[ANÁLISIS]

Lo que pudo haber sido solo otro caso que evidencia cómo unos individuos tomaron por asalto la administración pública de Puerto Rico para el beneficio de intereses particulares, realmente es mucho más y no debe quedarse en un pase de página porque, incluso, revela por qué el confinamiento que se nos ha impuesto por la pandemia del coronavirus, y sus consecuencias sociales y económicas terribles, puede durar mucho más, y ponerse mucho peor, de lo que hemos visto hasta ahora.

Primero, hay bases incuestionables que recordar. El distanciamiento social es una medida recomendada científicamente en casos de pandemia. Pero no es encerrarse por encerrarse, es encerrarse en función de ganar tiempo para unas tareas críticas: realizar pruebas en masa, identificar infectados, aislarlos, rastrear sus contactos y también tratarlos y dar tiempo a que el sistema de salud o se prepare o que no colapse bajo un golpe súbito de casos críticos. No se atiende la pandemia solo encerrándonos, se atiende minimizando contactos mientras las autoridades aplican otras estrategias para contener el avance del virus.

Por eso, las declaraciones durante el fin de semana en NotiCel y otros medios de la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, tienen tantos dobleces preocupantes.

Y, qué bueno que la exfuncionaria no hizo “buche”, como comentó controversialmente el ex “súper secretario” del exgobernador Pedro Rosselló y luego “súper contratista” de varias administraciones, Carlos Pesquera. Porque, al no hacer “buche”, a lo mejor no le llueven contratos, pero da un baño de claridad desinfectante para saber realmente dónde estamos parados en la lucha contra el COVID-19.

¿Quién manda aquí?

Antes del 2020, vale la pena hacer parada en el 2018, cuando un artículo de El Nuevo Día volvió a presentar una práctica que ya corría por varias administraciones, el uso de agencias privadas de recursos humanos para suplir posiciones en el gobierno, en vez de llenar posiciones mediante contratación directa en el gobierno.

En el caso de Salud, se trata de la agencia Manpower y en ese artículo quedó enfocado que una de las áreas de la agencia cuya estructura estaba suplida por personal temporero era epidemiología.

Entonces, el equipo gubernamental que se supone sea nuestra reserva para luchar contra la pandemia del coronavirus carece de institucionalidad ya que su equipo está compuesto por contratos temporeros y, como puntualizó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), su jefa, la Epidemióloga del Estado, no tenía credenciales convincentes en epidemiología.

Esto se podría capear si Salud, en su dirección, tuviera la visión y capacidad requerida, pero entonces nos topamos con la figura de Mabel Cabeza, “chief of staff” del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, quien fue objeto de varias investigaciones periodísticas, y quien queda contundentemente expuesta por Quiñones de Longo en las declaraciones que hizo tras su renuncia al cargo como jefa de Salud.

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Según Quiñones de Longo, aún estando en Salud, Cabeza no ha dejado de ser una criatura de La Fortaleza. Está evidenciada su relación estrecha con el cabildero Elías Sánchez Sifonte, miembro del chat de Telegram que acabó con la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares y artífice de este como candidato político.

Esa acción de Fortaleza de imponer una mano derecha a un secretario de agencia tiene eco en las denuncias de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, quien dijo que también se encontró que su staff de confianza en la agencia no era de ella sino que venía como designación política del Partido Nuevo Progresista.

Además, Cabeza es evidencia de cómo el cambio de gobernadores entre Rosselló Nevares y Vázquez Garced no implicó que había cambiado la estructura de gobierno.

Con Rosselló Nevares, Cabeza era la persona de contacto de Salud para la Junta de Control Fiscal y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), y con Vázquez Garced era una persona “indispensable” para Fortaleza.

Según Quiñones de Longo, Fortaleza la llamó para que no la sacara del Departamento a los cinco minutos de ella decirle a Cabeza que tendría que irse porque no tenía su confianza luego de la salida de Rodríguez Mercado como jefe de la agencia.

Quiñones de Longo menciona otros dos incidentes que gritan esa continuidad, ambos relacionados con BDO, la firma de consultoría que tuvo bajo Rosselló Nevares decenas de contratos millonarios en el gobierno hasta que su presidente fue acusado por las autoridades federales y comenzó un esfuerzo público de la administración por desvincularse de los consultores.

Pero, la ahora exsecretaria interina Quiñones de Longo dijo que se convirtió en “non grata” cuando no permitió que a BDO se le aumentara un contrato y bloqueó otro contrato de $200,000 que Cabeza quería otorgarle a una persona de BDO que había quedado desempleada tras la debacle por la acusación federal.

