La empresa EC Waste confirmó el sábado sus planes para reducir servicios de manejo y disposición de desperdicios en Mayagüez, luego que el municipio no presentara ni se comprometiera con un acuerdo de pago.

'Es muy lamentable que la administración municipal, en lugar de entrar en un proceso de buena fe para atender el problema y presentar un plan de acción sostenible, optara por un enfoque diferente. Su decisión tiene un impacto inmediato, no sólo en las familias de los 27 empleados que están cesanteados temporalmente, sino también en la salud y seguridad de los ciudadanos de Mayagüez', señaló el portavoz de EC Waste, Ricardo Soto, mediante declaraciones escritas.

'Para dejar el record claro, EC Waste nunca ha abandonado sus responsabilidades con el municipio. Por el contrario, EC Waste ha continuado proporcionando sus servicios para mantener a Mayagüez saludable y seguro, incluso durante los 7 meses durante los cuales el municipio incumplió con su obligación. Según el contrato, el municipio está obligado a pagar los servicios dentro de los 60 días siguientes a recibir una factura por los servicios prestados. Asimismo, el contrato de recolección y disposición de desperdicios es entre EC Waste y el Municipio Autónomo de Mayagüez. Por tanto, es responsabilidad exclusiva del Municipio y de sus administradores velar por que se cumplan las obligaciones municipales pactadas y, en caso de insuficiencia fiscal, identificar estrategias para abordarlas con el apoyo del Gobierno Central', agregó.

Ante esto, EC Waste hizo un llamado público al gobernador Ricardo Rosselló y a las autoridades fiscales de Puerto Rico, incluyendo la Junta de Control Fiscal, para que presten atención inmediata a esta situación y garanticen que, en medio de la crisis financiera de Puerto Rico, los fondos públicos disponibles se destinen a los servicios esenciales que los ciudadanos necesitan.

'El Alcalde de Mayagüez ha emitido ahora una orden ejecutiva que declara un estado de emergencia fiscal en el municipio, mientras que el gasto público en el pueblo sigue siendo dirigido a otros asuntos no esenciales. Esto es inaceptable y los ciudadanos de Mayagüez y Puerto Rico deben rechazar tal curso de acción', sentenció Soto.