Las autoridades no han actuado sobre las denuncias hechas durante el juicio federal contra Jorge de Castro Font de pago de influencias por los desarrolladores de proyectos turísticos y residenciales para detener legislación que declaraba los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste como reserva natural, pues amenazaba sus intereses. El gobierno premió a los proponentes pagando $35.6 millones para adquirir los terrenos tasados como si hubieran obtenido permisos de construcción, aumentando artificialmente el valor de estos.

A casi diez años de la primera transacción en la que el gobierno adquirió los terrenos del Corredor Ecológico, las autoridades pudieran encausar a los responsables de comprar a sobreprecio estos terrenos ya que de acuerdo al artículo 88 del Código Penal de Puerto Rico, los delitos graves cometidos por funcionarios públicos no prescriben. Este no es el caso de las empresas privadas que participaron en el proceso, pues han pasado más de cinco años en tres de las cuatro transacciones, término en que prescriben dichos delitos. Pero las autoridades no parecen tener la intención de fijar responsabilidades.

Desfalco en la compra de terrenos del Corredor

Desde marzo de 2016, la Comisión de Recursos Naturales del Senado refirió al Departamento de Justicia de Puerto Rico y federal, a la Oficina del Inspector General, al Departamento del Interior y el de Comercio de EEUU los hallazgos de una investigación que confirma que el gobierno pagó a sobreprecio los terrenos privados ubicados en el Corredor Ecológico del Noreste. A un año de estos hallazgos, solo el Departamento de Justicia investigó; pero engavetó el asunto unos días antes de que culminara la administración de Alejandro García Padilla, tras determinar que no hubo prueba para sostener delitos criminales contra los funcionarios involucrados, confirmó al Centro de Periodismo Investigativo la fiscal Nibari Rivera, directora de la División de Integridad y Delitos Económicos de esa agencia.

Por su parte, la fiscalía federal rechazó comentar si ha evaluado la actuación de los responsables de este proceso de sobrevaloración de los terrenos, que según el informe legislativo implica a funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a la organización estadounidense Trust for Public Land (TPL) y la firma de tasadores de bienes raíces y consultores McCloskey, Mulet <><><><><><><><>& Bonnin.'La política del Departamento de Justicia (de EEUU) no nos permite confirmar ni negar la existencia de investigaciones criminales', se limitó a decir mediante declaraciones escritas Lymarie Llovet, portavoz de la fiscalía federal en Puerto Rico./p

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El informe final emitido en marzo de 2016 por la Comisión de Recursos Naturales del Senado indica que no se cumplió con la ley cuando se pagaron $35.6 millones por las cuatro parcelas ubicadas dentro de lo que hoy se conoce como la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste./p

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La comisión encontró que en el proceso de compra de terrenos realizado entre el 2007 y el 2013, se establecieron precios que no correspondían al valor real de los terrenos, ya que la tasación contemplaba el desarrollo de dos proyectos turísticos, aunque nunca obtuvieron un solo permiso de construcción./p

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'Encontramos que se infló dramáticamente el valor de los terrenos en el proceso de tasación asumiendo que eran viables los proyectos de Dos Mares Resort y San Miguel Resort. Además, aunque no se hubiera puesto ni un bloque, se utilizaron intencionalmente comparables de otras transacciones en las que el gobierno había comprado terrenos donde sí se había construido para justificar el valor', explicó al Centro de Periodismo Investigativo el senador Cirilo Tirado, quien encabezó la investigación./p

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De acuerdo a la pesquisa del Senado, el origen para establecer el valor de los terrenos se dio en la adquisición de la primera parcela, San Miguel I, que fue tasada por McCloskey, Mulet <><><><><><><><><><><><> Bonnin en $15 millones en abril del 2007 y comprada en agosto de ese año por $12.5 millones. En esa tasación se utilizó la premisa de que el proyecto San Miguel Resort sería aprobado tal y como se había propuesto, aunque no tenía al momento ningún permiso. Tampoco se distinguió, para establecer las diferencias del valor de los terrenos, entre humedales y los terrenos firmes./p

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Las conclusiones de la investigación legislativa confirman las denuncias que han hecho desde el 2007 grupos ambientales que pertenecen a la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste./p

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strongEl Trust for Public Land negoció las tasaciones, pero no da explicaciones/strong/p

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Los documentos obtenidos por la Comisión demuestran que el precio fue establecido por el Trust for Public Land en conversaciones con la firma de tasadores, sin la objeción del entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, Javier Vélez Arocho, durante la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Esta entidad incluso reconoció en 2008 la generosidad de Zalduondo al vender los terrenos para su preservación./p

