Las medidas de austeridad que impulsa la administración de Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Control Fiscal (JCF) fueron objetadas y rechazadas por unas 50 organizaciones locales y de la diáspora en el exterior, a la vez que hicieron un llamado al país para unirse a las protestas que se llevarán a cabo el primero de mayo - día que se anticipa la celebración de un paro nacional.

Sin embargo, las organizaciones presentes en una rueda de prensa celebrada en el Seminario Evangélico de Rio Piedras reconocieron que el acto de protesta no debería limitarse a un lugar en particular, ni a un método específico, pues las circunstancias exigen que las comunidades más alejadas de la capital tomen acción.

Entre los ejemplos ofrecidos por Marinilda Rivera, catedrática de la Universidad de Puerto Rico (UPR), planteó hacer llamadas a la legislatura y Fortaleza, enviarles correos electrónicos, discutir e informar estos asuntos en espacios de congregación – como iglesias. Por su parte, la directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, sugirió llevar las manifestaciones a las plazas municipales en toda la isla, aceptando las limitaciones de movilidad de miles de puertorriqueños que no podrían llegar a una manifestación en San Juan.

Para Pagán, el reclamo amerita ser acogido por todos los puertorriqueños, tomando en cuenta que las medidas de austeridad que la administración de gobierno y la JCF pretenden implantar trastocarán la calidad de vida de todos.

'Si la clase media de este país cree que está a salvo de la pobreza debería mirar en su entorno y darse cuenta de que estamos en momentos en que nadie está a salvo. Porque en la medida que las poblaciones vulnerables se vean afectadas, poco a poco va a llegar hasta nosotras y nosotros', advirtió Pagán.

La finalidad de este esfuerzo, no obstante, supone ser uno más a largo plazo, dirigido a aceptar la expresión de rechazo contra el gobierno. El catedrático de la UPR, Juan Correa Luna, resaltó que este temor se puede manifestar en miedo por perder un empleo, de ser arrestado y de ser señalado por las autoridades, pero las consecuencias de no manifestar el rechazo repercutirán en el menoscabo de derechos ciudadanos y mayor pobreza para aquellos sin recursos económicos o fuera de la influencia política.

Para Mabel López, vicepresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico (CTSPR), este sentimiento debería permear entre la ciudadanía más allá del 1 de mayo, y deberían tener como propósito la unidad del pueblo ante un gobierno que no vela por sus intereses.

'Lo que queremos es que todo esto se de en el contexto de construir un país solidario. Nosotros tenemos que empezar a unirnos todos y todas para responder día a día convocándonos en actividades diversas', dijo López.

La auditoría de la deuda pública también figuró ser uno de los principales reclamos de las organizaciones allí presentes. Entre estas se encontraba la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el Colegio de Abogados, el Comité Amplio para la Busqueda de Equidad (CABE), la Liga de Cooperativas, la American Civil Liberties Union (ACLU), la Red DiaspoRicans/DiaspoRiqueños entre múltiples otras.