La Ley 40, la cual suponía prohibir el depósito de cenizas de carbón, ordena a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a elaborar un reglamento para hacer valer la medida y establecer los pormenores de la misma. No obstante, el documento aún no se ha publicado.

'Lo que te puedo decir es que hay que hacer un reglamento según estipula la ley. Yo no soy abogada, pero nosotros tenemos reglamentos ya que regulan los desperdicios donde hay exclusiones en donde están cubiertas las cenizas. Eso ya son asuntos internos, pero si la ley requiere que se prepare un reglamento pues entiendo que se preparará un reglamento con los documentos que existen en la agencia', sostuvo la bioquímica Frances Segarra Román, quien dirige la Oficina de Control y Certeza y Calidad Ambiental de la JCA.

La Ley 40 estipula que el depósito y disposición de cenizas de carbón 'fly ash' o residuos de combustión de carbón está prohibido en todas las vías, terrenos, incluyendo vertederos, sistemas de relleno sanitario y cuerpos de agua dentro de Puerto Rico. También, ordena a la JCA a que, dentro de 90 días, elabore los parámetros para asegurar el cumplimiento de la Ley.

Bajo esa determinación, la JCA tendría hasta octubre para presentarlo tras su firma el pasado 4 de julio. Al momento, el reglamento no aparece en la página oficial de la JCA ni del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

No obstante, cientos de camiones llenos de cenizas de carbón han sido escoltados por personal de la Policía desde la planta carbonera que administra Applied Energy Systems (AES) en Guayama hasta el vertedero 'Peñuelas Valley Landfill' para disponer del material y se desconoce bajo qué permisos.

En la madrugada del miércoles, durante los actos de confrontación de la Policía y los manifestantes, el Comandante Auxiliar de Ponce Teniente Coronel Carlos J. Miranda aseguró que contaba con la documentación necesaria que permitía el depósito pasadas las horas de operación regular. Sin embargo, al ser abordado por los presentes, confesó que no contaba con los papeles impresos.

De acuerdo a Segarra Román, quien lleva varios años de experiencia en la Junta, la creación de reglamentos pasa por un proceso de vistas públicas, un período de comentarios del público de 30 días y la revisión.

'Una vez se incorpora cualquier comentario basado en un fundamento que sometan las personas o cualquier perito, incluyendo los programas, pues se genera un nuevo documento que va a período de comentarios de 30 días y una vez concluido, pasa al Departamento de Estado y allá tiene un periodo de comentarios de 30 días. Una vez completada pues se le da el número al reglamento y se pone vigente. Hay un proceso uniforme para todas las agencias', relató Segarra Román.

La experta declaró que la creación de un reglamento conllevaría la participación de múltiples gerentes dentro de la JCA y que en la agencia 'estaremos trabajando con eso', aunque no especificó en qué tiempo.

'La ley solicita que se prepare, pues se estará preparando un reglamento, pero ya esa parte pues ahí yo no puedo hablar. […] Si hubiese algún requerimiento de análisis químico pues se nos consultaría sobre qué análisis químicos se deberían realizar, con cuánta frecuencia, ese tipo de cosas. Nosotros haríamos nuestra opinión técnica y nuestras recomendaciones', subrayó.

La funcionaria se mostró preocupada ante los sucesos en Peñuelas porque, a su entender, se ha utilizado información incorrecta y confusa. De acuerdo a Segarra Román, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), utilizó estándares de calidad de agua para comparar pruebas de lixiviación respecto a las cenizas tóxicas. A raíz de eso es que, mencionó, se conciben como tóxicas.

La prueba de lixiviación, definió, 'se le hace al desperdicio para simular lo que pudiese ocurrir en un vertedero en 30 años si entierras ese desperdicio junto con baterías. Ese resultado se compara con una tabla reglamentaria en donde hay unas concentraciones máximas permitidas. Si le haces un análisis a esas sustancias y da por debajo, igual o menor, a esas concentraciones se clasifica como algo no peligroso'.

'En todos los resultados analíticos que nosotros hemos recibido, tanto los resultados de la EPA del Estudio Vanderbilt, bajo los parámetros de la Ley RCRA a nivel federal y bajo nuestro reglamento, consistentemente, y los resultados están aquí certificados por un químico licenciado, se ha demostrado que en el caso de los residuos de combustión de carbón generados en esa compañía [AES] fly ash, bottom ash y Agremax no son peligrosos', aseveró Segarra Román.

La directora JCA, Tania Vázquez Rivera, no ha estado disponible a preguntas de la prensa, por lo que la agencia ha presentado una serie de peritos para responder a preguntas sobre la situación de las cenizas.

'Nosotros estamos participando en estas entrevistas porque nosotros somos el personal técnico que evaluamos los informes que hace AES con respecto a las cenizas, los análisis químicos que se le hacen y se han evaluado documentos asociados a las cenizas y se consideró que nosotros podíamos dar nuestra perspectiva técnica porque ha habido información incorrecta y esto ha generado unas percepciones o unas preocupaciones en las personas y para eso nosotros estos aquí para aclarar', explicó Segarra Román.

Bajo la Ley 40 se prohíbe almacenar cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón por un período mayor a 180 días a partir de su producción. No obstante, eso no aplica al almacenamiento controlado en tanques y silos, para la manufactura de cemento, hormigón y/o concreto previo a su uso y cualquier uso comercial beneficioso.

El principal asesor legal de La Fortaleza —Alfonso Orona Amilivia— reiteró que la Ley 40 fue aprobada para prohibir el depósito de cenizas livianas de carbón ('fly ash'). Igualmente, recalcó que, en la actualidad, AES solo deposita Agremax, una mezcla de agua con el residuo de carbón que la Agencia Ambiental de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha catalogado como un desperdicio sólido no peligroso.

Sus expresiones, así como las de otros funcionarios de gobierno, distan de los hallazgos de científicos y profesionales de la salud, quienes aseguran que las cenizas son tóxicas.

El pasado mayo, por ejemplo, durante una vista pública de la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado, el secretario del Departamento de Salud aseguró que las cenizas de carbón contienen elementos tóxicos y que el almacenamiento y disposición de las mismas amenaza la salud humana.

'Está aceptado el hecho de que los residuos de la combustión del carbón en su forma de ceniza tienen efectos detrimentales para enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades respiratorias (asma, enfermedad obstructiva del pulmón) y accidentes cerebro-vasculares', puntualizó Rafael Rodríguez Mercado, quien mencionó que existía evidencia abundante para sostener sus planteamientos.

La vista pública formó parte de la revisión sobre la política pública de la disposición de cenizas de carbón que, meses después, redundó en la aprobación de la Ley 40.