El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) evalúa varias propuestas sometidas por compañías para privatizar el cobro de millones de dólares en cuentas morosas de contribuciones a la propiedad, así como la retasación e identificación de propiedades mueble e inmueble que no cumplan con su responsabilidad contributiva.

Treinta firmas sometieron propuestas en respuesta a un aviso público del CRIM con el propósito de ser consideradas para ofrecer los servicios de cobrar, identificar y tasar propiedad inmueble y mueble. De estas una está relacionada a un acusado federal en el caso de fraude al CRIMen el 2000 y al menos dos están vinculadas con grupos debonistas del gobierno.

La contratación de empresas capacitadas para identificar propiedades que están pagando menos contribuciones; que no pagan por no estar registradas o que gozan de exenciones que no corresponden, figuran entre los proyectos del CRIM para cumplir con la Junta de Control Fiscal que exige se privatice los gravámenes de impuesto sobre la propiedad y se diseñe un nuevo régimen tributario sobre la propiedad para aumentar los recaudos municipales.

'Hay que hacer un esfuerzo para identificar esos contribuyentes para que cumplan con su responsabilidad y creemos que se puede lograr junto con el sector privado', explicó el presidente de la junta de directores del CRIM, Javier Carrasquillo.

CarrasquilloCruz explicó que la intención del CRIM es aumentar los recaudos ampliando la base de contribuyentes que por años han estado fuera del radar al ser propietarios de unidades que no figuran en el registro o que gozan de exención contributiva, aunque las propiedades están alquiladas o se han transformado para uso comercial.

Además, se contratarán compañías para aumentar el porciento de cobrabilidad de las facturas que regularmente envía el CRIM, ya que cerca del 30% no paga o paga tarde. Según este, no basta con enviar una factura por lo que se espera contratar recursos internos o externos para dar seguimiento y otros esfuerzos que agilice el cobro de ese dinero.

El periodo para someter propuestas finalizó el pasado 31 de julio, por lo que ahora la agencia evaluará las propuestas sometidas por las compañías para determinar a cuáles contratará para cobrar, identificar y tasar propiedad inmueble y mueble que al momento no cumplen con el pago de sus contribuciones sobre la propiedad.

De acuerdo conCarrasquillo, el proceso de evaluación de las compañías licitadoras iniciaría formalmente en la próxima reunión de la junta de directores 'para determinar cuál de ellas, quien estaría interesado en suscribir contratos ya sea para aumentar la cobrabilidad; para la identificación de propiedades que no están en el registro y la identificación de exoneraciones indebidas, establecer el cobro de la facturación y el cobro de ese renglón'.

Además de la contratación de empresas con tecnología para identificar propiedades que no están pagando lo que corresponde, el CRIM había aprobado vender la cartera $1,300 millones en deudas acumuladas en contribuciones sobre la propiedad para inyectar liquidez económica que amortigüe los $175 millones menos que recibirá este año del gobierno central. La venta de la cartera de deudas se haría por un porcentaje del monto y la compañía se encargaría de cobrar a los ciudadanos

No obstante, Carrasquillo dijo que además de vender la cartera de deudas que datan de 1975 se evalúa la posibilidad de contratar una compañía para que cobre esa cartera de deudas a contingencia, es decir, ofrecer un porcentaje a una compañía por cada deuda vieja que logre cobrar.

Para ello están negociando los términos para contratar a una firma para que asesore a la junta de directores del CRIMsobre si debe vender la cartera o se debe contratar el cobro.

'Estamos llevando ambos análisis de manera paralela. O vender la cartera o contratar el cobro. La empresa nos va a asesorar en el proceso porque es una transacción grande de una cartera de $1300 millones y queremos asegurarnos de que tenemos el insumo de gente que tiene el expertise en el manejo de ese tipo de cartera', indicó.

La empresa también asesorará sobre las compañías que debería contratar el CRIM en las otras iniciativas para aumentar los recaudos.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, miembro de la junta de directores del CRIM, favoreció la venta de la deuda ya que inyectaría liquidez inmediata para atenuar el golpe de los $175 millones menos que dejarán de recibir este año los municipios. Sostuvo que los números proyectan que la venta podría dejarle al CRIM cerca de $300 millones en ganancia.

