El Colegio de Medicos Cirujanos y la Coalición de Proveedores de Salud junto a organizaciones que agrupan a pacientes hicieron un llamado al gobernador Ricardo Rosselló para que convierta en ley el proyecto que permite fiscalizar a las aseguradoras ya que le hace justicia a las personas que reciben servicios de salud en Puerto Rico.

'Le pedimos encarecidamente al Gobernador que firme el proyecto del senado 27 que es cónsono con el Plan para Puerto Rico en aumentar la fiscalización de las aseguradoras para el beneficio para los pacientes', expresó el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos.

La medida mencionada pretende devolver la jurisdicción a la Oficina del Procurador del Paciente sobre los planes privados y Advantage que le fue quitada en la pasada administración, devolviéndole a todos los pacientes la protección de dicha procuraduría.

Aunque la medida fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Legislativa, las aseguradoras objetan el proyecto de ley bajo la premisa que tendría un impacto fiscal de $300 millones adicionales al plan de salud del gobierno. Según la Coalición la tarifa actual de las aseguradoras provee para la implementación de lo que exige el proyecto a través de la creación de un Fondo Institucional.

'El impacto económico no es real. No va a tener impacto económico y la fortaleza sabe que es un buen proyecto. El impacto al fisco es cero; si hubiera algún impacto a las aseguradoras, es por seguir incurriendo en denegaciones arbitrarias para maximizar las ganancias a costa de los pacientes y los proveedores', afirmó Ramos en una conferencia de prensa.

Ramos dijo que la coalición se ha reunido con funcionarios de La Fortaleza, y estos le han comunicado que existe la preocupación sobre el impacto fiscal de la medida. Ramos denunció que las aseguradoras pretenden pasarle el costo, si alguno, al gobierno

'Nos hemos reunido en Fortaleza… están claros que el proyecto es bueno, la discusión que tratan de meter como píldora venenosa las aseguradoras es el costo. Pues si tiene un costo en su función de negocios privados que lo absorban', reclamó Ramos.

El proyecto del senado 27 busca establecer mecanismos para que pacientes -de planespúblicos o privados- puedan radicar querellas contra las aseguradoras cuando estas le denieguen servicios. De convertirse en ley, adscribiría responsabilidad civil a las aseguradoras por denegaciones viciosas y caprichosas ya que estaría en manos de un ente independiente la revisión de las decisiones de las aseguradoras.

'Ahora no, ahora (las aseguradoras) están por la libre. Con las denegaciones válidas no habrá problemas. Por eso decimos que, si usted no se come la luz, no va a tener un ticket de tránsito', insistió Ramos.

'Todos los días oímos en la prensa de pacientes que le denegaron servicios. Ocurren muchas denegaciones de servicios que no son justas. Ahora los pacientes privados y medicare advantage tienen que ir al Tribunal y pagar abogados para hacer valer sus derechos', añadió el exprocurador del paciente, Carlos Mellado.

Según la coalición de Proveedores de Salud, en el caso de los hospitales, de todos los pacientes que admiten, las aseguradoras objetan y deniegan el pago de servicios en un 57%, basado en los criterios unilaterales de las aseguradoras. 'Apoyamos este proyecto porque trae transparencia al proceso. La realidad es que confrontamos al año sobre 70 millones de denegaciones que los hospitales absorbemos', aseguró Marta Rivera, presidenta de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

'No quiere decir que la aseguradora no pueda hacer una revisión del expediente. Lo que pasa es que tiene que ser una revisión de un par, un médico como yo, que revise la necesidad médica por la que yo decidí admitir un paciente. Eso no está ahora en el procurador del paciente', explicó Ramos.

Criticaron que las aseguradoras hayan utilizado como subterfugio el alegado impacto fiscal del proyecto sin que hayan refutado en sus méritos la medida, lo que para la coalición constituye una admisión de las aseguradoras de que incurren en estas prácticas.

'Que esto le va a costar $300 millones más a la reforma de salud, pero no lo sustentan los números. Se supone que le creamos por fe a estos hermanitos de la caridad', cuestionó Ramos.