Por tercera ocasión en su gestión legislativa, el senador republicano John McCain presentó un proyecto de ley que persigue la derogación del Merchant Marine Act del 1920, mejor conocido como la Ley Jones, o la ley de cabotaje.

El proyecto, nombrado Open America's Waters Act, tendría el efecto de eliminar el requisito histórico de obligar a estados y territorios fuera del continente americano a usar la Marina Mercante de Estados Unidos para transportar bienes. A su vez, la medida permite la emisión de un respaldo de costa a barcos que cualifiquen para transportar bienes en y fuera de Estados Unidos.

'He abogado por la derogación de la Ley Jones, una ley arcaica y gravosa que entorpece el intercambio libre, reprime la economía e hiere los consumidores', dijo el senador en declaraciones escritas. 'Mi legislación eliminaría esta regulación, librando transportistas americanos del requerimiento de tener que actuar contra sus propios intereses de negocios. Al permitir transportistas estadounidenses comprar naves de carga construidas en el extranjero a precios razonables, esta legislación reduciría los costos de transporte, haría agricultores y sus negocios más competitivos en el mercado global, y bajarían los costos de bienes y servicios para consumidores americanos', agregó.

Esto supone la tercera ocasión que el senador McCain – quien al presente está hospitalizado tras ser operado para remover un coágulo de sangre en su cerebro – somete ante el alto foro federal legislación para derogar la Ley Jones. En el 2010 radicó una medida a esos efectos, mientras que en el 2016 presentó una enmienda al anticuado estatuto para eximir buques petroleros de esa ley.

En ambas instancias, las medidas no progresaron más allá de su introducción en el hemiciclo senatorial, según consta en el trámite legislativo del Congreso. La enmienda que sometió en el 2016 para derogar la Ley Jones contó con oposición de la industria naviera, uniones marítimas y manufactureros por lo que no generó el apoyo necesario para llevar la enmienda a votación.

Sin embargo, al menos un brazo de defensa del gobierno federal se ha expresado negativamente sobre la Ley Jones. Un informe elaborado en el 2009 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional), determinó que las leyes costeras, 'son provisiones altamente proteccionistas e intencionadas para crear un ‘monopolio costero' para proteger y desarrollar la Marina Mercante y la construcción de naves'.

Según un artículo publicado por la organización conservadora The Heritage Foundation, tal medida proteccionista pudo haber dado a navieras foráneas una ventaja competitiva en el acarreo internacional. De hecho, apenas un 21.7% de toda la construcción de naves marítimas por el gobierno de Estados Unidos corresponde a naves para propósitos comerciales.

La organización conservadora argumentó además que la medida beneficiaría a los estados en la medida que tengan la libertad de acarrear bienes en las naves más asequibles, sin importar su origen de construcción. También sostienen que la Ley Jones aumenta los costos de gasolina, dificulta el transporte de bienes entre puertos estadounidenses, obstaculiza mejoras a la infraestructura del continente e inflige altos costos de bienes a los ciudadanos de Hawaii y Puerto Rico.