El desmantelamiento al que ha sido sometida la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante la administración del presidente Donald Trump ahora se manifiesta en la eliminación de regulaciones que han requerido decadas de legislación y protegido a miles de ciudadanos de los excesos de la industria del carbón.

El administrador de esa agencia Scott Pruitt propuso este jueves debilitar los estándares que se exigen a las compañías electricas que producen cenizas de carbón, flexibilizar restricciones a los depósitos de este material e, incluso, aplazar hasta nuevo aviso el monitoreo compulsorio de acuíferos ubicados bajo estas instalaciones en Estados Unidos, y por consecuencia, en Puerto Rico.

La desregulación podría significar entre 31 y 100 millones de dólares en ahorros para las 400 plantas que generan electricidad mediante la quema industrial de carbón.

De aprobarse la docena de cambios sugeridos, empresas como AES en Guayama podrán eludir protecciones antes requeridas por la EPA para salvaguardar recursos naturales y la salud pública. Entre ellas, restricciones recientes para el almacenaje de este desecho y exámenes de calidad a las aguas subterráneas inmediatas.

Como han documentado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y La Perla del Sur, las cenizas de carbón contienen un cóctel tóxico de isótopos radioactivos y metales pesados como arsenico, cadmio, mercurio, cromo hexavalente y plomo. Al ser solubles, pueden contaminar cuerpos de agua y envenenar especies. Además, sus partículas pueden ser aspiradas y causar, desde enfermedades respiratorias hasta daño permanente a órganos.

Los efectos de las cenizas de AES en Guayama se han observado en la República Dominicana, donde la empresa soltó 57 mil toneladas de cenizas entre los años 2003 y 2004.

Según la organización especializada en derecho ambiental EarthJustice, solo en los Estados Unidos existen más de 1,400 vertederos de cenizas de carbón, de los cuales el 70 por ciento ubica en comunidades de bajos ingresos y minorías.

EarthJustice ya ha constatado más de 200 denuncias de contaminación y derrames en estos depósitos, 'pero la EPA ahora propone desterrar las protecciones contra estos residuos', denunció poco despues del anuncio de Scott Pruitt la directora legislativa de la agrupación, Andrea Delgado.

En Puerto Rico, estas protecciones ya habían forzado a la empresa AES a implementar un plan de monitoreo de aguas subterráneas en los predios de su planta de Guayama y a divulgar públicamente los resultados.

Según describe AES en su portal web, para estas pruebas contrató a la empresa DNA Environment de Guaynabo. Esta a su vez informó que los resultados e 'informes de acciones correctivas' serían divulgados en un informe anual, el 31 de enero de 2018. Pero esto no ocurrió.

Transcurrido un mes de ese termino, DNA Environment ni AES Puerto Rico han publicado los hallazgos.

No obstante, en los Estados Unidos más de una veintena de centrales electricas sí cumplieron con el trámite y publicaron resultados reveladores.

De los primeros 14 exámenes divulgados, nueve mostraron 'aumentos estadísticamente significativos' de sustancias tóxicas como arsenico en el agua subterránea cercana a estanques de cenizas de carbón, informaron medios especializados.

Estos estanques han sido identificados en los estados de Florida, Michigan, Arkansas, Georgia, Minnesota, Iowa, Nebraska y Washington. Ninguno cuenta con revestimiento sintetico o 'liner'.

La monumental montaña de cenizas de carbón que AES mantiene desde hace años en sus predios en Guayama tampoco está sobre cubierta alguna.

Para la historia completa pulse aquí.