La jueza Laura Taylor Swain concluyó que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demostró que existe causa para levantar la paralización automática al litigio de acceso a la información que esta entidad lleva contra la Junta de Control Fiscal (JCF). Esto implica que no se consolidará con los casos bajo el Título III, sino que se atenderá en el Tribunal Federal, según la Constitución de Puerto Rico.

En resumen, la orden reconoce la legitimidad de la postura del CPI como representante del pueblo, admite que la solicitud no afecta los procesos de Título III, y establece que el caso merece una resolución 'a tiempo'.

'Se concede la moción y se levanta la suspensión automática en cuanto al litigio', dijo Swain, quien afirmó en su orden que 'el litigio resolvería completamente los asuntos que plantea CPI y estos pueden ser resueltos de manera más económica en un foro distinto al del los procesos del Título III'.

'Aunque la Junta deberá dedicar tiempo y recursos a la defensa de este caso, el efecto más significativo de continuar la suspensión del litigio sería privar al CPI de cualquier oportunidad de obtener determinaciones oportunas en cuanto a su derecho a la divulgación que busca en nombre del público puertorriqueño. En consecuencia, el equilibrio de los daños se inclina decididamente a favor del solicitante en cuanto al litigio', añade la magistrada.

La Junta de Control Fiscal había invocado la inmunidad de sus miembros y argumentado que la Ley PROMESA suplanta todo el derecho puertorriqueño, entre otros argumentos los documentos solicitados mediante el Tribunal Federal por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La Junta también implicaba en su moción radicada el martes, 8 de agosto, que los gastos que conllevaría entregar los documentos que ya existen y que han sido solicitados desde el pasado año por el CPI serían onerosos. Plantea que la solicitud de documentos representará una dificultad para sus 'miembros no compensados', aunque este organismo cuenta con ocho personas en su equipo de trabajo, incluida su Directora Ejecutiva, cuyo salario anual es de al menos $625,000. De las publicaciones de la Junta en su sitio web, también indica que hay una serie de contratistas, incluyendo, por ejemplo, su recién nombrado coordinador de revitalización, que gana un salario anual de no menos de $325,000.00.

En su réplica a estos alegatos sometida el lunes, 15 de agosto, el CPI estableció que la negativa de la Junta a entregar los documentos 'sugiere que este organismo puede operar en completa secretividad'.

Mediante sus abogados Judith Berkan y Steven Lausell, de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, el CPI solicitó al tribunal que obligue a la Junta, como entidad dentro del gobierno de Puerto Rico cuyos gastos son pagados por del presupuesto gubernamental, a cumplir con su deber en conformidad con la Constitución de Puerto Rico. Además enfatizaron que la organización periodística no tiene ningún interés pecuniario en este asunto: no se solicitan daños y perjuicios, ni se solicitan medidas cautelares más allá de la entrega de los documentos.

La orden de Swain del viernes agrega que 'argumentos como el derecho de prioridad, la carga indebida, y privilegios, pueden plantearse adecuadamente en el contexto del litigio. Además, ya que el litigio sólo busca la producción de documentos por parte de la Junta, carece de una conexión o la posibilidad de interferencia con los casos del Título III, cuyo principal objetivo es ajustar las obligaciones financieras de los diversos deudores, incluyendo el Estado Libre Asociado'.

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