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Un intercambio de correos electrónicos entre Vélez Arocho y Mildred Ramos Majoros de TPL demuestra que la carta en la que el DRNA establece las bases para estimar el valor de los terrenos de San Miguel utilizando el concepto de 'presunción extraordinaria', una excepción que permite tasar terrenos en el supuesto del valor que tendrían de ser construidos proyectos para los que tienen aprobados los permisos. Esto permitió que aumentara el valor de los terrenos, aunque los proyectos no contaban con los permisos. Los funcionarios del DRNA sabían que no había permisos aprobados, según consta en la investigación senatorial. El tracto de correos demuestra que la carta a TPL fue corregida y enmendada por la misma funcionaria del TPL, Ramos Majoros, quien reescribió las justificaciones que tenía que incluir el gobierno para aprobar que TPL utilizara las 'presunciones extraordinarias'./p

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Tim Ahern, portavoz TPL defendió los procedimientos utilizados para valorar los terrenos. 'Son estándares muy estrictos que impone el gobierno federal, no nosotros. Más allá de eso, no tenemos más comentarios. No hemos visto el informe [senatorial]; no puedo comentar sobre detalles específicos del mismo', sostuvo tras asegurar que es la primera vez que conocen de la investigación de aparentes irregularidades en las adquisiciones de los terrenos del Corredor.

Ahern tampoco pudo explicar por qué la gerente del proyecto de TPL no estuvo disponible para la investigación senatorial. Reiteró que no tenía conocimiento de las gestiones realizadas por la comisión senatorial para citar a los funcionarios de TPL y que hace varios años Mildred Ramos Majoros no labora para TPL. Según se desprende del informe final 'para el propósito de esta investigación, tratamos de comunicarnos con la señora Majoros por teléfono y correo electrónico en por lo menos tres ocasiones, y finalmente obtuvimos una contestación por correo electrónico donde nos indica que vendría a Puerto Rico a mediados del año 2015 y se comunicaría con nosotros. No se han vuelto a comunicar'.

En el informe senatorial se detalla que una evaluación independiente del proceso de tasación encomendado por el DRNA en 2014 al tasador Esteban Núñez también llegó a la conclusión de que que se utilizaron condiciones hipotéticas que aumentaron artificialmente el valor de tasación. La agencia desistió de completar la adquisición de la quinta finca a través de TPL. En ese mismo año, el DRNA refirió al Departamento de Justicia a Juan R. Zalduondo por otra razón: la concesión de créditos contributivos de $2.2 millones por una transacción de servidumbre de conservación en un predio de 112.46 cuerdas valoradas en $4.5 millones.

'Resulta incomprensible que, los secretarios DRNA no levantaran bandera al notar los precios tasados de las fincas, y ordenaran una tasación independiente del TPL. No podemos sino concluir, que ambos secretarios no ejercieron el máximo de su deber de salvaguardar los fondos públicos', indica el informe, en referencia a los exsecretarios Vélez Arocho y Daniel Galán Kercadó. Este último lideró la agencia durante la administración del ex gobernador Luis Fortuño y carga parte de la responsabilidad por la tercera transacción de venta de terrenos realizada en 2010. La cuarta y última se realizó en 2013, bajo la administración de Alejandro García Padilla. La secretaria del DRNA, Carmen Guerrero se inhibió del proceso por haber participado en organizaciones ambientales que favorecían se declarara reserva natural los terrenos del Corredor y por su oposición pública a los proyectos de desarrollo en la zona.

Las premisas fueron repetidas, con algunas diferencias, en las subsiguientes compras de las parcelas San Miguel II, San Miguel III y Dos Mares I. En total, el valor de las cuatro parcelas que comprenden 619 cuerdas ascendió a $47.5 millones según la tasación de McCloskey, Mullet / Bonnin. 'Al menos la mitad de ellas son humedales (por lo que) podemos concluir esta es una suma irrazonable', indica el informe senatorial de 77 páginas.

Sin embargo, estos hallazgos no parecieron ser suficiente evidencia para el Departamento de Justicia. Un memorando del 16 de diciembre de 2016 contiene una recomendación de cierre sometida al entonces secretario de Justicia, César Miranda y la directora en ese momento de la División de Integridad Pública de esa agencia, Gretchen Camacho, por no existir causa para creer que los funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) incurrieran en conducta criminal en el proceso de adquisición de los terrenos del Corredor Ecológico.

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