Ha trascendido que Cabeza acabó otorgando de todos modos un contrato de $100,000 a la persona.

Quiñones de Longo también canceló el contrato de Roberto González, quien servía como consultor de Rodríguez Mercado a la vez que maneja en el sector privado la empresa Medical Cannabis y Academic Science of Puerto Rico.

La exfuncionaria, quien fue una fugaz secretaria interina, pero una veterana subsecretaria de 45 años en el servicio público, da otros tres puntillazos a la Gobernadora sobre esto: a) fue la Gobernadora misma la que dijo que se podía acomodar a Cabeza en otra agencia tras quitársele autoridad en Salud, lo que ocurrió, solo para que Cabeza acabara destacada en Fortaleza interviniendo precisamente en la gestión de Quiñones de Longo en Salud, b) fue Marisol Blasco, ayudante de la Gobernadora, la que pretendió obligar a la secretaria interina de Salud a firmar un contrato millonario para comprar ventiladores que llegarían a la isla en un año, cuando ya no serían útiles para atacar la pandemia, y c) a la secretaria interina le “desilusionó muchísimo” escuchar a la Gobernadora decir que no sabía que Cabeza y Sánchez tuvieran relación (la esposa de Sánchez, Valerie Rodríguez, fue una colaboradora constante de Vázquez Garced cuando esta era Procuradora de la Mujer y además Quiñones de Longo da cuenta de la presencia en el Departamento de Salud del padre de esta, el exsenador Charlie Rodríguez).

¿Nos estafan con las pruebas?

El episodio con Quiñones de Longo explotó cuando se revelaron mensajes suyos cuestionando qué había pasado con 500 pruebas que se supone el laboratorio Quest entregara al Departamento de Salud y acabó entregando al ‘task force’ de médicos que la Gobernadora nombró.

La “contraorden” de no entregar a Salud vino de una persona que no está identificada, y Cabeza indicó que quien recibió las pruebas fue Adil Rosa, secretaria auxiliar de Administración de Salud.

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Esta vía paralela de manejo en las agencias sin el conocimiento de los secretarios tiene otro eco, vigente y bajo la misma gobernadora Vázquez Garced, en el caso del Departamento de la Familia y la distribución de ayudas a los damnificados de los terremotos del suroeste mediante coordinación con legisladores y políticos. Así lo expuso la destituida secretaria de esa agencia, Glorimar Andújar ante la Legislatura apenas hace semanas.

Pero además de la informalidad en el manejo de material tan crucial como pruebas del COVID-19, las declaraciones de Quiñones de Longo prueban lo huecas y falaces que han sido las declaraciones del gobierno sobre cuándo llegan las pruebas.

La propia exfuncionaria dice que apenas se han completado órdenes con Quest, pero plantea la duda de que Quest le ha vendido decenas de miles de pruebas a varias dependencias públicas municipales. Sin embargo, solo han entregado un puñado.

“[C]omo que nos está vendiendo el mismo producto a todo el mundo y a todo el mundo le daban por cuentagotas unas poquitas (pruebas)”, dijo la exfuncionaria sobre Quest en entrevista con el analista Jay Fonseca.

En la tercera semana de encierro, no ha empezado el rastreo

Ante las preocupaciones sobre la incapacidad institucional de Salud para atender la pandemia y a las declaraciones sobre cómo las órdenes y contratos de las pruebas pueden ser un espejismo de parte del suplidor, se suma que en la conferencia de prensa del “task force” médico el sábado pasado, se confesó que todavía no se ha establecido un sistema de rastreo de pacientes.

En la tercera semana del distanciamiento social forzado, todavía Puerto Rico no está haciendo la cantidad de pruebas que debe hacer y no está haciendo el trabajo de seguimiento y rastreo de los casos positivos para contener proactivamente la propagación del virus en la Isla.

De más está decir, como demuestran las expresiones de Quiñones de Longo, que tampoco ha existido liderato en Salud, para atender la pandemia.

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La falta de información no se limita a lo clínico de las pruebas. No hay certeza sobre elementos de primera importancia en la pandemia como la cantidad de camas de cuidado intensivo y de ventiladores artificiales que hay.

Estas dos piezas de información, nada más, serían determinantes para saber cuán riguroso y extenso sería el encierro porque revelan cuán preparado, o no, está el sistema de salud.

Esos no son los ingredientes para un encierro bien aprovechado. Son los ingredientes para dos semanas de fragmentación social y descalabro económico desperdiciadas… y para vaya usted a saber cuántas semanas más de mantenernos en casa porque el gobierno no tiene su casa en orden.