Tras varios meses de vistas preliminares pospuestas en el caso del exsuperintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez, Marilisa Figueroa Alinot, exasistente administrativa, Edil A. Danois Román y Javier Noel Ruiz Echevarría, exadministrador de Servicios Generales, quienes enfrentan cargos por violaciones a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, podrían ser exonerados si el juez diera 'ha lugar'.

Los abogados de la defensa informaron aNotiCelque solicitarán en la vista pautada para hoy, 15 de mayo a las 8:30 de la mañana, al juez Enrique Silva que ejerza la regla 64 para desestimar las acusaciones contra los implicados por las suspensiones continuas por parte de la fiscalía.

Ante ese panorama, el licenciado, Harry Padilla sostuvo que ahora al juez le tocará resolver si la causa que presentó la fiscal para no estar preparada ha sido justa.

'Yo no puedo tildar de negligente el desempeño de algún compañero abogado que ocupe un puesto de fiscal porque no conozco los hechos de qué fue realmente lo que pasó lo que si yo puedo decir es que normalmente el Estado debe estar preparado para cuando radica un cargo, asistir al proceso y darle prioridad a ese proceso para que se garanticen los derechos de todo el mundo', sostuvo Padilla mientras enfatizó que duda que la fiscal permita que se archiven los casos .

De otro lado, el exsecretario del Departamento de Justicia y abogado criminalista, Antonio Sagardía indicó que bien podría ocurrir esa desestimación de cargos, ‘por la fiscalía no haber estado preparada.' No obstante, queda en manos del Estado si se vuelven a radicar o no los cargos en contra de los implicados.

'Los términos de 60 días, hay que recordar que no son automáticos y tienen que ver numero uno, los motivos de las suspensiones , si la defensa renunció a los términos, pero si es que la defensa ha llegado preparada hay que ver cuál ha sido el récord de suspensiones y si de declara con lugar la desestimación, entonces el Estado, como es un delito grave podría radicar nuevamente la vista preliminar o ir a la regla 6', detalló Sagardía.

Los cargos que enfrenta Velázquezson por violación a la Ley 222 al artículo 14.000 por el uso indebido de fondos públicos y al articulo 14.005 por la rendición de informes falsos. Mientras que Figueroa Alinot enfrenta cargos por violación al artículo 14.000. Román enfrenta cargos por violación al artículo 14.001, donativos prohibidos por personas jurídicas, y al artículo 14.002, ejecutivos de personas jurídicas. A su vez,Ruiz Echevarría enfrenta violaciones al articulo 14.000 y 14.005.

En las elecciones del 2012, Velázquez Quilesasignó a dos de sus empleados para que le corrieran su campaña fallida al Senado por el Distrito de Ponce. Tras la derrota, fue nombrado por la alcaldesa de Ponce, María ‘Mayita' Meléndez, como administrador del municipio.

Algunos de los donativos fueron otorgados por contratistas que participaron en los trabajos de remodelación del Capitolio durante el cuatrienio en el que Thomas Rivera Schatz y Jenniffer González encabezaban las cámaras legislativas. El esquema fue identificado inicialmente por la Oficina del Contralor Electoral (OCE) con una serie de cheques donados al comité de Velázquez Quiles que nunca fueron reportados ante la dependencia.

La radicación de cargos es parte de un esfuerzo en conjunto entre el Departamento de Justicia, la OCE y la Oficina de la Contralora, que investigó las aportaciones hechas a la campaña de Velázquez Quiles.

De acuerdo con la investigación de los tres organismos gubernamentales, las aportaciones ilegales recibidas por el Comité Amigos de Eliezer ascienden a $150,000 aproximadamente, procedentes a su vez de las empresas Fasan Construction Corp. y Restaura Contractor Inc., propiedad de Edil Danois Román; de SQR Arquitects <>& Engineer Consulting, PSC, representada por Nelson Rosario Santiago y de New Way Construction Management, representada por Cándido Oliveras Rodríguez./p