El presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge 'Georgie' Navarro Suárez, y la representante Maricarmen Mas Rodríguez, anunciaron se expresaron este domingo, en contra de fijar una edad mínima para que los menores sean procesados en los Tribunales del País.

A través de declaraciones escritas, Navarro Suárez manifestó que 'quiero dejar esto claro. Entiendo perfectamente las preocupaciones de los que buscan colocar una edad mínima. Nosotros compartimos muchas de esas inquietudes, sin embargo no podemos amarrarnos a eso porque el sistema no es blanco y negro'.

Sostuvo, además, que así lo entendieron las dos pasadas administraciones, una del Partido Popular Democrático y la otra del Partido Nuevo Progresista, y es en lo que basan su posición, indicó.

Los legisladores indicaron que en el 2009, el entonces gobernador Luis Fortuño vetó el Proyecto del Senado 1107 del senador por Arecibo, José Emilio González, el cual buscaba fijar la edad de 11 años antes de que los tribunales puedan ejercer jurisdicción sobre ellos.

'Este mismo intento ocurrió bajo la pasada administración de Alejandro García Padilla y la medida no prosperó. Me uno a las expresiones del compañero Navarro Suárez sobre que conocemos las inquietudes, pero estamos claro que no es el momento. Por eso apoyamos las medidas del presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny' Méndez, a favor de una nueva Ley de Menores, justa y ajustada a la realidad que vivimos', comentó Mas Rodríguez.

Navarro Suárez añadió que 'apoyamos los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036, porque los mismos son de avanzada y establecen los parámetros para un sistema de justicia juvenil justo, basado en la realidad que vive nuestra sociedad, apoyando la rehabilitación mientras que, a la misma vez, enfocando la ley'.

La legisladora sostuvo que no investigar o procesar cualquier conducta ‘delictiva' imputada a un menor de edad, solo por su edad, no es algo real.

'Le corresponde a los procuradores de menores llevar a cabo la investigación pertinente y evaluar la prueba de manera justa, sin que midan amarras, para determinar el curso de acción. Colocar un límite de edad tendría como resultado dejar a las victimas desprovistas de remedios y a los ofensores sin un sistema de rehabilitación de conducta', sostuvo Mas Rodríguez.