La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Velez anunció el lunes que Ehbrin Castro Correa, alias 'Chino', se declaró culpable de un cargo de abuso animal.

'Este es un crimen sangriento y brutal donde los perros son entrenados y forzados a desgarrarse mutuamente para la diversión de individuos enfermos y depravados. Es importante informar al público que es una violación de la ley federal incluso asistir a una pelea de perros', dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.

'La protección de los animales es una prioridad de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La declaración de culpabilidad de hoy demuestra que las personas que intentan sacar provecho de los delitos de abuso animal serán investigadas, procesadas y castigadas en consecuencia', añadió.

Castro Correa fue sometido a juicio por dos cargos de poseer y entrenar a sabiendas e ilegalmente un animal con el propósito de que el animal participara en una aventura de lucha animal y un cargo por intentar transportar un animal con el propósito de que el animal participara en un animal Específicamente de Puerto Rico a la República Dominicana.

El 24 de enero de 2016, el acusado usó su móvil para filmar a su perro ya otro perro involucrado en un brutal y sangriento combate de perros en Juncos. El video fue descubierto durante una búsqueda del teléfono celular del acusado en el muelle de Pan American cuando intentó transportar seis caninos a la República Dominicana con el propósito de combatir a los perros.

La República Dominicana es un paraíso mundial notorio para las peleas de perros. Este descubrimiento llevó a la ejecución de una orden de allanamiento en su residencia, que resultó en la confiscación de 25 perros adicionales, materiales e instrumentos de entrenamiento para el combate de perros, y productos farmacéuticos comúnmente usados ​​para condicionar a los perros para peleas de perros y tratar sus heridas.

Como resultado de la declaración de culpabilidad, el acusado puede ser condenado a un término de cinco (5) años de prisión, una multa no superior a doscientos cincuenta mil dólares, y / o un término de libertad supervisada de no más De tres (3) años. La audiencia de sentencia está programada para el 16 de octubre de 2017 por el juez presidente del Distrito, Juan Pérez Giménez.

El fiscal adjunto de Estados Unidos, Scott Anderson, está a cargo del procesamiento del caso.