgos asociados al aumento en el tráfico de embarcaciones de gas natural en la Bahía de San Juan, así como la evaluación de alternativas más sostenibles, como la energía solar en techos y el almacenamiento, se barrieron debajo de la alfombra”, agregó Vila Biaggi.

Puntos a destacar del informe:

Por otro lado, indicaron que el informe hace un llamado a que se revoque el contrato y a una evaluación inmediata por un grupo de trabajo oficial compuesto por agencias federales y estatales de ley y orden público, así como entes reguladores, como la Oficina de la Fiscalía Federal, el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores, el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos y la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

El grupo de trabajo debe incluir personas con peritaje legal y penal, de Puerto Rico y de los Estados Unidos, independientes y de buena reputación para garantizar la transparencia y la confianza.

Además, el informe recomienda establecer un Inspector General Independiente (IPSIG) para la AEE.

Lea el informe aquí: