En un giro de tuerca de esos que encierra la Ley PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico compareció ante la jueza Laura Taylor Swain para oponerse a una moción con la que se detendría la reducción de jornada laboral.

La contradicción está en que la posición pública de la Administración Rosselló es en contra de la reducción de jornada laboral. Sin embargo, como la Ley PROMESA dice que el representante oficial del gobierno ante el tribunal es la Junta de Control Fiscal (JCF), pues la Junta compareció en nombre del Gobierno de Puerto Rico a plantearle a la jueza que la reducción de jornada es necesaria y no debe detenerla.

El documento radicado ayer vuelve a enfocar en el trastoque de poderes que se crea con la situación anómala de que el gobierno territorial de Puerto Rico este sometido a la JCF en el tribunal, como lo estaría un menor de edad a su tutor en cualquier otro procedimiento legal.

La JCF asumió esa postura ante una moción, reseñada por NotiCel en primicia, de un acreedor que pidió a la jueza que dejara sin efecto la orden de la Junta para implantar la reducción de jornada laboral de los empleados públicos y la suspensión del pago del Bono de Navidad.

La Junta asumió postura ante esa moción de Interamericas Turnkey, Inc. aún cuando todavía no se ha resuelto el caso que sometieron contra el gobernador Ricardo Rosselló para obligarlo a implantar la reducción. En ese caso, contra el Gobernador y no contra el Gobierno de Puerto Rico, Rosselló todavía no ha comparecido a expresar su postura.

Interamericas Turnkey, Inc. había argumentado que el salario y el bono son ingresos de los empleados públicos y sacar esos ingresos de la economía reduciría los ingreso del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) lo que, a su vez, afectaría a los acreedores porque el gobierno tendría menos dinero para responder por sus deudas.

En su oposición en nombre del Gobierno de Puerto Rico, la Junta argumenta que el acreedor no tiene capacidad legal para intentar detener la reducción de jornada, no tiene derecho a un remedio, tiene una reclamación defectuosa y el tribunal no tiene capacidad para otorgar el remedio que se pide.

'La solicitud es comparable a que un acreedor o empleado de una compañía demande para detener el plan de negocios de la compañía. El acreedor o empleado no tiene derecho a controlar el plan de negocios. Si lo tuviera, entonces miles de otros acreedores y empleados podrían asumir posiciones inconsistentes y el promovente no alega que otros acreedores y empleados de (el Gobierno de Puerto Rico) escogió al promovente para que los representara', plantea la JCF.

'PROMESA no otorga un derecho privado a entidades individuales para presentar reclamaciones como esa', añade a la vez que entra a discutir cómo sería diferente el caso si hubiera sido presentado por un o unos empleados afectados directamente por la reducción.

Al apuntar a un caso en el que no se le reconoció derecho a demandar a unos empleados por una ley que les quitaba la asistencia nutricional del gobierno si se iban a piquetear, la Junta concluyó que si a esos empleados, que se les quitaba parte de su comida por irse a piquetear, no se les reconocía derecho a reclamar contra la ley, entonces tampoco se le va a reconocer a unos empleados que se les reduce el salario.

El argumento es pertinente porque todavía está pendiente una demanda contra la JCF para detener la reducción de jornada presentada por el sindicato de empleados públicos Servidores Públicos Unidos.

'El interes gubernamental en entredicho aquí, rectificar la terrible crisis económica y fiscal del Gobierno de Puerto Rico, es un interes gubernamental principal de importancia significativa, y la reducción del gasto público mediante cambios limitados al número de día laborables está incuestionablemente relacionado a ese interes', subrayó el ente que se describió como 'una entidad independiente y complementaria al gobierno territorial', por lo que no es parte de la Asamblea Legislativa y por lo cual no tiene capacidad para poner impuestos, como alegaba el acreedor.