La desaparición de las galleras en Puerto Rico como parte de la legislación convertida en ley por el presidente Donald Trump en la que se prohíben las peleas de gallos no solo amenaza las finanzas del aparato gubernamental, sino que más directamente pone en riesgo la sobrevivencia de las ya maltrechas finanzas municipales.

Un esudio de nombre 'El impacto económico en Puerto Rico por la industria de las peleas de gallos' y que analizó las consecuencias de la eliminación de esa industria en la isla, hace mención sobre unas 70 galleras que estarían cerrando sus puertas en 45 municipios. Particularmente, el cierre de esos establecimientos ocurre al mismo tiempo que se discuten movidas como la creación de condados para ofrecer servicios a los ayuntamientos en aras de mermar la carga que esos llevan. La medida de los condados propone la clasificación de los municipios en cuatro niveles:

Primer nivel: los ayuntamientos clasificados en este nivel no ofrecerán servicios a sus residentes.

Segundo nivel: municipios bajo este nivel proveran únicamete servicios de desarrollo comunitario enfocados en la cultura y lo deportes.

Tercer nivel: ayuntamientos en esta catagoría ofrecerán servicios de desarrollo económico como turismo y planificación.

Cuarto nivel: añade servicios de mayor costo pero basados en la capacidad de recursos del municipio.

Pese a que todavía no se han divulgado cuáles son los municipios que estarán clasificados bajo uno u otro nivel, se conoce de antemano los pueblos con la peor salud fiscal. Un estudio del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey reveló hace meses los altos salarios que devengan los ejecutivos municipales en Puerto Rico pese a la maltrecha economía que atraviesan. Particularmente, el esudio menciona a los pueblos de San Juan, Arecibo y Adjuntas como algunos de los pueblos con la peor salud fiscal pero en los cuales sus ejecutivos municipales devengan altos salarios.

En contexto Arecibo, pueblo que lidera el alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) Carlos Molina, es el ayuntamiento con el mayor número de galleras en Puerto Rico con cinco de estos establecimientos. De igual modo, es uno de los pueblos con el mayor nivel de desempleo con 13.2% y con peor nota otorgada en relación a su salud fiscal, la cual es clasificada con F. Sin embargo, lejos de la crisis fiscal que se vive en el pueblo, Molina aumentó su salario, devengando $61,334 anuales pese a que el sueldo promedio anual de una persona en su municipio es de $9,438. El cierre de las cinco galleras establecidas en ese pueblo implica elevar la ya alta cifa de desempleo y restar al presupuesto estimado de ingresos que según indica el pasado presupuesto del ayuntamiento, ronda en los $38,514, 087.

La reducción de esos ingresos debe preocupar gandemene al Ejecutivo municipal no solo por la merma de recaudos, sino porque según su presupuesto, el municipio además de operar en deficit, contempla los $38,514,087 en sus totalidad para continuar con los servicios que ofrece. Dicha cifra se afectará con el cierre de estos establecimientos el próximo mes de diciembre, según la medida convertida en ley por Trump.

Otro de los pueblos mencionados es San Juan. La capital, liderada por la alcaldesa del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz Soto, mantiene las puertas de dos galleras abiertas. Pese a que Cruz Soto ha adelantado que no intervendrá con esa industria, las agencias federales han dejado claro que cumplirán con la tarea de frenar las peleas de gallos.

Cruz Soto devenga el salario más alto entre los ejecutivos municipales con $124,992 anuales, el pueblo mantiene un desempleo de 7.6% y además tiene una calificación de D en su gestión. El cierre de las dos galleras en ese municipio agravaría la cifra de desempleo y de igual modo, podría afecar los $435,707,777 asignados para operar el ayuntamiento en el último pesupuesto certificado por la Legislatura Municipal.

Hay un total de 70 galleras en toda la isla que verán cerrar sus puertas en municipios como Carolina, Las Marías, Bayamón, Morovis, Ponce, Coamo, Caguas, entre otros. El cierre de estos establecimientos implicaría la reducción de 3,447 empleos directos, según establece el estudio.

A continuación un mapa con todos los municipios que se afectarán: