Una mayoría de jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico censuró 'energicamente' a la exjueza administradora de la Rama Judicial, Sonia Ivette Velez Colón, a raíz de una querella promovida por la expresidenta de la Cámara de Representantes, Zaida 'Cucusa' Hernández Torres, quien a su vez, había sido objeto de sanción disciplinaria en su periodo como jueza apelativa.

Las congruencias entre la querellante y la querellada llegan al punto que los casos disciplinarios de ambas giran en parte a expresiones hechas en entrevistas periodísticas.

La resolución, no opinión, del Alto Foro sobre Vélez Colón revive el escandaloso episodio -que terminó en nada- durante el cual dos alguaciles acusaron públicamente al exjuez presidente Federico Hernández Denton de uso impropio de personal y propiedad pública por tareas y asignaciones que daba a los alguaciles en su escolta.

Esas imputaciones se entendieron promovidas desde el Senado, a cargo entonces de su otra vez presidente, Thomas Rivera Schatz, con el propósito de crear una vacante en la presidencia de dicho foro que pudiera llenar la administración del Partido Nuevo Progresista. Como respuesta, Vélez Colón tomó la iniciativa como jefa administrativa de la Rama de contratar al exfiscal especial independiente, César López Cintrón, para 'una investigación […] a la luz de los señalamientos públicos que recientemente se han formulado sobre el uso de recursos y fondos públicos en la Rama Judicial'.

Ese esfuerzo 'investigativo' quedó malogrado cuando la mayoría de jueces del Supremo, nombrados por el penepé, aprobaron un reglamento para llevar a cabo investigaciones sobre la Rama Judicial y le ordenaron a Vélez Colón rescindir el contrato, lo cual no ocurrió porque el propio López Cintrón, ante esas expresiones, renunció al contrato y a facturar por el trabajo llevado a cabo hasta entonces. Vélez Colón renunció como administradora y a su posición de carrera como jueza apelativa.

En el trajín, Vélez Colón dijo en una entrevista que 'cuando uno se mete a la guerra quizás no recibe un tiro, pero un raspacito viene. Así que si hay raspazo, de eso se trata, de sanar y de curar'. Esto, en referencia a la confrontación con los jueces.

De estas expresiones surge la querella de Hernández Torres el 6 de febrero de 2012, que permaneció inerte hasta julio de 2016 cuando se refirió el expediente a la Procuradora General, quien determinó que el cargo de Administradora de la Oficina de Administración de Tribunales no es judicial y que, como abogada, la querellada no había violado cánones de ética.

En su resolución del 14 de julio pasado, los jueces Luis Estrella, Mildred Pabón, Erick Kolthoff, Rafael Martínez y Edgardo Rivera censuraron a Vélez Colón y archivaron la querella.

'[Las} expresiones desafiantes e intimidantes que hacían referencia a un aparente estado de guerra dentro de la Rama Judicial eran indicativas de que la licenciada Vélez Colón olvidaba, entre otros asuntos, que uno de sus deberes como Directora de la OAT era propender a la administración óptima de la justicia y de la Rama Judicial', dijeron los jueces de la mayoría.

'[La] licenciada Vélez Colón inició una investigación en contra de los miembros de esta Curia. Dicho acto, lejos de ser inofensivo, constituyó un ataque injustificado en contra de los Jueces y Juezas que en dicho momento componían este Tribunal, pues arrojó una inmerecida sombra de sospecha y puso en duda la honorabilidad e integridad de estos ante el público', añadieron a la vez que le imputaron a la exadministradora que 'como mínimo, creó la apariencia impropia de que... estaba utilizando el poder de su cargo y los fondos públicos para beneficiar solamente los intereses personales del Hon. Hernández Denton y obstaculizar las investigaciones que se estaban llevando en su contra'.

En un escrito aparte, Pabón y Rivera enfatizaron en lo 'irrazonable e improcedente' que resulta la tardanza que tuvo la queja antes de ser referida a la Procuradora.

Sobre este punto, la jueza Anabelle Rodríguez resaltó en su disidencia que Hernández Torres no tenía legitimación para presentar la queja y que los jueces de mayoría determinaron que Vélez Colón había cometido violaciones éticas sin darle la oportunidad a responder por ello. 'El poder temporero que como jueces detentamos, no puede utilizarse para mancillar reputaciones ni para ajustes de cuentas', dijo la tambiénexsecretaria de Justicia.

La jueza presidenta,Maite Oronoz, escribió una disidencia porque '[t]odo se reduce a la apreciación personal de algunos jueces y ningún proceso judicial --mucho menos uno disciplinario-- debe prestarse para eso'. Añadió que le preocupa que el caso desaliente las críticas a los tribunales y porque '[s]olo restauraremos la confianza cuando dejemos de ejercer el poder a secas, porque contamos con cinco votos y los deseos de censurar por riñas del pasado'.

Entre las expresiones disidentes, está la del juez Roberto Feliberti, también nombrado por el penepé, quien apuntó que 'los hechos relacionados con esta queja ya eran un capítulo cerrado, y así debió permanecer este asunto'.

In re_ Sonia Ivette Vélez Colón - NotiCel_26245