El Departamento de Justicia (DJ) aceptó acuerdos que no conllevan tiempo en cárcel para dos de los coacusados en el caso de fraude en la Superintendencia del Capitolio, al mismo tiempo que dejaron la puerta abierta para que el resto de los imputados se sometan a lo mismo.

Según se estableció el 15 de agosto durante una vista de seguimiento en el Tribunal de San Juan a la cual compareció Jamilette Ramírez Sánchez y Gladys Alberto Torres, ambas acusadas se declaran culpables de todos los delitos en su contra y en cambio se elimina la alegación de fondos públicos grave en el tercer grado. De esta manera se disipa el riesgo seguro de cárcel y, debido a que ambas son primeras ofensoras, son elegibles para probatoria.

Ramírez Sánchez aceptó los cargos y a cambio se expone a seis años en probatoria regular, incluyendo la restitución de $4,000 más una pena especial de $900. Alberti Torres se acoge a dos años de probatoria regular, una restitución de $3,600 y una pena especial de $600.

No obstante, aunque la vista de sentencia se pautó para el 16 de octubre – día en que comenzará el juicio en su fondo contra los otros coacusados – las recomendaciones del acuerdo estarán sujetas primero a un informe de pre-sentencia, elaborado por el Departamento de Corrección, que determinará las condenas satisfactorias para ambas.

Desfase de comunicación entre el DJ y fiscalía alargó tramite de los acuerdos

Según indicó a este medio la fiscal del caso, Wilda Nin Pacheco, los acuerdos fueron notificados a finales de junio por parte de los abogados Roberto Alonso y Alexis Acevedo Colón en representación de Ramírez Sánchez. Los mismos debían cumplir con unos parámetros establecidos por el DJ, que consistían principalmente en mantener las acusaciones en su modalidad de delito grave.

Sin embargo, durante la vista del 14 de agosto, Alonso declaró ante el tribunal que, aunque estuvo en conversaciones con la fiscal del caso para adelantar el acuerdo, el mismo fue rechazado por el DJ el viernes 11 de agosto.

Por su parte el licenciado Carlos Sagardía, abogado de Alex Martínez Morales, también sostuvo que no se habían agotado todos los remedios disponibles para terminar el caso y resaltó que en parte se debe a que el DJ no mantuvo una comunicación efectiva con la fiscal sobre cómo proceder con los acuerdos que ella tenía.

Para el licenciado Acevedo Colón, la controversia con los acuerdos que transcurrió durante la vista fue propiciado por fallas en la comunicación entre la alta dirección del DJ y los fiscales a cargo del caso. 'Aquí la situación fue que estuvimos en el proceso de someter todo lo que nos pidieron y nunca recibimos una respuesta de arriba porque todo estaba sujeto a aprobación de superiores y la realidad es que, por el desfase de comunicación, cuando llegamos a la vista lo que dijeron es que no sabían nada, pero eso siempre estuvo en discusión', expresó Acevedo.

En esa vista el abogado de Martínez Morales indicó que también sometió una oferta para acogerse a una alegación preacordada, pero no recibió una respuesta de rechazo hasta el 11 de agosto por parte del DJ. La juez que presidió esa vista, Wanda Cruz Ayala, no se opuso a resolver el caso mediante esfuerzos transaccionales de esta índole, por lo que ordenó consultar con el DJ el estado de los acuerdos.

Tras un breve receso, los acuerdos de Ramírez Sánchez y Alberti Torres fueron aceptados, mientras que la juez dio oportunidad a los otros coacusados a presentar sus propios acuerdos, que tendrían que ser canalizados por Nin Pacheco. Tendrán hasta el 16 de octubre para entregar sus propuestas al Ministerio Público, antes que comience formalmente el juicio en su fondo.

Juicio para dos coacusados

Según indicó la fiscal a este medio, hasta la fecha todavía se encontraba en proceso de recibir ofertas por los otros coacusados. Sin embargo, Nin Pacheco señaló que los coacusados Juan Acosta Ramírez y Endel Rodríguez serán la excepción, optando en vez por un juicio.

