El juez Enrique Silva Aviles desestimó el lunes el caso en contra del exsuperintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez, la exasistente administrativa, Marilisa Figueroa Alinot, el empresario, Edil A. Danois Román y el exadministrador de Servicios Generales, Javier Noel Ruiz Echevarría, quienes enfrentaban cargos por violaciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

La decisión del juez se dio tras varias horas de argumentación por parte de la defensa que estipuló que en múltiples ocasiones el ministerio público no estuvo listo. Es por esto que en su argumentación, los abogados de la defensa se acogieron a la regla 64 para desestimar la acusación de cualquier cargo por las suspensiones continuas por parte de la fiscalía.

'Esto no es un derecho estatutario solamente sino constitucional', señaló el licenciado de la defensa Pedro Rivera Martinez al juez, mientras enfatizó que la razón por la que el ministerio canceló la vista es porque nunca estuvo preparado.

De igual modo, se argumentó que, desde el 26 de octubre de 2016, el tribunal siempre ha estado listo para ver el caso, pero que incluso desde el proceso de Regla 6 siempre se pospuso el caso.

Una de las cancelaciones de la vista preliminar se dio cuando la fiscal a cargo, Wilda Nín Pacheco, se encontraba de viaje en Europa y por consiguiente no se vio el caso por el fiscal que se suponía que sucediera a Pacheco, David Reyes, pues este no se encontró preparado, argumentó Rivera.

'No es como si fuera la Defensa; si no estaba la fiscal se podía ver por el fiscal Reyes porque el ministerio público es bien grande', argumentó el licenciado.

En modo de réplica la fiscal sostuvo en sala que 'yo no soy responsable de los traslados, yo no tengo esa potestad de que el caso me lo dejen a mí o no'.

No obstante ante la decisión del juez Silva Avilés, la fiscal aceptó y admitió que 'la respeto'.

A preguntas de NotiCel sobre si apelarán el caso, Pacheco sostuvo que eso quedará ante la consideración del Departamento de Justicia.

Los cargos que enfrentaban Velázquez son por violación a la Ley 222 al artículo 14.000 por el uso indebido de fondos públicos y al artículo 14.005 por la rendición de informes falsos. Mientras que Figueroa Alinot enfrenta cargos por violación al artículo 14.000. Román enfrenta cargos por violación al artículo 14.001, donativos prohibidos por personas jurídicas, y al artículo 14.002, ejecutivos de personas jurídicas. A su vez, Ruiz Echevarría enfrenta violaciones al artículo 14.000 y 14.005.

En las elecciones del 2012, Velázquez Quiles asignó a dos de sus empleados para que le corrieran su campaña fallida al Senado por el Distrito de Ponce. Tras la derrota, fue nombrado por la alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita' Meléndez, como administrador del municipio.

Algunos de los donativos fueron otorgados por contratistas que participaron en los trabajos de remodelación del Capitolio durante el cuatrienio en el que Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González encabezaban las cámaras legislativas. El esquema fue identificado inicialmente por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) con una serie de cheques donados al comité de Velázquez Quiles que nunca fueron reportados ante la dependencia.

La radicación de cargos es parte de un esfuerzo en conjunto entre el Departamento de Justicia, la OCE y la Oficina de la Contralora, que investigó las aportaciones hechas a la campaña de Velázquez Quiles.

De acuerdo con la investigación de los tres organismos gubernamentales, las aportaciones ilegales recibidas por el Comité Amigos de Eliezer ascienden a $150,000 aproximadamente, procedentes a su vez de las empresas Fasan Construction Corp. y Restaura Contractor Inc., propiedad de Edil Danois Román; de SQR Arquitects <>& Engineer Consulting, PSC, representada por Nelson Rosario Santiago y de New Way Construction Management, representada por Cándido Oliveras Rodríguez./p