'Ya comenzamos el proceso (de la venta de la deuda) con la AFAAF, para que desde la conceptualización esté el agente regente. Esto se ha discutido con las matrículas de la asociación y la federación de alcaldes. La junta lo aprobó para todos los municipios Es un bloque completo', puntualizó Cruz a Noticel.

Sin embargo, algunos alcaldes de municipios grandes han pedido al CRIM participar del proceso de cobro e incluso que se excluyan algunas propiedades en su municipio porque ya tienen encaminadas negociaciones para recuperar esa deuda.

'Algunos alcaldes le han solicitado al centro que no se incluyan ciertas propiedades en la cartera a vender porque ya encaminaron esfuerzos para lograr ese recaudo. Además, aquellos municipios que interesen y tengan la capacidad de estructurar un equipo de trabajo para cobrar la deuda lo pueden hacer', afirmó Carrasquillo.

El presidente de la junta de directores del CRIM indicó se permitirá que aquellos municipios que tengan la capacidad de estructurar un equipo para cobrar las mismas también entren al juego. Dijo que el CRIM actuará con la venta de las deudas de los municipios pequeños o aquellos que no tienen los recursos para recobrar ese dinero.

'Sabemos que hay municipios que no tienen personal ni recursos por lo que el CRIM actuará por ello', aseguró.

A esos efectos, la junta del CRIM ha establecido un plan para entrar al sistema cerca de 34,000 propiedades residenciales y comerciales que no están tributando. Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan participa de este proyecto de unidades ya identificadas, que podría aumentar la base contributiva recurrente con la contratación de tasadores que puedan ser utilizados por varios municipios mediante la firma de acuerdos colaborativos para ayudar a los municipios que no cuentan con los recursos.

Entre las compañías que entregaron propuestas al CRIM se encuentra Tower Capital Management, que entre sus socios en Puerto Rico figura Luis 'El Indio' Vázquez Velázquez a través de Puerto Rico Appraisals LLC. 'El Indio' Vázquez fue uno de 18 acusados en el sonado caso de fraude al CRIM ocurrido en el 2000 aunque luego su acusación fue desestimada con perjuicio por parte de la fiscalía.

El esquema del CRIM involucró a dos exalcaldes, empleados y a suplidores de tecnología que conspiraron para defraudar al CRIM en el contrato de $56 millones para la digitalización del catastro. En el pliego acusatorio el gran jurado federal se imputaron cargos de conspiración, extorsión, interferencia con el comercio interestatal, lavado de dinero y perjurio. El contador público autorizado también es socio de Primary Consulting Group, y a petición de Fiscalía federal el juez Salvador Casellas, desestimó su cargo por perjurio.

La empresa matriz, Tower Capital Management tiene como socio financiero a Fortress Investment Group, firma que en el 2014 compró $7.5 millones en bonos del gobierno de Puerto Rico. Otra empresa que también aparece licitando es Ducera Partners LLC, firma niuyorkina que participó en la negociación de reestructuración del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) como asesor legal del Grupo AdHoc de bonistas del gobierno.

El ex secretario del PNP y expresidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Vargas también figura entre los licitadores en representación de HUB Group, L.L.C., que, según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, es una compañía establecida en Aguadilla desde octubre de 2016 constató Noticel.

Otro de los que sometió propuestas es el CPA Alcides López Miranda de Municipal Consultants Group, una empresa que ha mantenido cerca de $19 millones en contratos con agencias y municipios y que fue objeto de una resolución senatorial de investigación por alegado conflicto ético y de intereses en los servicios de consultoría y auditoría que ofrecía al Municipio de Ponce junto a su socio y compañero de oficina López Vega, CPA.

Aparece licitando Integra International Services, empresa que según el portal opera en El Salvador y se especializa en integración de tecnología de información para optimizar procesos de recaudos tributarios. Carlos Pérez de PGC Appraaisal Group, firma con sede en Caguas; Roberto Biaggi de Puerto Rico Consumer Debt Management; Lcdo. Luis Benjamín Méndez de Inspection in Action,inc.; Juan R. Medina de la firma de tasadores Avaluo Advisors LLC e Ivette Rodríguez de Property Specs Puerto Rico, entre otros.