El Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez decretó hoy que, por el momento, el Municipio de Cabo Rojo no podrá imponer multas por violaciones a su ordenanza número 26 y acogió el acuerdo entre el Departamento de Justicia y el municipio para que se liberalice temporeramente la contratación de servicios privados de recogido de basura en la ciudad.

El efecto práctico de la resolución del tribunal, la cual se pondrá escrito durante el día de mañana, es que ni el gobierno municipal ni la compañía Consolidated Waste Services, LLC están obligados a realizar el recogido de basura como se había hecho antes de la implantación del programa Iniciativa Naranja, hasta que se disponga del caso.

Por su parte, los ciudadanos y comerciantes caborrojeños podrán disponer de su basura contratando a un proveedor o llevándola personalmente al vertedero municipal, sin tener que cumplir con las disposiciones de la ordenanza que establecía una serie de requerimientos para que una compañía privada pudiera ofrecer el recogido de basura independientemente.

El resto de la ordenanza sigue en vigor con toda fuerza, al igual que las leyes especiales sobre la disposición de forma ilegal de los desperdicios sólidos en las vías públicas.

La jueza Lynnette Ortiz Martínez citó a una vista inicial el 12 de julio a los representantes legales de la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, el gobierno municipal de Cabo Rojo y un grupo de comerciantes quienes ya habían presentado una demanda por los mismos hechos.

Durante la vista de hoy se desestimó la demanda del Departamento de Justicia contra Consolidated Waste Managers, pues salió a relucir que esa compañía no es quien mantiene el contrato con el municipio sino la similarmente nombrada Consolidated Waste Services, LLC.

El uso obligado de bolsas anaranjadas rotuladas con el logo de Iniciativa Naranja ha causado el furor de muchos residentes caborrojeños quienes abogaron por que se les brinden otras opciones más económicas para disponer de desperdicios no reciclables.

El pasado viernes, el Departamento de Justicia y su secretaria Wanda Vázquez Garced presentaron una demanda de interdicto contra Consolidated Waste y el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurz, por entender que el programa de Iniciativa Naranja configura un monopolio a favor de una sola compañía de recogido de basura.

Esta demanda se une a otra presentada por comerciantes y ciudadanos que retan la validez de la ordenanza. Mañana se celebrarán vistas públicas sobre la ordenanza ya aprobada por la legislatura municipal de la ciudad.

Resolución _25653