La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre el otorgamiento y la administración de un contrato relacionado con servicios de tecnología de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico.

El informe revela que la Comisión otorgó, el 27 de enero de 2014, un contrato por $400,000 para realizar trabajos en tecnología de información sin un estudio de necesidad y viabilidad. La Comisión tampoco preparó una solicitud de propuesta escrita ni solicitó propuestas a otras compañías.

Estas situaciones son contrarias a las mejores prácticas para la adquisición y desarrollo de sistemas de información computadorizados. Además, impidió la libre competencia entre proveedores potenciales para así obtener mejores precios.

La auditoría de dos hallazgos señala que la compañía contratada había entregado una primera propuesta en abril de 2013 por $262,400, que contenía los mismos servicios -excepto el desarrollo del portal de la Segunda Conferencia Bienal- que la segunda propuesta de julio de 2013 por $400,000, sin documentos que justificaran el aumento.

Además, no se realizó el módulo de Administración que hubiese integrado el registro de escuelas y cooperativas juveniles de la Comisión con el Departamento de Estado, la Compañía de Fomento Industrial y el Departamento de Educación. No obstante, la Comisión pagó $94,800 por esos servicios de interconexión no logrados.

'Nuestros auditores detectaron múltiples deficiencias relacionadas con la contratación, la preintervención de los pagos, y el proceso de aceptación de los servicios tecnológicos contratados. Por ejemplo, el contrato no contenía una cláusula que estableciera que los módulos desarrollados son propiedad intelectual del Gobierno de Puerto Rico, ni incluía el periodo de garantía del servicio, ni la obligación de entregar el código fuente de los módulos', dice el informe.

Además, se tramitaron facturas y comprobantes de pago sin las firmas requeridas y la Comisión no suministró evidencia de las pruebas realizadas de los módulos, ni de la aceptación y aprobación de los usuarios de estos. De hecho, los usuarios indicaron que la información que registraban en el módulo se borraba.

El Informe cubre el periodo del 21 de mayo al 13 de noviembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

La actual comisionada de Desarrollo Cooperativo, Ivelisse Torres Rivera, se distanció de los hechos recordando que ella asumió la dirección en enero de 2017 y que los hechos datan de 2015.

'Establezco además, que desde nuestra llegada a la agencia hemos colaborado con todos los requerimientos de información y documentos hechos por la Oficina del Contralor y que continuaremos haciendolo en caso de esta oficina solicitar más información', indicó Torres Rivera en declaraciones escritas.

'En la CDCoop estamos comprometidos con el desarrollo y la promoción del sector cooperativo y con una sana administración, por lo que exigimos que todas las transacciones de contratación en la agencia sean de acuerdo con lo que establecen las leyes y reglamentos de Puerto Rico y bajo las más estrictas normas de contabilidad protegiendo los recursos económicos del gobierno', afirmó.