Acosta Ramírez enfrenta cargos por omisión en el cumplimiento del deber, mientras Rodríguez fue acusado por perjurio. El abogado de Rodríguez, Víctor A. Ramos, aclaró que la decisión final sobre la determinación de acogerse a un juicio por jurado o por derecho la tendrán que informar el próximo 1 de octubre.

No obstante, confió que su cliente – un ingeniero de profesión – tiene buenas probabilidades de salir airoso, a pesar de que el DJ no ha hecho ofertas a Rodríguez. 'Mi cliente lo que tiene es un solo caso, es totalmente distinto al de los otros coacusados, y Justicia entiende que como es un solo caso y no implica ni apropiación de fondos públicos ni negligencia en el cumplimiento del deber pues no han hecho ofertas a mi cliente', dijo Ramos.

Según Nin Pacheco, Acosta Ramírez también es ingeniero de profesión y señaló que la decisión de enfrentar juicio puede responder al hecho de que, de hacer alegación de culpabilidad, perderían sus licencias profesionales.

Caso contra superintendente del Capitolio sigue en veremos

Las acusaciones contra Ramírez Sánchez, Alberti Torres, Acosta Ramírez, Rodríguez Cortés, Martínez Morales y la pareja Edil Danois Román y Eliana Cuervo Sierra se remontan al 2015 cuando el DJ encontró causa para arresto por un esquema de fraude operado en la Superintendencia del Capitolio.

La teoría del Ministerio Público consiste en que se falsificaron cotizaciones para unas 141 obras de construcción en el Capitolio entre el 2010 y el 2012. Esto mediante la fragmentación de obras para que su costo no ascendiera de $50,000 y así evitar llevar el proyecto a una subasta. Mientras que Danois Roman falsificó documentos para dos compañías de construcción y creaba cotizaciones falsas que luego eran presentadas ante la Superintendencia para dar una falsa impresión de competencia.

El alegato señala a Ramírez Sánchez, Alberti Torres, Acosta Ramírez, Rodríguez Cortés y Martínez Morales como participantes del esquema al utilizar sus puestos en la Superintendencia para adjudicar órdenes de compra y emitir los cheques. Este esquema fue destapado por un informe de auditoría de la Oficina del Contralor, que a su vez señaló unos 16 empleados como cómplices.

Este esquema se llevó a cabo mientras Eliezer Velázquez Quiles sirvió como Superintendente del Capitolio, a la vez que el informe del Contralor hace múltiples referencias a fallas que este cometió al no asegurar el fiel cumplimiento de los procesos de subasta y emisión de cheques.

El propio informe además indica que el entonces ayudante especial de Velázquez Quiles llegó a recibir $13,800 como parte del esquema que posteriormente depositó, 'en una cuenta para la campaña electoral a un puesto político de un exfuncionario de la Superintendencia', reza el informe.

Contra Velázquez Quiles se inició un proceso judicial en el que enfrentó acusaciones bajo la ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas por alegadamente utilizar propiedad del gobierno para desarrollar su campaña senatorial por el distrito de Ponce y recibir donativos ilegales.

Dicho caso fue desestimado durante el proceso de vista preliminar por el juez Enrique Silva Avilés por extenderse más allá del periodo de 60 días para ver el caso en esa temprana etapa y por no contar con todos los testigos necesarios para presentar el caso en ese momento.

Aunque el caso fue desestimado sin prejuicio por Silva Avilés, hasta la fecha el DJ aún no ha vuelto a someter el caso de nuevo. Según la fiscal Nin Pacheco – quién también estuvo a cargo de ese caso – todavía no ha recibido órdenes del DJ a esos efectos.

Este medio intento obtener una reacción del DJ, pero su portavoz, Mariana Cobián, declaró que la agencia no emitirá comentarios por el momento.

Este caso y el de los coacusados en el caso de la Superintendencia guardan relación en la medida que el informe del Contralor vincula las ganancias ilegales obtenidas del esquema fraudulento en el Capitolio con la fallida campaña electoral de Velázquez Quiles. Los donativos que supuestamente recibió por parte de los perpetradores del esquema nunca fueron registrados ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

Aun así, según cifras provistas por la OCE, el comité de campaña de Velázquez Quiles llegó a recaudar un total de $434,518 hasta noviembre del 2012.

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