En el limbo pensiones de maestros de escuelas católicas
El pago de pensiones a los maestros retirados de las escuelas católicas continua en un limbo en espera de la determinación final del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a quien debe pagar esas pensiones.
El 18 de julio, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó al foro primario determinar si los colegios demandados tienen personalidad jurídica separada y ordenó la continuación de los pagos de pensiones, ya sea por parte de los colegios o la Iglesia.
'Nuestra teoría es que la Iglesia debe pagar porque los colegios no tienen personalidad jurídica separada de la Iglesia y pedimos que se mantengan los pagos mientras se litiga', dijo a NotiCel el licenciado Germán Brau, uno de los abogados de los maestros.
'Pero tenemos que esperar a que la orden llegue al Tribunal de Primera Instancia' indicó tras una vista del caso ayer.
Sin embargo, Brau catalogó como positivo el hecho de que el Tribunal Supremo asumió jurisdicción de la controversia. 'El supremo determinó que el plan de la iglesia es precisamente de la iglesia y que está exento de la ley federal sobre pensiones. Es decir, que su jurisdicción es local', agregó Brau.
En la demanda, los maestros establecen que 'en su capacidad como patrono… la Iglesia Católica viene obligada a responder con sus bienes para honrar los términos de sus contratos existentes con los demandantes'.
'La conducta de la parte demanda de anunciar la terminación del plan sin pagarle sus beneficios a los demandantes ha provocada daños y perjuicios a éstos. A los demandantes se les amenaza con quedar económicamente desamparados en una etapa adelantada de sus carreras, en muchos casos, en el ocaso de sus vidas, cuando ya no gozan de buena salud ni cuentan con capacidad productiva para trabajar', se establece en la demanda.
La acción legal incluye a maestros retirados de la Academia Perpetuo Socorro, el Colegio San José y la Academia San Ignacio, afiliadas a la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan. NotiCel trato de ponerse en contacto con la Superintendencia pero al cierre de esta edición no recibieron respuesta.
La próxima vista se pautó para el 2 de octubre en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.